BARCELONA.- . El gobierno municipal encabezado por Ada Colau, desde que iniciara su mandato en Barcelona, no ha dejado de presionar a bancos y grandes empresas para garantizar los derechos básicos de la ciudadanía incluidos en su plan de emergencia social. Primero empujaron a las principales entidades bancarias a ampliar el parque de vivienda social. Ahora, indivisible a este derecho, amenazan con sancionar a las compañías suministradoras Gas Natural y Endesa si no cumplen la vigente ley 24/2015 para combatir la pobreza energética, que recoge evitar los cortes de suministros a las familias en situación de vulnerabilidad. Las sanciones serán tramitadas por los equipos jurídicos de la Administración y oscilarán entre los 10.000 y los 100.000 euros.

Así lo ha anunciado la alcaldesa Ada Colau la mañana del miércoles, junto a las regidoras de las áreas de Derechos Humanos, Laia Ortiz, y de Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, al asegurar que tras más de cinco meses de reuniones con ambas compañías éstas “solo cumplen la ley del mínimo esfuerzo”, y no han evitado los cortes de suministros en los hogares en riesgo de exclusión residencial.

Colau ha advertido que la ley 24/2015 contra la pobreza energética -aprobada el 29 de julio a través de una ILP impulsada por la PAH, la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y el Observatorio DESC-, se debe aplicar de forma “obligatoria” y “corresponsabiliza a la Administración y a las empresas suministradoras” en la garantía del acceso a los suministros básicos a las rentas más bajas. “Endesa y Gas Natural no han querido firmar ningún acuerdo y han dejado que toda la responsabilidad para evitar los cortes recaiga en la Administración”, se ha lamentado, “cuando son las grandes beneficiarias de los últimos años de crisis económica”. Las ayudas del Ayuntamiento para evitar los cortes de suministros han ascendido un 22% en el año 2015, lo que equivale a 5.062 familias cubiertas según el consistorio.

Colau también ha criticado la falta de transparencia de las compañías suministradoras a la hora de facilitar información de las familias afectadas por los cortes y ha estimado que entre un 7 y un 10% de la ciudadanía sufre pobreza energética en Barcelona.

La alcaldesa ha recalcado que la sanción “no es la primera opción” del Ayuntamiento y, por ello, ha emplazado a la Generalitat de Catalunya a acompañar al consistorio a los encuentros con las compañías para presionar en favor de acuerdos voluntarios y se logre aplicar la ley 24/2015. También ha pedido desplegar el reglamento de forma conjunta para aplicar la ley de forma efectiva y, en consecuencia, agilizar su régimen sancionador sin tener que recurrir a los equipos jurídicos del consistorio barcelonés.

Desde una de las organizaciones impulsoras de ley 24/2015, la Alianza contra la Pobreza Energética, consideran “positivas” las medidas lanzadas por el gobierno municipal. Hacía meses que esta asociación reclamaba a la Administración el cumplimiento de la ley contra la pobreza energética y la imposición de sanciones para las compañías suministradoras que no acataran el principio de precaución recogido en la ley, por el que no se pueden hacer cortes de suministros a las familias en situación de vulnerabilidad.

Maria Campuzano, miembro de la Alianza, considera que estas medidas deberían de haberse lanzado antes pero que es “un paso adelante”. “Valoramos de forma positiva que se haga público que estas compañías no reconocen ni cumplen la ley”, ha explicado. En relación a las sanciones, Campuzano ha criticado que se empiecen a tramitar en un mes y opina que “los expedientes sancionadores deben de lanzarse ahora mismo”. También ha querido trasladar la responsabilidad a la Generalitat, “que tiene la obligación de sentar a las compañías y hacerles cumplir la ley”.