Madrid.— El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado este lunes la afirmación del Gobierno en funciones de que, sin investidura, no es posible la revalorización de las pensiones para el año 2017, un discurso que considera "casi chantajista", además de incierto.

Para rebatir este argumento, el sindicato ha apelado al artículo 21 de la Ley del Gobierno, que afirma que la revalorización de las pensiones puede producirse con un gobierno en funciones, por razones de urgencia o interés general.

Según el sindicato, esto podría llevarse a cabo mediante un Real Decreto-Ley convalidado posteriormente por el Parlamento. Aun con este disuelto debido a una tercera cita electoral, CCOO señala que el artículo 57 del Reglamento de la Cámara, en relación con el 86 de la Constitución, permite que la Diputación Permanente también realice esa convalidación.

Hace unos días, antes de la investidura fallida de Rajoy, la vicepresidenta del Gobienro, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó que la falta de un nuevo Gobierno y la prórroga de los Presupuestos del Estado de 2016 a 2017 ponía en peligro la revalorización de las pensiones públicas y de los sueldos de los funcionarios. 

Hace dos día, el grupo parlamentario del PSOE presentó una iniciativa para que el Congreso pida al Ejecutivo en funciones que presente un decreto ley que permita actualizar las pensiones y los sueldos de los funcionarios en 2017 en el caso de que se prorroguen los Presupuestos Generales del Estado de 2016.

Tras la amenaza de la vicepresidenta, el Gobierno parece haber rectificado y el Gobierno está dispuesto a aprobar el decreto ley para revalorizar las pensiones. Lo que antes no se podía hacer, ahora parece que sí.

El secretario de Protección social y Políticas de CCOO, Carlos Bravo, ha destacado que junto con el necesario mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones públicas, "el problema real más grave" que aborda la Seguridad Social es su situación de desequilibrio financiero anual, con un déficit superior al 1 % del PIB.

En este sentido, CCOO ha considerado que, a pesar de los intentos fallidos de investidura, la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo debe constituirse "inmediatamente", así como convocarse un diálogo social con los sindicatos y organizaciones empresariales para articular medidas en materia de cotizaciones y de incremento de las fuentes de financiación adicionales a través de impuestos.