Aragón: cuando subir los impuestos a los ricos y la gran empresa no daña el PIB

Aumentar la presión fiscal sobre las rentas altas y las grandes empresas no tiene, al contrario de lo que sostiene el mantra neoliberal, por qué resultar perjudicial para el crecimiento económico.

La evolución de ambos factores en Aragón, una de las comunidades autónomas con mayoría de izquierdas en esta legislatura autonómica, cuestiona la credibilidad de ese dogma: el PIB creció a un ritmo cercano al 3% el año pasado, cuando comenzó a aplicarse una reforma fiscal diseñada para elevar en cien millones la recaudación y que solo de enero a septiembre había supuesto un aumento de 180.

Los datos provisionales del Iaest (Instituto Aragonés de Estadística) sitúan el PIB de Aragón al cierre de 2016 en 34.655 millones de euros, resultado de aplicar un aumento del 2,9% al registro de 33.688 de 2015. Eso significa que el volumen de negocio de la comunidad creció en 976 millones de euros, de los que la reforma fiscal se lleva un 18,4%, menos de la quinta parte.

La reforma fiscal, promovida por el Gobierno PSOE-Cha que preside Javier Lambán y apoyada por Podemos e IU, incluyó subir el IRPF a las rentas de más de 90.000 euros, aumentar el Impuesto de Patrimonio a quien posee bienes por más de medio millón, elevar el Impuesto de Transmisiones (ITP) en la compra de vivienda y, entre otras medidas como un gravamen de 2,4 céntimos a cada litro de combustible de uso particular, creó un tributo sobre el uso del agua para generar energía y otro sobre los tendidos de su transporte.

Un PIB de récord

La batería de medidas fiscales redistributivas, que forma parte de la agenda social de la primera –y tormentosa- alianza de izquierdas que se da en la comunidad y que fue acordada con la oposición de todo el centro-derecha –PP, Par y C’s-, fue tomada en un momento de bonanza que no parece que vaya a concluir por sus efectos. Más bien al contrario: llegó en 2016 tras haber crecido el PIB de la comunidad un 2,4% -789 millones- el año anterior, y las previsiones apuntan a que el producto interior bruto de la comunidad ganará otro 2,6% -901- en este para situarse, con 35.556, prácticamente al mismo nivel de 35.615 que registró en 2008, en el momento álgido de la burbuja inmobiliaria y financiera y con el empujón a la inversión pública que supuso la Expo del agua.

Los datos facilitados por la Consejería de Economía cifran en 180,7 el aumento de los impuestos facturados por la comunidad en los nueve primeros meses del año pasado y en 177 los efectivamente recaudados en relación con el mismo periodo del año anterior.

En esos datos destaca la evolución al alza de algunos de los impuestos retocados, caso del IRPF o de Patrimonio -40,9 millones en nueve meses sobre una previsión anual de 44,2-, aunque otros como el ITP no cumplen las expectativas.

También llama la atención el rendimiento de nuevos tributos como los que gravan la explotación hidroeléctrica de los pantanos y el uso de tendidos eléctricos, con 10,8 millones sobre una previsión de 14,1, y, también, el de los hidrocarburos, cuya recaudación ascendió a 14,9 en nueve meses sobre una expectativa de 18,9.

Litigios con las eléctricas y con Zaragoza

La continuidad de algunos de esos nuevos impuestos, no obstante, se encuentra en tela de juicio.

Ocurre con el ICA (Impuesto de Contaminación de las Aguas), recurrido ante el Constitucional por Podemos e IU, que apoyan la oposición del Ayuntamiento de Zaragoza ante el millonario encarecimiento del recibo del agua en la capital, y también con el que grava el uso de los embalses, que las compañías eléctricas cuestionan ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón por considerarlo un caso de doble imposición.

Las compañías también sostienen que la comunidad autónoma pretende cobrarles por explotar el agua de ríos que, como el Ebro, no discurren solo por su territorio.

El tributo sobre los depósitos bancarios

Por otro lado, también está cumpliendo las expectativas de recaudación el impuesto sobre los depósitos bancarios, impulsado por IU y que en el primer semestre aportó 5,2 millones sobre un presupuesto de 10,2.

Su primer año de aplicación coincide con un nuevo descenso de los depósitos que custodian las entidades financieras en la comunidad, por lo que este –el tercero consecutivo- no sería directamente achacable a una supuesta fuga de capitales por parte de la banca para eludir su pago. Su cuantía se redujo en 1.285 millones en nueve meses para situarse en 32.749, algo más de 3.100 por debajo de los 35.892 que a finales de 2013 marcaron el segundo registro del último decenio, solo mejorado por los 35.900 de diciembre de 2010.

El descenso es menos acusado, por ejemplo, que en las dos principales economías regionales–Madrid pierde más de 11.000 millones en nueve meses y Catalunya, algo más de 13.000-, y resulta ligeramente superior al de otra de las locomotoras, como la Comunitat Valenciana -1.048-.