Bruselas urge a España a recortar el gasto público mientras alerta del elevado riesgo de pobreza

España es la locomotora de la Unión Europea en materia de crecimiento económico y, al contrario que Alemania y Francia, cumple con el máximo de déficit fiscal permitido por la Unión Europea, que es del 3% (este año lo dejará en el 2,5%, según las previsiones de la Comisión Europea). Sin embargo, Bruselas avisa, en su informe semestral sobre la situación fiscal de los Estados miembros, que España está en "riesgo de incumplimiento" en materia de gasto público neto y le urge a reducirlo. ¿Por qué?

La Unión Europea y el Gobierno acordaron una senda de la rebaja del gasto público progresiva para ir reduciendo la elevada deuda que tiene España y, para este 2025, tenía que alcanzar máximo el 3,5%. De hecho, Bruselas le recomendó que esta fuera incluso más baja e instó a la Moncloa que la situara alrededor del 2,8%. Sin embargo, España ha incumplido este límite y la Comisión Europea calcula que registrará una tasa superior al 3,5% (lo superará como máximo por unas tres décimas).

Bruselas admite que no se trata de un gran incumplimiento y recuerda que se trata de una desviación que se encuentra dentro de lo que permite la legislación comunitaria. Es verdad, sin embargo, que a España cumple por los pelos, ya que el máximo anual de incumplimiento contemplado por las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea es un 0,3 de más gasto público neto de lo comprometido. Por este motivo, aunque en anteriores ocasiones la Comisión Europea ya alertó al Gobierno de futuribles incumplimientos, este martes ha decidido elevar el tono y ha puesto España dentro del grupo de países en "riesgo de incumplimiento" del techo de gasto público neto, en el cual solo se encuentran Eslovaquia, Croacia y Lituania.

Este toque de atención no supone que Bruselas abra un expediente disciplinario a España, como en los peores años de la crisis económica de 2008, ni que se exponga a sanciones. De momento, solo se trata de un aviso que pretende aumentar la presión sobre el Gobierno, al que emplaza a tomar medidas para recortar el gasto público neto para alcanzar la senda a la que se comprometió con el propio Ejecutivo comunitario.

Cabe recordar que el informe de Bruselas no ha entrado a evaluar más a España en materia de medidas fiscales y no ha presentado una evaluación individual sobre la situación española, porque es uno de los dos Estados de los 27 que tiene la Unión Europea que no ha presentado un plan para los presupuestos del curso que viene ni los aprobó el año pasado para este. Solo se encuentran en esta situación España y Bélgica, que es un país conocido por su gran inestabilidad y polarización política, y justamente este lunes ya acordó presentar un plan de cuentas generales para los próximos años.

De esta manera, Bruselas considera insuficiente que España vaya reduciendo año a año su deuda en más de un punto porcentual. De hecho, el curso que viene será la primera vez después de la crisis económica, que consigue situarla por debajo del 100% respeto a su producto interior bruto (PIB). Según recuerdan fuentes comunitarias, para cumplir con las nuevas reglas fiscales no solo se tiene que reducir la deuda, que puede ir en gran parte vinculada a un crecimiento de la economía del estado miembro, sino que también es necesario cumplir con la senda de reducción de gasto público neto acordada con la misma Unión Europea.

Menos gasto público para luchar contra la pobreza

El mismo día que la Comisión Europea insta a España a reducir su gasto público a pesar de que cumple con los límites de déficit y la reducción de la deuda, advierte que es uno de los países con uno de los peores índices de riesgo de exclusión social o pobreza. Según los datos de Bruselas, hasta un 25,8% de los ciudadanos del Estado en 2024 se encontraban en esta situación y en el caso de los niños es aún más grave: hasta el 34,6%. Así, el ejecutivo comunitario recuerda que estas tasas están muy por encima de la media europea, que es del 21% y del 24,2%, respectivamente, y califica la situación de "crítica".

Además, indica que las medidas sociales impulsadas por el Gobierno no son suficientes. El impacto de las transferencias sociales (excepto las pensiones) en la reducción de la pobreza aumentó en un punto porcentual, hasta el 23,9% en 2024, pero siguió siendo bajo frente a la media de la UE del 34,2%. "Esto se debe en parte a las deficiencias en la cobertura, entre otras cosas, en el régimen de renta mínima y el complemento por hijos", apunta el informe de Bruselas.

De hecho, en el caso concreto de la población infantil, las transferencias sociales redujeron el riesgo de pobreza solo en un 20,2%, muy por debajo de la media de la UE, que se sitúa en el 41,9%. La desigualdad de ingresos, también disminuyó ligeramente, pero siguió siendo elevada (5,39 frente a 4,66 en la UE). "Estos retos se ven agravados por las disparidades regionales y la elevada pobreza laboral", concluye la evaluación de la Comisión Europea.