Desde que comenzó la emergencia del coronavirus, las residencias de ancianos han sido un foco de contagio preocupante para las autoridades sanitarias, dejando casi dos tercios de los fallecidos desde que llegó el virus a nuestro país.

Hasta el propio Fernando Simón ha reconocido que no hay ningún lugar donde la pandemia esté haciendo más daño, con un índice que ha llegado alcanzar en algún caso el 20% de los infectados en las residencias de mayores.

Por este motivo, diferentes fiscalías de España han abierto más de 200 investigaciones sobre la situación de las residencias, que la mayoría de los casos son causas abiertas a instancias de familiares y del personal de los centros.

Uno de los trabajadores de residencias que ha denunciado las condiciones en las que se encuentran estos centros es David Pérez, extrabajador de la residencia Amavir Valdebernardo.

Pérez entró a trabajar el 5 de abril del presente año en este centro, con motivo del coronavirus. "Hacía falta personal y yo no me podía quedar en casa sabiendo que la gente mayor necesitaba ayuda", cuenta a Público.

Según su testimonio, la residencia necesitaba personal con urgencia y, al día siguiente de postularse, entró a trabajar como auxiliar.

"Los primeros días fueron bien, pero hubo cosas que me chirriaban. La separación entre personas enfermas y personas sanas no era efectiva, ya que en algunas partes se utilizaba un biombo, la seguridad de los ancianos peligraba debido a la falta de materiales", asegura en la conversación.

Según su testimonio, los EPIs también generaban una constante polémica entre los trabajadores, ya que se veían desprotegidos y obligados a reutilizarlos poniendo así en riesgo su salud.

"Si pedías guantes o una mascarilla te apuntaban en un papel. Parecía que estabas pidiendo oro, por este motivo decidí escribir a Protección Civil 112 y pedir más material para la residencia, pero respondieron a mi mail asegurándome que mandaban material cada 4 días", explica.

Otra auxiliar de la misma residencia, también denunció, de forma pública, que la empresa no aportaba el material suficiente a sus trabajadores y, días después, fue despedida.

La falta de test, sumado a la falta de mascarillas, guantes y batas llevaron a David y a varios de sus compañeros a manifestar su enfado con la coordinadora del centro, según cuenta el extrabajador.

"Nos amenazaron y a los pocos días me despidieron alegando que no había superado el periodo de prueba", apunta.

David ha querido destacar el trabajo de sus compañeros auxiliares en la residencia, pese a "las condiciones tan complicadas" en las que se encuentran.

Además, la Asociación El Defensor del Paciente ha pedido este martes a la Fiscalía Provincial de Madrid que investigue la gestión de la residencia, donde han fallecido "más de 60 ancianos" durante la alerta sanitaria, según informa Europa Press.

El traslado de este caso a la Fiscalía se basa en la denuncia de un familiar de un residente fallecido el pasado 7 de abril, sin que todavía le hayan facilitado el certificado médico de defunción.

El grupo Amavir está presente en siete comunidades autónomas y, según su memoria de actividades y responsabilidad social del ejercicio 2018, facturó casi 153 millones de euros en España gracias a las cerca de 8.000 plazas residenciales y centros de día que gestiona.

Por su parte, desde Amavir aseguran a Público que David Pérez no fue despedido, sino que no superó el periodo de prueba y que la campaña de desprestigio es una venganza. Explican que están perplejos y que el extrabajador miente ya que el extrabajador publicó "numerosas fotografías en sus redes en las que mostraba su satisfacción y agradecimiento a la residencia por todo el material de prevención con el que contaba".

Con respecto a la petición de investigación de la Asociación del Defensor del Paciente añaden que se ponen a disposición de la Fiscalía.

Además, explican a Público que llevan desde el principio de la emergencia por coronavirus informando a la Comunidad de Madrid sobre el número de infectados, muertos, residentes con síntomas y estado del personal y que están en contacto permanente con el Servicio de Geriatría del Gregorio Marañón. Aseguran también que no tienen 60 fallecidos por coronavirus y que durante los días "más duros" de la emergencia, los hospitales no aceptaron a personas con deterioro cognitivo.

Desde Amavir añaden que ni la UME, ni los bomberos, ni la Guardia Real ni la Comunidad de Madrid han elevado quejas a la Fiscalía y que, por lo tanto, la residencia no se encuentra intervenida a fecha de hoy.

Amavir se muestra colaborativa con la Fiscalía y señala a Público que también pedirán que investigue la desprotección a la que se han visto las residencias "con falta de EPIs, test y sin que los hospitales aceptasen a personas con deterioro cognitivo".