Bruselas apremia a avanzar hacia un salario mínimo europeo, "esencial" tras la pandemia

Ante la previsión de duros estragos en la economía europea tras la covid-19, la Comisión Europea ha dado el pistoletazo de salida a la segunda fase de consultas para garantizar unos salarios mínimos justos en la Unión Europea. En enero de este año arrancó la primera ronda de contactos con las patronales y sindicatos, que instaron a la UE a adoptar medidas adicionales. Así, los efectos de la pandemia han provocado que se reclamen mayores esfuerzos "para reducir las desigualdades salariales y la pobreza de las personas ocupadas".

Para el Ejecutivo comunitario unos salarios mínimos justos "proporcionarían a los trabajadores vulnerables un colchón financiero en caso de dificultades". También contribuirían a "reducir las desigualdades salariales en la sociedad, aumentar la demanda interna y cerrar la brecha salarial entre mujeres y hombres", ha añadido.

Este es uno de los proyectos que ha defendido el equipo de Ursula von der Leyen desde que asumiera las riendas del Ejecutivo comunitario en diciembre de 2019. Su vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis, ha insistido en que "queremos garantizar que todos los trabajadores de la UE estén protegidos por un salario mínimo justo, que les permita vivir dignamente dondequiera que trabajen".

El comisario de Empleo, Nicolas Schmit, ha lamentado que "uno de cada seis trabajadores tiene un salario bajo y la mayoría de ellos son mujeres". "Estos trabajadores mantuvieron vivas nuestras sociedades y economías cuando todo lo demás tuvo que detenerse, pero paradójicamente serán los más afectados por la crisis", ha añadido.

Este plan está bajo el paraguas del proyecto que la Comisión Europea bautizó como Una Europa social fuerte para unas transiciones justas. Parte de la premisa de que los salarios mínimos tienen un papel importante tanto en los países que se basan en los mínimos salariales de los convenios colectivos, como en los que tienen un salario mínimo legal.

Bruselas considera que la negociación colectiva "tiene que desempeñar un papel clave". Por ello, la iniciativa tendrá como uno de sus objetivos garantizar que la negociación colectiva "funcione bien a efectos de la fijación de salarios". Establece que los interlocutores sociales deben participar y los marcos nacionales deben seguir "criterios claros y estables". Así, añade que "se eliminen o limiten las exenciones y las variaciones del salario mínimo".

Competencia nacional

El objetivo del Ejecutivo comunitario es que para 2024 exista un sueldo mínimo en todos los Estados miembros, que sería el 60% del salario medio. Sin embargo, la Unión Europea es un puzle heterogéneo, formado por 27 realidades y, mientras que en Bulgaria el sueldo mínimo son 312 euros, en Luxemburgo es de 2.140 euros. España cuenta desde febrero con un sueldo mínimo interprofesional de 950 euros brutos al mes.

Las instituciones europeas no tienen competencia para legislar en este ámbito y por ello la Comisión Europea "no busca establecer un salario mínimo europeo uniforme, ni armonizar los sistemas de fijación de salarios mínimos". Bruselas simplemente quiere establecer un "instrumento jurídico que garantice que todos los trabajadores estén protegidos por un mínimo", para que después cada país pueda establecer el suyo.

Algo que los países nórdicos no creen necesario porque cuentan con una negociación colectiva suficientemente ambiciosa como para cubrir estas condiciones básicas. También es el caso de Italia, la única de las grandes economías de la eurozona sin salario mínimo pero que, a pesar de los 900 convenios colectivos en el país, un quinto de sus trabajadores no alcanza las cifras fijadas.

Según la presidenta de la Comisión, "las propuestas reflejarán las tradiciones nacionales, bien sea a través de convenios colectivos o de disposiciones legales". Bruselas insiste en que, aunque algunos países cuenten con sistemas excelentes, la Comisión "desea garantizar que todos los sistemas sean adecuados, tengan una cobertura suficiente, incluyan una consulta a los interlocutores sociales y dispongan de un mecanismo adecuado de actualización".

Los interlocutores sociales que participen en esta segunda fase tendrán hasta el 4 de septiembre para dar su opinión. Un periodo más largo que en las consultas de la fase anterior, que recogió testimonios entre el 14 de enero y el 25 de febrero.

Una vez que concluya este proceso, podrían ocurrir dos cosas: que haya una negociación entre los interlocutores con vistas a la celebración de un acuerdo o que se presente una propuesta por parte de la Comisión Europea.