Así ha reculado el PP con respecto al impuesto a los beneficios de las eléctricas

"Uno sabe cómo empieza pero no cómo acaba, parece que pasamos del peronismo al pedronismo". Cuando la actual secretaria general del PP, Cuca Gamarra, pronunció esta frase, hace un año, quizás no imaginaba que precisamente su partido acabaría defendiendo (empujados o casi obligados por la Comisión Europea) el "pedronismo". Porque así es como se refería la líder popular a la propuesta del Gobierno de recortar los beneficios extraordinarios de las eléctricas. Este jueves el PP aseguró un "apoyo sin fisuras" a gravar los ingresos excepcionales de las energéticas.

El chantaje energético al que Putin está sometiendo a Europa ha provocado un incremento en los precios de la electricidad sin precedentes. Tanto es así que ha puesto en cuestión la arquitectura del sistema y los beneficios de las empresas energéticas. Pero el debate no es ni mucho menos reciente. El verano de 2021 ya estuvo marcado por récords históricos en el precio de la luz en España, una espiral alcista ante la que el Gobierno aprobó, en el mes de septiembre, reducir las ganancias eléctricas para abaratar la factura de la luz.

El PP, entonces liderado por Pablo Casado, dijo que la medida era propia de un Gobierno "socialista y comunista" y que demostraba "una falta de política energética por parte del presidente". Cuca Gamarra echaba pestes sobre la decisión del Ejecutivo: "Así no se solucionan los problemas". 

La discusión se soterró durante algunos meses- en medio de una actualidad política tan tensionada como efímera- pero volvió al corazón del debate político en el mes de junio, cuando Pedro Sánchez anunció un nuevo impuesto a la banca y a las empresas eléctricas. PSOE y Unidas Podemos creían que "los que más tienen" son los que han de contribuir más ante la crisis provocada por la subida de los precios.

En el caso de las eléctricas, el incremento de las facturas de los hogares les ha llevado a ganar un 24% más en los seis primeros meses de 2022 con respecto al mismo periodo del año pasado. En total, Naturgy, Endesa e Iberdrola obtuvieron un beneficio conjunto de 3.548 millones de euros entre enero y junio.

Las normas del mercado

Aún así, el PP rechazaba de pleno actuar sobre sus beneficios extraordinarios. Núñez Feijóo defendía en el mes de julio que el nuevo impuesto se traduciría en una subida aún mayor de las facturas porque las empresas lo repercutirían a los ciudadanos y su secretaria general avisaba de que tendría "impacto negativo en las economías domésticas". "Las normas del mercado son las normas del mercado", decía. Gamarra tenía claro entonces que "el camino no es la creación de otros impuestos a sectores económicos que ya pagan impuestos y pagan unos impuestos superiores a los que tiene que ver con otros sectores". La hemeroteca del PP está repleta de afirmaciones como esta y no hace falta ir muy atrás.

Este mismo miércoles fuentes populares aseguraban que para ellos "todo lo que sea bajar impuestos de entrada es un 'sí'" y que "todo lo que sea subirlos de entrada es un 'no'". 

Pero no fue ni el Gobierno, ni Sánchez, ni Unidas Podemos quien les enmendó la plana, sino la Comisión Europea. La guerra en Ucrania está forzando a Bruselas a derribar los axiomas neoliberales del libre mercado y el último giro ha sido proponer un gravamen a los beneficios extraordinarios de las eléctricas.

La conservadora Ursula Von der Leyen dijo de forma rotunda que "en los tiempos en que vivimos no puede ser que algunos obtengan unos beneficios extraordinarios y sin precedentes" y que esas ganancias "deben compartirse y canalizarse hacia quienes más los necesitan". Un discurso idéntico al que sale de la coalición de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos desde hace más de un año.

En los últimos días el PP ya hacía calculados equilibrios en torno a este tema ante el posible posicionamiento de Bruselas, pero el pronunciamiento de la Comisión les dejó en evidencia. Y fue entonces cuando los populares asumieron definitivamente que solo había un camino: sumarse a la propuesta. Feijóo aseguró de forma clara este miércoles que el PP está "de acuerdo en grabar a las eléctricas". Había pasado solo un día desde que el PP votó en contra de la toma en consideración de la proposición de ley en el Congreso y horas desde el discurso de Von der Leyen.

Más tajante incluso ha sido este jueves el vicesecretario de coordinación autonómica y local, Pedro Rollán al asegurar que el PP "apoyará sin fisuras y sin dudas" el impuesto la iniciativa de recortar los beneficios extraordinarios de las eléctricas siempre y cuando se adapten al marco europeo. Lo que propone Bruselas es que se graven solo los beneficios, y no la facturación como establece el Gobierno, que sea un impuesto finalista y que deje fuera a la banca. El Ejecutivo asegura que cumplirá con los requisitos de la Comisión. 

La batalla política continúa, pero lo hace en el terreno más técnico, es decir, cómo debe articularse el impuesto, una vez el PP ha asumido que no hay otro camino.