"La decisión está, está tomada, está comunicada", aseguraba este miércoles la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, en referencia al aumento de la presión fiscal a las compañías eléctricas visto el incremento de sus beneficios a lo largo de los últimos meses, coincidiendo con un aumento del precio de las tarifas reguladas, que ha llegado a duplicarse en el último año y ha desatado una espiral inflacionista junto con el encarecimiento de los combustibles fósiles y la política de mantenimiento de márgenes de la mayoría de las empresas.

Sin embargo, todavía no se ha hecho pública, aunque todo apunta a que ese aumento de la presión fiscal llegará mediante una subida del 5% en el tipo nominal del Impuesto de Sociedades, algo que, por otro lado, equiparará la de las eléctricas con la de otros dos sectores como la banca y las petroleras.

¿Cuál es el objetivo de la medida?

Básicamente, redistribuir o socializar una parte de los beneficios que ahora obtienen las compañías eléctricas como consecuencia de la tendencia alcista de los precios de la electricidad iniciada hace ahora alrededor de un año, y en la que, según los datos de Red Eléctrica, el precio del Mw.h (megawatio.hora) para esas tarifas reguladas ha pasado de una media de 87,20 euros en junio del año pasado a otra de 195,80 en mayo de 2022, con un pico de 252,10 en diciembre que prácticamente cuadruplica los 70,40 de enero de 2021.

Se trataría de que parte de las ganancias que generan esos precios a los operadores del mercado eléctrico pasaran a las arcas públicas para poder ser utilizadas en financiar gastos de las administraciones.

¿Y eso cómo se aplica?

La medida, a falta de mayor concreción, consiste en elevar del 25% al 30% el tipo nominal del Impuesto de Sociedades, lo que en teoría supone que las empresas afectadas pasarían de pagar en impuestos una cuarta parte de sus beneficios a casi un tercio. Sin embargo, esto no es tan así en la práctica, ya que el tipo no se aplica sobre los resultados sino sobre la llamada base imponible, que es la cifra que resulta de restarles las deducciones (determinados gastos) antes de aplicar las desgravaciones y otras rebajas fiscales.

Para hacerse una idea de lo que eso supone resultan muy ilustrativos los datos de la Agencia Tributaria, que indican que entre 2017 y 2021 la presión fiscal sobre la base imponible del conjunto de las empresas del país osciló entre el 20,44% y el 21,43%, es decir, entre 3,5 y 4,5 puntos por debajo de la presión general del 25%, que se queda en una horquilla del 7,77% al 9,59% si se calcula sobre las ganancias.

¿Y a qué empresas se les aplicaría?

Ese es otra de las incógnitas pendientes de despejar, ya que el sector eléctrico se divide en tres subsectores: generación, distribución y comercialización de electricidad. Solo las grandes compañías, como Iberdrola, Endesa, Naturgy, Acciona o Total (antes EDP), y algunas de menor tamaño a escala local, operan en los tres campos, mientras que el grueso de los operadores solo comercializa o, con las renovables, únicamente produce. Esos cinco grupos son, además, los únicos que actúan en el mercado regulado, que es en el que más se han disparado los precios, mientras las marcas independientes van ganando terreno en el libre.

Algunos analistas apuntan a que el incremento de la presión fiscal se centraría en la generación de la electricidad, negocio que los grupos tienen segregado como las otras dos actividades, por ser el que marca los precios del sistema. Eso, sin descartar la posibilidad de aplicar una escala en función de las fuentes energéticas utilizadas para producirla (agua, luz, viento, gas, uranio, carbón, gasóleo, etc)

¿Cuánto dinero puede suponer la medida?

Eso es prácticamente imposible de determinar, ya que la aplicación de la presión fiscal queda supeditada a la evolución de las cuentas de resultados y los balances de las empresas en cada ejercicio.

Las tres grandes compañías eléctricas españolas, Endesa, Iberdrola y Naturgy, han pagado en los últimos cuatro años algo más de 14.300 millones de euros en impuestos, lo que les ha dejado unos beneficios netos de casi 28.700, lo que arroja una presión fiscal del 31%, según los informes de resultados que han ido remitiendo a la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) sobre la totalidad de su negocio global, no únicamente en el mercado español.

En cualquier caso, las cifras de cada una de ellas resultan dispares con las del resto: Iberdrola pagó 4.869 para cerrar unas ganancias de 15.453, lo que indica una presión tributaria del 24%, Endesa soportó otra del 22,6% al liquidar una factura de 1.297 para completar unos beneficios netos de 4.435 mientras, por último, la tasa impositiva de Naturgy se quedó en el 9% al desembolsar 72 antes de ingresar 726 después de potentes ajustes contables.

¿Cuándo podrían entrar en vigor las nuevas condiciones fiscales?

Nunca antes del 1 de enero del año que viene, ya que no es posible modificar las condiciones del Impuesto de Sociedades con el ejercicio iniciado para imponer a un contribuyente condiciones más gravosas que las iniciales.

Eso, que afectaría a los beneficios vinculados al aumento de precios a lo largo de 2022, reduce por otro lado a dos las posibilidades de tramitar la modificación del impuesto: incluir las nuevas condiciones en los Presupuestos Generales del Estado o tramitar una breve ley específica para establecerlas.

¿Acabarán pagando los consumidores esa subida del impuesto?

