Tras anunciar recortes en el Estado de bienestar, el Gobierno alemán, formado por una coalición entre los conservadores de la CDU y los socialdemócratas del SPD, se ha descolgado recientemente con una propuesta sobre pensiones que ha llamado mucho la atención tanto dentro como fuera de Alemania. El Ejecutivo encabezado por el canciller Friedrich Merz quiere que a partir de 2026 los menores de entre 6 y 18 años reciban del Estado diez euros al mes que serán destinados a un fondo de inversión para pagar parte de su jubilación cuando llegue el momento.

El plan contempla que al llegar a la edad adulta los ciudadanos puedan hacer sus propias aportaciones a ese fondo. El dinero no podría ser retirado antes de alcanzar la edad de retiro. Además, los rendimientos obtenidos estarán exentos de impuestos hasta el momento de la jubilación.

La medida ya ha sido bautizada como Pensión de Inicio Anticipado (Frühstart-Rente en alemán) y su coste anual rondará los 1.500 millones de euros, según cálculos del propio Gobierno germano. Aún faltan detalles por concretar: falta saber qué pasaría con ese dinero si el beneficiario falleciera antes de llegar a jubilarse, así como los costos administrativos que se generarían. Tampoco está muy claro si la gestión de dicho fondo será pública o privada. Lo que está claro, en cualquier caso, es que ese dinero público acabará en los mercados financieros en busca de una rentabilidad que tampoco se sabe muy bien cuál será. 

El niño que empiece a recibir con seis años esos diez euros acumularía 7.200 euros al llegar a los 66 años. Según los muy optimistas cálculos del Instituto BBVA de pensiones, ese niño podría encontrarse una suma de 65.000 euros en su cuenta de ahorro en el momento de jubilarse. Ese cálculo se basa en una rentabilidad media de entre el 6% y el 8%. La realidad, hasta ahora, es bien distinta: las rentabilidades de los planes y fondos de pensiones llevan cincuenta años siendo bajas y rara vez superan el 3%.

Como no podía ser de otra manera, los bancos alemanes y el sector asegurador han acogido con satisfacción el plan, pero también hay bastantes voces críticas. Los sindicatos se oponen y no son pocos los expertos que señalan que esta medida no va a resolver las fuertes tensiones financieras a las que está sometido el sistema de pensiones alemán. Es más, esas mismas voces califican el proyecto de "intrascendente" y denuncian que en realidad se trata de un trasvase de dinero público hacia el sector privado. 

Esa es también la opinión del economista Alejandro Inurrieta, profesor del Instituto Cardenal Cisneros adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. "La medida, primero, es irrelevante y absurda. Es ningún caso va a solucionar una supuesta insostenibilidad del sistema de pensiones. Lo que hay que hacer es mejorar los salarios y las prestaciones. El Gobierno alemán va a dar dinero a un futuro ahorro que, de entrada, no sabe a qué lo va a dedicar el consumidor. Es una forma de transferencia de dinero público al sector privado sin ningún tipo de justificación. ¿Por qué hay que dar un dinero público para ahorrar? El ahorro es una cosa voluntaria", afirma categórico Inurrieta. 

 "Lo que hay que hacer es mejorar los salarios y las prestaciones", afirma Alejandro Inurrieta  

Octavio Granado, antiguo secretario de Estado de la Seguridad Social en los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y de Pedro Sánchez, tiene una visión distinta: "En una sociedad que envejece y en la que se empieza a trabajar más tarde y, por lo tanto cotizas menos tiempo, cada vez se destinan más impuestos a pagar las pensiones. Al final, el tema fundamental es que hay que poner dinero público para financiar el sistema de pensiones y hay diferentes formas de hacerlo. En España, la Seguridad Social se financia por las cotizaciones y las transferencias del Estado. Los alemanes han decidido que parte del dinero del Estado vaya a complementar las futuras pensiones en forma de aportaciones individuales. En realidad, lo que plantea el Gobierno alemán es solo un camino diferente para llegar a un mismo lugar". 

Granado, un auténtico experto en pensiones, recuerda que "en Europa hay bastante más capitalización privada que en España". "El 80% de los trabajadores de países como Alemania, Francia, Noruega, Países Bajos, Bélgica o Suecia ya tienen fondos privados de pensiones, muchos de ellos vinculados a la negociación colectiva", especifica.

