El Banco Central Europeo (BCE) ha pedido al Gobierno que estudie las posibles consecuencias para la banca en el impuesto temporal que está preparando como parte de un proyecto de ley. El organismo ha advertido de que el pago de este tributo puede poner en riesgo a las entidades en este periodo de recesión económica y podría darse la situación, a la hora de recaudar el impuesto, de que los bancos registren pérdidas o beneficios bajos. También estima que esta medida puede afectar a la concesión de créditos y pide al Gobierno que evite prohibir a los bancos que no reflejen en sus comisiones a los clientes las costas de este tributo.

Por ello, la entidad ha pedido al Gobierno que realice un "análisis exhaustivo" de las consecuencias negativas que podría tener sobre el sector. En concreto, el BCE ha mostrado su preocupación por que el Gobierno se asegure de que el impuesto no plantea riesgos para la estabilidad financiera, la resiliencia del sector bancario y la concesión de créditos.

"Esta recomendación es especialmente pertinente en el actual entorno económico y financiero, que presenta una gran incertidumbre, y ante la perspectiva de que las provisiones para pérdidas crediticias de las entidades de crédito aumenten debido a la acusada ralentización prevista de la actividad económica", añade.

Uno de los focos en los que se centra el informe publicado este jueves es en la inestabilidad de la economía y en cómo esto puede repercutir en la banca. Especialmente a la hora de recaudar deudas, ya que puede producirse un aumento de la morosidad. Esto afectaría a los beneficios de las entidades bancarias, cuando el planteamiento del Gobierno se sustenta en los ingresos de la banca en 2019, por lo que los beneficios pueden ser más bajos o incluso registrar pérdidas.

"Si la capacidad de las entidades de crédito para alcanzar posiciones de capital adecuadas se ve perjudicada, esto podría poner en peligro una transmisión fluida de las medidas de política monetaria a la economía en general a través de los bancos", advierte.

Por otro lado, el organismo ha opinado que una prohibición del Gobierno a la banca de que este impuesto repercuta en los clientes, a través de, por ejemplo, nuevas comisiones, "podría generar incertidumbre" y problemas de reputación a las entidades. El BCE sostiene que el sector de la banca hará uso de sus buenas prácticas internacionales y serán transparentes si, llegado el caso, añadiesen a sus comisiones los costes del impuesto.

En julio, el Gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley para crear una tasa temporal sobre los bancos y las grandes empresas energéticas, con el objetivo de recaudar 7.000 millones de euros hasta 2024 para aliviar las presiones del coste de la vida. El impuesto incluiría una carga del 4,8% sobre los ingresos netos por intereses y las comisiones netas de los bancos.

El Gobierno minimiza el informe

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha minimizado el informe del BCE y ha adelantado que desde el Gobierno no se contemplan cambios en la proposición de ley.

La ministra ha recordado que antes de ponerse en marcha esta propuesta, el Ejecutivo ha evaluado el margen de los bancos para poder abordar esta "prestación patrimonial". También ha recordado que tiene un carácter temporal de dos años y que, a su vez, plantea que no se pueda repercutir en el cliente financiero los costes derivados de este incremento.

"El BCE plantea las consideraciones generales que estamos acostumbrados", ha comentado Montero en los pasillos de la Cámara Baja, apostillando además que dentro del informe no hay ningún tema que aconseje un cambio en el impuesto, sino que se trata simplemente de una figura "que hay que evaluar".