Anticorrupción pide cinco años y 10 meses de cárcel para el presidente de Porcelanosa

@e_bayona

ZARAGOZA .- La Fiscalía Anticorrupción pide cinco años y diez meses de prisión para el presidente y consejero delegado de Porcelanosa, Manuel Miguel Colonques Moreno, a quien acusa de haber participado en la trama que, presuntamente, perpetró durante más de una década el saqueo de la empresa pública aragonesa Plaza.

El ministerio público, que también solicita para Colonques multas que suman 183.000 euros y su inhabilitación para empleos y cargos públicos durante diez años, le imputa un delito continuado de cohecho y otro de falsedad, también reiterada, en documento mercantil.

El escrito de acusación del fiscal del llamado caso Saqueo, que apunta a un monumental desfalco de alrededor de 150 millones de euros, indica cómo la empresa Maguitel, ya extinguida y de la que Colonques era administrador, aparece como cliente de Pulsar, sociedad que facturó a la suya 265.131 euros entre 2006 y 2008 por una serie de trabajos que, según la investigación, nunca existieron.

Pulsar era una sociedad de Patricia y Carolina García, hijas del exgerente de la empresa pública aragonesa, Ricardo García Becerril. Según la Fiscalía, esa empresa “durante los años 2006 a 2009, tuvo unos ingresos de 1.043.750160 euros, aparentando supuestas relaciones comerciales” con seis sociedades. “Dichos servicios por los cuales cobraba dichas cantidades de dinero no existieron –apunta-. Se trataban de dádivas”.

"Pulsar no tenía actividad durante esos años”, señala Anticorrupción

“En realidad, [Pulsar] no tenía actividad durante esos años”, señala Anticorrupción, que indica que García Becerril la utilizó “para obtener un beneficio económico ilícito y ocultar gastos y bienes que no tenían una correspondencia con su objeto, tales como la adquisición de una embarcación, dos vehículos, realización de viajes, joyería, gastos de hostelería en un Club Náutico, reformas realizadas en el domicilio social de la empresa (que, en realidad, era en esa época el domicilio personal de Patricia) o el intento de adquisición de un inmueble por valor de 981.000” euros.

Una de esas seis empresas era Maguitel, que en esas fechas “compró inmuebles a la sociedad pública PIaza”, señala el escrito de acusación de la Fiscalía, que anota que “tampoco existen los trabajos facturados por Pulsar" a la firma levantina.

Maguitel admitió durante la instrucción del caso haber pagado a Pulsar en 2006 una factura de 87.000 euros, por "trabajos de consultoría y análisis de oportunidad logística Parcela ALI 9.I de la Plataforma Logística de Zaragoza". Sin embargo, niega haber tenido cualquier relación en los dos años siguientes con la firma zaragozana, la cual sí declaró a Hacienda “servicios” a Maguitel “en eI2007 y 2008 por valor de 58.000 euros y 120.131,92 euros, respectivamente”.

La Fiscalía pide que ambas sociedades indemnicen a la empresa pública

La Fiscalía Anticorrupción reclama que ambas sociedades indemnicen a la empresa pública con 265.131 euros.

El episodio de Maguitel es uno de los que narra la Fiscalía Anticorrupción en el escrito de acusación que ha presentado este jueves ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, en el que pide condenas que suman 204 años y siete meses de cárcel y multas por valor de 9,9 millones de euros para los 25 acusados del caso.

En su escrito de acusación, el ministerio público pide que la constructora Acciona sea declarada responsable civil subsidiaria del pago de indemnizaciones por valor de 147,2 millones de euros que reclama a los cuatro principales acusados: sus exdelegados en Aragón José María Jordán (solicita para él nueve años y diez meses de cárcel) y Miguel Ángel Bretón (6 y 9), el exgerente de la empresa pública, Ricardo García Becerril (25), y su exdirector técnico, Miguel Ángel Pérez (14).