Otros modelos

La medida impulsada por el Gobierno de Merz va en la línea de otras iniciativas que se han ido desplegando en Europa al menos en las dos últimas décadas. Ahí está, por ejemplo, la conocida como mochila austriaca, de la que tanto se habló en España entre los años 2010 y 2013 —los peores de la crisis—, justo cuando se recortaron las pensiones en España. En el modelo austriaco los trabajadores capitalizan su indemnización por despido de forma individual. Todavía en 2021 el Banco de España recomendó que esta medida se adoptara en nuestro país.

De hecho, Granado señala que en Europa muchos países apuestan por un sistema mixto en el que se combina el sistema de reparto con fórmulas de capitalización en las que son los trabajadores los que financian parte de su pensión a través de sus aportaciones a fondos de pensiones u otras formas de ahorro, generalmente vinculadas a su sector, e incluso a su empresa. En muchos casos disfrutan de bonificaciones fiscales. Sin embargo, este dinero que dejan de ingresar las arcas públicas también es una forma de trasvase de dinero público a los mercados financieros. 

El sistema de pensiones más regresivo es el británico. Reino Unido implementó en 2012 un sistema, conocido como Automatic Enrolment, donde todos los trabajadores son automáticamente inscritos en un fondo de pensiones privado. Según explica el Instituto BBVA, "en Reino Unido existe una pensión mínima estatal de 550 euros más pensiones privadas generadas desde la empresa del trabajador y, por último pensiones privadas, voluntarias e individuales." Otro ejemplo de cómo dinero público acaba en el sector privado lo encontramos en Países Bajos, donde más del 90% de los trabajadores participa en un sistema ocupacional obligatorio, gestionado por fondos privados pero regulados por el Estado.

"En los modelos mixtos puede tener cierto sentido una medida de este tipo, pero en un sistema público de pensiones no tiene ninguno", puntualiza Inurrieta. El economista recuerda que los planes y los fondos de pensiones ofrecen rentabilidades muy bajas. "¿Cuál es el objetivo? ¿Tener un dinero estancado que puede tener pérdidas incluso de la cantidad principal? Yo no lo comparto", añade el economista español.

El aumento del gasto, la excusa perfecta

El discurso que se intenta imponer en Europa es el contrario al de Inurrieta.  Bruegel, un importante think tank europeo sobre política y finanzas en el que colaboran los Estados miembros de la UE y grandes multinacionales, publicó a finales del pasado mes de agosto un informe (PDF en inglés) que es muy ilustrativo y marca la pauta. El documento presenta las pensiones y la inversión como dos caras de la misma moneda y defiende la tesis de que la expansión de las pensiones financiadas mediante lo que Inurrieta califica de fórmulas de ingeniería financiera "podría impulsar la inversión a largo plazo y la seguridad de los ahorradores, lo que permitiría a la UE abordar su déficit de inversión".

Esa es la excusa perfecta para mantener este discurso: recordar que Europa tiene nuevas necesidades de financiación y que estas van a aumentar en el futuro. Ahí está, como ejemplo, el aumento del gasto en defensa al que recientemente se comprometieron los países miembros de la OTAN. 

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En este sentido, el caso de Alemania es de manual. El Gobierno alemán ha aceptado entusiastamente duplicar su gasto en defensa, con el objetivo de alcanzar el 3,5% del PIB en 2029, frente al 2% actual. En términos absolutos, el presupuesto militar alemán pasará de unos 95.000 millones de euros en 2025 a más de 160.000 en 2029. Son 65.000 más al año solo en defensa. Pero la factura de las pensiones seguirá subiendo a la par. Merz tiene que priorizar y ya ha elegido: hace dos semanas anunció "un otoño de reformas", un eufemismo para no pronunciar la palabra recortes.  

 Octavio Granado: "España tiene una mayor equidad económica a partir de los 65 años gracias a las pensiones públicas" 

La apuesta por la capitalización privada no garantiza, al menos a día de hoy, mejores pensiones. Granado recuerda que España, donde dicha capitalización es menor, es uno de los países de Europa "que tiene una mayor equidad económica a partir de los 65 años". "Y eso es gracias a las pensiones públicas", remarca. 

A guisa de corolario, Inurrieta deja una reflexión —más bien un deseo— para el futuro: "Paguemos mejores salarios y una preparación pública decente y no tendremos que recurrir a estas fórmulas de ingeniera financiera".