CCOO y UGT se movilizan ante el "abandono" del Gobierno a los trabajadores públicos

Responsables de las áreas de servicios públicos de CCOO y UGT se han concentrado este martes ante el Ministerio de Hacienda para exigir al Gobierno abordar los asuntos pendientes del Acuerdo marco para una Administración del siglo XXI, como la jubilación parcial, la clasificación profesional y la jornada de 35 horas semanales. 

Ambos sindicatos han recordado, además, que aún no se ha empezado a negociar el incremento salarial correspondiente a 2025, lo que, a efectos prácticos, supone la congelación del sueldo de más de tres millones y medio de trabajadores del ámbito público en todas las administraciones. 

En declaraciones a los medios, la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha afirmado que "la economía de este país es creciente y no hay excusa alguna para no cumplir con los derechos legítimos de los trabajadores". El coordinador del Área Pública de CCOO, Lucho Palazzo, ha reclamado asimismo medidas efectivas que garanticen mejoras salariales, en un contexto en el que España está a la cabeza del crecimiento económico de la eurozona.  

UGT y CCOO han denunciado la elevada tasa de temporalidad en el ámbito público, que llega al 28 %, ante lo que exigen al Gobierno cumplir con los procesos de estabilización en todas las administraciones y establecer sanciones ejemplares a las administraciones, instituciones o empresas públicas que no lo hagan. 

Rejuvenecimiento de las plantillas

Estos procesos de estabilización, junto al establecimiento de la jubilación parcial contribuirán, destacan ambos sindicatos, a un imprescindible rejuvenecimiento de las plantillas públicas. Asimismo, han mostrado su disconformidad con una oferta pública de empleo, aún pendiente de aprobación, que consideran que no solventa las necesidades que tiene la ciudadanía. 

Al margen de la movilización de CCOO y UGT, el sindicato CSIF ha difundido un comunicado en el que también reclama sanciones ejemplares por abusar de la temporalidad y exige acabar con la tasa de reposición que cree que obliga a recurrir a puestos temporales, especialmente en sectores como la sanidad o la educación. 

Defiende CSIF que los gestores que incumplan el límite de temporalidad establecido en la legislación deben ser sancionados y asumir responsabilidad civil, porque será la única manera de combatir de manera efectiva "estas situaciones de abuso y precariedad laboral". 

La Comisión Europea aprobó ayer el quinto desembolso de fondos europeos para España, aunque lo ha reducido en 627 millones por considerar insuficientes las medidas adoptadas para reducir la temporalidad en el sector público a la luz de dos sentencias de la Justicia europea, aunque las había validado en el marco del primer pago aprobado en diciembre de 2021.