Desde el comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania, el pasado 24 de febrero, el precio del gasóleo en España se ha disparado en torno a un 25% y la gasolina se ha encarecido cerca de un 14%, una subida que el Gobierno pretende aliviar en parte con un descuento mínimo obligatorio de 20 céntimos.

Esta rebaja se aplicará durante tres meses en todas las estaciones de servicio del país a partir del 1 de abril. Aunque el precio no cambia a la hora de echar el carburante en el surtidor, el descuento se aplica en el momento de abonar el pago, y figurará de forma específica en el tique de compra. Se bonifica la compra de gasolina 95 y 98, de todo tipo de gasóleo, el GLP, el GNC y el GNL, así como el AdBlue, el bioetanol, el biodiésel y algunas mezclas.

La norma aprobada por el Gobierno habla de un descuento mínimo de 20 céntimos por litro, de los cuáles 15 céntimos serán aportados por el Estado y el resto por las estaciones de servicio. No obstante, grandes petroleras han anunciado rebajas superiores, aunque Repsol o BP las vinculan a que el cliente utilice sus programas de fidelización (tarjetas, puntos, etc.), por lo que el importe puede ascender en función de las condiciones hasta los 28 céntimos por litro.

El coste para el Estado será de 1.423 millones de euros aproximadamente, y para las petroleras, de 473,63 millones. La letra pequeña de la norma aprobada por el Gobierno precisa que, en el caso de las empresas del sector que no tengan capacidad de refino en España y no superen los 750 millones de euros de facturación, el Estado también se hará cargo del pago de esos 5 céntimos por litro adicionales que inicialmente corresponden a las gasolineras. Esto implica que solo Repsol, Cepsa y BP —que suponen el 48% de las gasolineras españolas— reúnen los requisitos exigidos para asumir ese importe.

El Ministerio de Hacienda calcula que la rebaja tendrá un mayor impacto en Andalucía, con un coste total de 307 millones de euros (230 millones que asume el Estado y 76 millones que asumen las petroleras) y Catalunya, con 292 millones de euros (219 millones para el Estado y 73 millones para las petroleras).