El Gobierno ha ordenado este martes a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que compre hasta un 10% del capital social de Telefónica, según ha informado el holding público a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes. Con esta compra, el Estado, que desembolsará más de 2.000 millones, se convertirá en el mayor accionista de Telefónica. Este martes, la acción de Telefónica cotizaba en la apertura del Ibex 35 a 3,60 euros la acción.

La SEPI ha informado de que procederá "a llevar a cabo los trámites y actuaciones que permitan poner el marcha el proceso para, minimizando su impacto en la cotización, completar la adquisición del volumen de acciones necesario".

La decisión del Gobierno llega tres meses después de que la empresa de telecomunicaciones saudí STC Group, la empresa de telecomunicaciones líder en Oriente Medio y propiedad del fondo soberano de Arabia Saudí, adquiriera el pasado mes de septiembre una participación del 9,9% en Telefónica por 2.100 millones de euros. 

Aquel movimiento de STC Group pilló por sorpresa al mundo financiero español y al propio Gobierno de Pedro Sánchez. Aunque casi nadie criticó abiertamente la operación financiera de los saudíes, una mezcla de preocupación, incertidumbre y desconfianza se apoderó del mundo empresarial: cundió entonces el temor a que Telefónica y otras grandes empresas que cotizan en el Ibex 35 perdieran lo que desde el Gobierno calificaron como "autonomía estratégica". O dicho de otro modo: temor a que las grandes empresas españolas estén controladas por capital extranjero.

Tras la compra de STC Group, Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Economía, fue contundente y ya anticipó que el Gobierno no se iba a quedar de brazos cruzados: "Telefónica es evidentemente una empresa estratégica para nuestro país y desde el Gobierno aplicaremos todos los mecanismos que sean necesarios para la defensa de los intereses estratégicos de España", afirmó ​

Una cuestión estratégica

En su nota, la SEPI incide en esa idea lanzada por Calviño y explica que la compra de este 10% de Telefónica, que recientemente ha aprobado un ERE, por parte del Estado, "permitirá proporcionar a Telefónica una mayor estabilidad accionarial para que la compañía alcance sus objetivos y, por ende, contribuirá a la salvaguarda de sus capacidades estratégicas. SEPI procederá a llevar a cabo los trámites y actuaciones que permitan poner en marcha el proceso para, minimizando el impacto en la cotización, completar la adquisición del volumen de acciones necesario".

Tras conocerse la noticia, Nadia Calviño ha señalado en los pasillos del Senado que la decisión del Gobierno va en la línea de otros países europeos, como Francia y Alemania, "que tienen o incluso están incrementando su participación pública en los grandes operadores estratégicos de telecomunicaciones".

Según Calviño, Telefónica es "la empresa más estratégica" de España, no solo por su presencia en las infraestructuras de telecomunicaciones y en el ámbito de la innovación tecnológica, sino también "por su peso en el ámbito de la seguridad y la defensa". "Es una decisión que tiene por objeto dar estabilidad para que la empresa pueda lograr sus objetivos estratégicos", ha sentenciado la vicepresidenta económica.

La SEPI ya confirmó el pasado mes de octubre a la CNMV que analizaba una eventual adquisición de una participación accionarial en Telefónica, aunque entonces destacaba que no tenía una decisión tomada.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha valorado positivamente la medida y ha asegurado que con la participación en Telefónica el Gobierno avanza en buena dirección. "El Estado debe estar presente en las empresas estratégicas de nuestro país". 

Frente a ello, el PP ha mostrado su rechazo total y ha acusado al Gobierno de intervencionismo y de querer "ocupar" el sector privado. "Yo creo que sin duda es una posición de intervención por parte del Gobierno, que el único fin que tiene es ocupar, en este caso empezar por el sector privado", ha dicho Juan Bravo el vicesecretario de Economía del Partido Popular.