La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocido como el banco malo, admite la imposibilidad de generar flujos de caja suficientes para amortizar íntegramente la deuda emitida por la compañía antes de que venza el plazo para su liquidación en 2027, según recoge en su informe de actividad correspondiente al ejercicio de 2020.

Sareb nació en 2012 para recapitalizar las entidades financieras más afectadas por la crisis financiera de 2008, para lo que adquirió 98.211 activos valorados en 50.781 millones de euros.

Tiene el mandato de generar ingresos suficientes, mediante la venta y gestión de estos activos, para amortizar la deuda emitida en el inicio de su actividad, un objetivo que debería cumplir antes de su liquidación, prevista para 2027.

Al cierre de 2020, Sareb había cancelado el 31,2% de la deuda que emitió en el momento de su constitución en 2012, por un total de 15.863 millones de euros (179,8 millones se cancelaron en el ejercicio 2020). Todavía debe devolver 34.918 millones de euros, que además han pasado a computar como deuda pública por decisión de Eurostat.

Según reconoce Sareb en su reciente informe de actividad, la actualización de su plan de negocio para el periodo 2020-2027, aprobada por el consejo de administración, "muestra la imposibilidad de generar flujos de caja suficientes a lo largo del periodo para amortizar íntegramente la deuda emitida por la compañía".

"Tanto esa circunstancia como su importe dependerán de la evolución de numerosas hipótesis, entre las que destaca la evolución de los precios de los activos inmobiliarios a lo largo de cada ejercicio", señala el documento.

El presidente de Sareb, Jaime Echegoyen, comunicó la semana pasada su intención de abandonar el cargo, de manera que le sustituirá el consejero delegado de la sociedad, Javier García del Río.

El Gobierno podría decidir alargar el plazo más allá de 2027 para favorecer esa amortización de deuda. Por el momento, se estaría planteando tomar el control de Sareb después de que Eurostat haya obligado a reclasificar su deuda en las cuentas públicas, para lo que tendría que dar salida a los accionistas privados de su capital.

Actualmente, el Ejecutivo controla el 45,9% de Sareb a través del FROB, mientras que el resto está en mano de bancos y aseguradoras como Santander (22,23%), CaixaBank (12,24%), Sabadell (6,61%) o Kutxabank (2,53%).

Según el diario Expansión, que adelanta la información, estos accionistas privados no tienen interés en continuar en el capital de Sareb y podrían pactar su salida a un precio simbólico.