Antonio Béjar, cesado como presidente de Distrito Castellana Norte

Distrito Castellana Norte (DNC) ha anunciado este viernes el cese de Antonio Béjar como presidente de la compañía, según ha indicado en un comunicado.

Antonio Béjar, que fuera jefe del Área de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias del BBVA, figura como investigado en el conocido caso Villarejo.

El cese se produce tan solo a tres días de que el Ayuntamiento de Madrid apruebe en pleno el proyecto de Madrid Nuevo Norte, donde el principal actor es DCN y que es conocida antiguamente como operación Chamartin. El plan en sí verá la luz tras 25 años desde su arranque.

Béjar ha declarado este mismo viernes ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón sobre la supuesta contratación que BBVA realizó durante una década de los servicios de Cenyt, grupo empresarial del comisario, para espiar a diferentes personas con el objetivo de conocer diversa información relacionada con la constructora Sacyr.

Parte de la declaración ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha estado centrada en la supuesta orden que dio Distrito Castellana Norte el pasado mes de junio para destruir documentación relacionada con los contratos entre Villarejo y el banco, tal y como ha revelado el diario El País.

Béjar ha trasladado al juez su disposición colaborar con la instrucción para aclarar su implicación en este caso y su intención de seguir declarando la semana que viene para aclarar toda su implicación en este asunto.

Béjar ya declaró como investigado el pasado 4 de julio, cuando reconoció que la empresa Cenyt estuvo contratada como proveedora en este departamento entre los años 2010 y 2013 para localizar morosos. No obstante, incidió en que desconocía que la sociedad fuese propiedad del comisario jubilado, según fuentes conocedoras de esa declaración que fueron consultadas por Europa Press.

Sólo respondió a preguntas de su abogado y aseguró que no conocía personalmente a Villarejo y nunca habló con él mientras trabajó en el BBVA. Asimismo, recalcó que durante este tiempo que trabajó para la entidad financiera siempre actuó conforme a las normas legales y a los códigos internos del banco, que a su vez se ajustaban a una estricta legalidad.

BBVA, colaboración con la Justicia

El BBVA, que la Fiscalía pide imputar como persona jurídica, ha recalcado su compromiso con el esclarecimiento de los hechos y ha trasladado su disposición a colaborar con la justicia. En este sentido, BBVA afirma que ha venido aportando información a la causa desde su inicio, incluso con anterioridad a la apertura de la pieza número 9 del caso Támdem, sujeta a secreto de sumario.

Posteriormente, ha compartido también con la Justicia "de manera proactiva" los hallazgos "relevantes" de la investigación 'forensic' encargada hace 6 meses a Garrigues, Uría Menéndez y PwC, información que afirma no estar autorizado a difundir públicamente dada la exigencia de no interferir en la investigación judicial.

La Fiscalía pide imputar a la entidad como persona jurídica en virtud del artículo 31 bis del código penal y entiende que pudo cometer un delito de cohecho al contratar los trabajos de Villarejo cuando éste aún ejercía labores de funcionario público.

Caso Tándem

El juez de la Audiencia Nacional investiga dentro del caso Tándem los servicios de espionaje encargados al grupo empresarial de Villarejo a partir de 2004 por parte del banco con el objetivo de conocer diversa información relacionada con la constructora Sacyr, para frenar el desembarco de la constructora en el Consejo de Administración de BBVA. Según la investigación el excomisario habría percibido durante 13 años una cantidad estimada en unos 10 millones de euros.

En la pieza ya hay varios imputados, entre ellos ex jefe de seguridad del BBVA, Julio Corrochano, a quien el juez dejó el libertad bajo fianza de 300.00 el pasado 5 de julio pese a que se negó a prestar declaración sobre este asunto.

Igualmente se investiga a otras ocho personas por delitos de cohecho activo y revelación de secretos en relación a los encargos que la entidad financiera habría realizado bajo presidencia de Francisco González.

Se trata de la sustituta de Corrochano, Inés Díaz Ochagavia; el consejero delegado de BBVA hasta 2015 Ángel Cano, el jefe de grupo en el equipo de Seguridad del banco Nazario Campo Campuzano; y el director de Red Banca Comercial en la entidad Ignacio Pérez Caballero.

También están investigados el miembro hasta 2018 del Comité de Dirección de la entidad financiera Ricardo Gómez Barredo y a su ex director de Finanzas, Javier Malagón Navas, que sigue vinculado al banco.

La parte más conocida de esta pieza que permanece bajo secreto es la relativa a la operación Trampa, el despliegue que habría orquestado el comisario para conseguir frenar el desembarco de la constructora Sacyr en el Consejo de Administración del banco.

Según publicaron Moncloa.con y El Confidencial, Villarejo facturó más de medio millón de euros a cambio de informes que incluían la monitorización de más de 4.000 teléfonos y seguimientos a periodistas, empresarios y políticos entre 2004 y 2005, incluido el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián; personado como acusación en la causa.

Tras difusión de la existencia de aquellos negocios con Villarejo a principios de este año, el ya presidente de honor del BBVA Francisco González presentó su renuncia al cargo y la nueva presidencia encargó una auditoría y una investigación internas para esclarecer los hechos.