La Fiscalía describe un entramado delictivo en torno a Plaza, empresa pública creada para gestionar una plataforma logística cuyo socio mayoritario es el Gobierno de Aragón

Concretamente, propone aplicar a la sociedad de los Entrecanales el artículo del Código Penal que responsabiliza a las empresas del pago de las indemnizaciones derivadas de “los delitos que hayan cometido sus empleados o dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o servicios”.

A lo largo de un escrito de 196 folios, la Fiscalía describe un entramado de tinglados presuntamente delictivos en torno a Plaza, una empresa pública creada para gestionar una plataforma logística cuyo socio mayoritario es el Gobierno de Aragón y en la que participan el ayuntamiento de la capital y las antiguas cajas de ahorro. Según el ministerio público, Jordán y García Becerril urdieron en 2002 un plan, al que se fueron uniendo el resto de acusados, que convirtió a esa sociedad en víctima de “una sucesiva merma y apropiación en su patrimonio” que se prolongó hasta 2014.

Ese supuesto plan, en el que según la Fiscalía también participaron Pérez y Nicolas Groeneveld (10 años y 7 meses), ejecutivo de la consultora Intecsa, y al que luego se sumaría Bretón, habría incluido la adjudicación fraudulenta de las obras de la plataforma a una UTE liderada por Acciona y de su vigilancia a la empresa de ingeniería con el fin de “obtener beneficios a partir de simular tanto las prestaciones de supuestos subcontratistas como obras, en general, hechas en las certificaciones”.

“Se certificaron por parte de la UTE PIaza un conjunto de obras superior a lo realmente ejecutado”, señala Anticorrupción en un escrito firmado por José Grinda y Juan José Rosa, que hicieron que “el desvío total en perjuicio” de la empresa pública ascendiera a 147.298.216175 euros, según un informe pericial.

Según indica la Fiscalía, “la elevación simulada de los precios, la certificación de las obras no ejecutadas” y sobrecostes en los trabajos hicieron que una obra presupuestada en 167,8 millones acabar siendo liquidada por 397,4

Según indica la Fiscalía, “la elevación simulada de los precios pactados inicialmente, la certificación de las obras no ejecutadas” y una serie de sobrecostes en los trabajos –algunos de ellos millonarios- tuvieron como consecuencia, entre otras, que una obra presupuestada en 167,8 millones acabara siendo liquidada por 397,4. Una parte de ese dinero fue, según la Fiscalía, utilizado para “pagos en especie a los directivos” como Groeneveld y García Becerril.

El ministerio público sostiene que la empresa pública terminó pagando reformas en pisos del exgerente y de su familia por valor de 150.000 euros –una de ellas es un ático de Salou, en el que la Policía intervino 414.970 euros en efectivo-, así como en una casa de Groeneveld, en este caso por 80.000, que los gremios facturaban a la UTE por otros conceptos y que esta, a su vez, cargaba a Plaza. Y anota cómo seis empresas “han facturado a UTE-PIaza un total de 2.153.311,15 euros por trabajos absolutamente fîcticios o realizados fuera del entorno de las obras de urbanización de Plataforma Logística” y cómo la investigación de la UDEF detectó “diversas facturas simuladas por valor superior a los seis millones de euros”.

El fiscal pide cárcel para la esposa (33 meses) y las dos hijas (cinco y nueve años) del exgerente, cuya guardería llegó a ser propietaria de un yate adquirido por 45.000 euros y a facturar trabajos de decenas de miles de euros por asesorías técnicas; para Carlos Esco (siete años y medio), exconsejero delegado de Plaza y viceconsejero de Obras Públicas en los gobiernos autonómicos de Marcelino Iglesias y de José Ángel Biel, y, entre otros empresarios, para Agapito Iglesias —recién regresado de su sorprendente viaje al Caribe—, para quien pide cinco años y diez meses de cárcel por cohecho y por falsedad documental.

Esco, Iglesias, García Becerril y Pérez están a la espera de que la Audiencia de Zaragoza emita la sentencia del caso Pagarés, en el que la Fiscalía pide ocho años de cárcel para cada uno de ellos como presuntos autores de un supuesto desfalco de 13 millones de euros.