"La clave es si el mercado funciona o no como tal y si se pueden o no trasladar los impuestos al consumidor, pero si hay poca competencia y la demanda es rígida puede acabar trasladándose", explica Luis del Amo, secretario técnico del Consejo General de Economistas (CGE), que señala al sistema de fijación de precios de la energía como la clave del desmesurado aumento del recibo: "El problema es el precio y el funcionamiento del mercado, pero se ha decidido actuar sobre las consecuencias del precio. ¿Qué problema resuelve eso? El de la ineficiencia del mercado, no", plantea.

"Tendríamos que buscar las causas que están haciendo que la producción eléctrica esté variando en este momento", señala José María Mollinedo, secretario general de Gestha, el sindicato de los técnicos de Hacienda, que destaca cómo "las eléctricas están maximizando la generación en las centrales de gas", con lo que el precio tiende al alza.

Mollinedo coincide con Del Amo en las carencias de competencia que presenta el mercado eléctrico español, y que resultan fundamentales para su deriva y para los efectos de esta en el bolsillo de los consumidores: "Para estar en una economía de mercado debería haber tantas empresas como para que quien trasladara esos costes al consumidor perdiera clientes, pero aquí en la práctica se da una situación de oligopolio, y eso es un demérito del mercado".

¿Se puede aplicar un impuesto exclusivo a las eléctricas?

Resulta bastante complicado y, además, le generaría al Gobierno otro conflicto con algunas comunidades autónomas, ya que diez de los diecisiete territorios aplican impuestos ambientales propios a distintas fases del negocio eléctrico y se verían obligadas a suspenderlos, y a esperar una compensación por ello, si lo que ya gravan coincide con lo que fuera a gravar el nuevo tributo de ámbito estatal. Eso ya ocurrió en 2014 en Andalucía con el gravamen a los residuos radiactivos y en Canarias.

Según recoge el Panorama de la fiscalidad autonómica y foral que edita el Consejo General de Economistas (CGE), Castilla y León aplica desde 2018 un impuesto sobre la explotación del agua embalsada, otro por los parques eólicos y uno más por el uso de tendidos eléctricos; Navarra creó en 2015 otro sobre la producción eléctrica; Aragón dispone desde 2016 de uno sobre el almacenamiento de agua para generar hidroelectricidad y otro sobre el transporte de energía eléctrica de alta tensión; en la Comunitat Valenciana se tributa por la electricidad generada y, lo mismo que en Castilla-La Mancha, Catalunya, Asturias y Murcia, por la emisión de gases de efecto invernadero en esos procesos; Galicia grava "el daño medioambiental causado por determinados usos y aprovechamientos del agua embalsada" y también dispone de un canon eólico y, por último, La Rioja aplica un tributo al "impacto visual producido por los elementos de suministro de energía eléctrica".

¿Cuántos Impuestos estatales gravan el negocio eléctrico?

Son, básicamente, siete: cinco sobre la producción y dos sobre la comercialización que entre 2015 y 2020, los seis años anteriores a la escalada de los precios de la luz y a las rebajas impositivas aplicadas por el Gobierno de manera estable (llevan nueve meses) para paliar sus efectos en las economías familiares y en el tejido productivo, generaron entre 8.200 y 10.000 millones de euros.

Según indican los datos de la Agencia Tributaria, el principal es el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, que grava con un 7% el precio al que las empresas de generación venden la energía y que desde 2015 viene aportando una recaudación media de 1.227 millones de euros. A este se le añaden cuatro sobre distintos tipos de combustibles y fuentes de energía como la nuclear (290), el agua (226), el carbón (190), el gas y el gasóleo.

Esos cinco tributos, que en cuanto la electricidad pasa a las distribuidoras o las comercializadoras quedan incorporados al precio, se los pagan las empresas de generación a la Agencia Tributaria, para la que las vendedoras finales actúan como recaudadores de los dos que afectan a la comercialización, y que son los que mayores ingresos reportan al Estado: el IVA, que ha bajado del 21% al 10% para los pequeños y medianos consumidores domésticos y que a partir de julio caerá al 5%, y el Impuesto Especial del 5,1%, actualmente reducido al 0,5% para esa escala de la demanda.

¿Hay rebajas sobre esos impuestos?

Además de la del IVA, que con la nueva reducción aliviará entre 430 y 460 millones de euros más del recibo de las familias con menores rentas según las estimaciones de Gestha, en sindicato de los técnicos de Hacienda , y la del Impuesto especial, el tributo sobre la producción se encuentra suspendido desde septiembre.

Eso, según los registros de la Agencia Tributaria, ha supuesto entre los primeros tres meses de este año y en los cuatro últimos del anterior una rebaja de los recibos de la luz de 3.505 millones de euros para quienes se benefician de esas ventajas fiscales.

Esa cifra corresponde a la merma de ingresos que calcula Hacienda, y que en realidad es muy superior a lo que esas mismas rebajas habrían supuesto otros años ya que se trata en los tres casos de impuestos indirectos, uno a los productores y dos a los consumidores, que se calculan en función del precio de venta de la luz.

¿Y las eléctricas qué dicen de todo esto?

Nada; al menos, por ahora. Fuentes de la patronal del sector, Aelec, declinaron comentar el plan del Gobierno. Otra cosa es que, como ocurre con la mayoría de las medidas que afectan a su negocio, estén dispuestas a llevar el aumento de la presión fiscal a los tribunales para tratar de revocarlo, algo que han logrado, ya sea total o parcialmente, con algunos impuestos autonómicos y con algunas medidas estatales como la aplicación del canon hidráulico.

El martes, al tomar cuerpo la modificación del impuesto, la capitalización bursátil de Endesa, Iberdrola, Naturgy, Acciona, Redesia, y también Enagás, se redujo en 3.700 millones de euros, informa Europa Press.