Competencia investiga a los bancos que exigen contratar un seguro de vida para acceder a los créditos avalados por el ICO

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado diversas investigaciones que responden a las primeras 50 denuncias recibidas en su nuevo buzón de consulta sobre conductas anticompetitivas relacionadas con el coronavirus, entre las que se incluye la exigencia por parte de algunas entidades financieras de suscribir un seguro de vida para la concesión de los préstamos ICO que cuentan con el aval del Estado.

El organismo supervisor está investigando si esta exigencia de garantías adicionales constituye una conducta desleal que, por falsear la libre competencia, afecta al interés público en un contexto de crisis derivada de la pandemia de Covid-19, según explica en un comunicado.

Esta nueva línea de avales de hasta 100.000 millones de euros aprobada por el Gobierno para garantizar la liquidez de las empresas afectadas por la crisis desatada por el coronavirus está operativa desde este lunes 6 de abril, una vez que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y las entidades financieras han suscrito los correspondientes convenios de colaboración.

Se trata de una de las 50 denuncias que ha recibido la CNMC por parte de particulares y empresas en su nuevo buzón de consultas, con el objetivo de detectar prácticas anticompetitivas relacionadas con esta crisis sanitaria, la mayor parte de ellas vinculadas a los sectores financiero y de comercialización de bienes y servicios de primera necesidad.

A raíz de las consultas recibidas en este buzón, el supervisor también está investigando los "sustanciales" incrementos del precio de determinados productos de protección de la salud, como los geles hidroalcohólicos, así como las materias primas necesarias para su producción, como consecuencia del aumento de la demanda global y el actual desabastecimiento en el mercado.

"Por ello, se está analizando de manera pormenorizada la evolución de estos mercados en España para identificar y, en su caso, sancionar la existencia de conductas anticompetitivas derivadas de tales incrementos de precio", asegura Competencia.

El negocio de la muerte

Asimismo, está investigando si los precios aplicados por diversas empresas funerarias durante la crisis sanitaria podrían deberse a acuerdos anticompetitivos entre competidores o a conductas agresivas desleales, contrarias a las exigencias de la buena fe y susceptibles de mermar "de manera significativa" la libertad de elección de los familiares de los fallecidos.

También ha recibido algunas consultas sobre la licitud de acuerdos comerciales entre operadores para hacer frente a los efectos de la crisis derivada del Covid-19, resolviéndolas y recordando a los operadores los límites que impone la normativa a dichos acuerdos y que estas medidas transitorias, derivadas de la situación de excepcionalidad que se afronta, deben ser eliminadas "inmediatamente" en el momento en el que la capacidad de auto organización y libertad empresarial sean restablecidas en los sectores afectados.