Autónomos: cuando la gran empresa se lleva la pequeña contrata

Autónomos y microempresas ‘pinchan’ en contratación pública, aunque, en un sistema que lastra sus cuentas, acaban siendo los encargados de ejecutar buena parte de las contratas que no ganan pese a estar capacitados para hacerlo por su pequeña magnitud.

Un informe de UPTA, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, revela cómo esos dos colectivos se hacen con apenas dos de cada tres de los pequeños contratos que licitan las administraciones, el grueso de los cuales va a parar a empresas de mayor tamaño que, con frecuencia, acaban subcontratando esos trabajos con ellos.

En los últimos doce meses, las administraciones han sacado a concurso 94.043 contratas con presupuestos inferiores a los 100.000 euros que sumaban un valor de 3.184,7 millones de euros y adjudicado 38.418 por 922,6 millones que, tras quedar desiertas otras 1.621 por 777,3, han ido a parar a un total de 16.144 empresas.

De esas adjudicatarias, solo 4.006 (24,81%) tienen una facturación anual inferior a medio millón de euros, grupo en el que se encuentra el grueso de los autónomos, y únicamente 8.676 (28,93%) cuentan con un volumen de negocio inferior a los dos millones de euros, el requisito que, junto con una plantilla de hasta diez trabajadores, exige la normativa de la UE para ser considerada microempresa.

Ese reparto del volumen de contratas lleva a que “tan solo el 42% de las mismas han recaído en manos de autónomos y pequeñas empresas” en los últimos doce meses, señala Eduardo Abad, presidente de UPTA.

“La gran empresa actúa como comisionista con los contratos públicos”

“Las empresas medianas y grandes actúan en ocasiones como comisionistas con la contratación púbica. Ganan los concursos, pero no ejecutan los trabajos o prestan los servicios con sus efectivos”, señala Abad, en una mecánica que genera algunos problemas a los autónomos y las microempresas.

Por una parte, se pone en marcha la cadena de la morosidad, la insolvencia y la financiación informal de los grandes grupos a costa del escalón más débil del tejido empresarial sin que Gobierno y Congreso se decidan a cambiar las reglas del juego.

La insolvencia vuelve a alcanzar niveles elevados entre los autónomos y las microempresas. Las declaraciones de concurso de acreedores de los primeros volverán a superar este año las 300 por segundo ejercicio consecutivo, algo que en los últimos quince años solo había ocurrido en una ocasión, en 2012, según los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que también indican que las microempresas suman más de dos tercios (2.178 de 3.184) de las declaradas insolventes entre enero y septiembre.

Y, por otra parte, los precios por un mismo trabajo sufren para el subcontratado una mengua equivalente al beneficio y los gastos de gestión que se aplica el adjudicatario.

Paralelamente, añade Abad, la mecánica de pagos de las administraciones, que a menudo efectúan entregas a cuenta de la liquidación final, “genera para el contratista un crédito circulante” que financia el adjudicador y cuyo aprovechamiento incluye en la práctica un acortamiento de los plazos de entrega para el subcontratado por el retraso en iniciar la actuación para obtener ese margen financiero.

Facilitar el acceso a la licitación

UPTA está trabajando con la consultora Doubletrade en la puesta en marcha de una plataforma “para poner en el mercado de los trabajadores por cuenta propia 2.000 millones de euros en el próximo año 2020” facilitando el acceso a las licitaciones.

El proyecto consiste en desarrollar un “portal de transparencia” que canalice hacia los autónomos y las microempresas la información sobre los contratos públicos de menos de 100.000 euros y que facilite la formalización de las ofertas mediante documentos y asesoramiento directo.

“Esta herramienta pretende ser un instrumento de conocimiento y facilitación”, señala Abad, especialmente en los pequeños núcleos urbanos, que es “donde los autónomos más necesitan acceder a oportunidades de negocio, además de tratarse de algo que puede ayudar a fomentar la economía circular, el aprovechamiento de los recursos en el territorio, y también a fijar a la población”.