Los constructores piden mayor ritmo de ejecución de la obra pública en Catalunya para evitar las licitaciones desiertas

El pasado año, el Producto Interior Bruto (PIB) de la economía catalana registró un incremento del 5,5%, alcanzando un aumento del 3,3% en el último trimestre. Así lo avala la estimación avanzada del Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). Estas cifras se dan en un contexto caracterizado por la subida generalizada de precios, agudizada por los mercados energéticos y el alza progresiva de la tasa de los tipos de interés.

Pese a este escenario, el sector de la construcción creció un 4,7% en 2022, llegando al 4,8% en el último trimestre del año. De este buen clima también se ha encomendado la licitación de obra pública en Catalunya, que el año pasado alcanzó los 3.964,5 millones de euros, un 34% más que en 2021. Detrás de estos datos, se amparan la proximidad del ciclo electoral y el inicio de la ejecución de los fondos europeos Next Generation.

Más allá de estas estadísticas, extraídas del Informe de Licitación pública de Obras y Servicios, elaborado por la Cambra de Contractistes, la entidad alerta del contexto difícil que vive el sector de la construcción por los fuertes incrementos de precios de los materiales y de los costes de la energía. La Cambra añade en su análisis que "las subidas en los tipos de interés incrementarán los costes financieros de las inversiones y pueden suponer un freno a la compraventa de vivienda y las obras de edificación".

La situación deriva en que muchas pujas queden desiertas ante la elevada inestabilidad en los precios y la falta de mecanismos que adapten a la realidad los mismos. La cifra de obras oficialmente desiertas en Catalunya durante el año 2021 y 2022 asciende a 573 por un importe total de 166,3 millones. Por este motivo, la Cambra insta a llevar a cabo iniciativas encaminadas a incluir mecanismos de adaptación de los precios en la realidad del mercado, de forma rápida y ágil, en todas las obras que salgan a concurso.

La entidad pide "agilidad en la aplicación de la revisión extraordinaria de precios, de modo que esa compensación pueda llegar a las empresas que más están sufriendo en este difícil contexto". Esta falta de adaptación ha tenido ya consecuencias en los procesos de concurrencia. En más del 38% de las pujas, solo se han presentado una o dos ofertas.

Riesgo financiero

Los efectos de las pujas desiertas ya se han trasladado al sector, que sufre ciertos riesgos financieros. El pasado año, los concursos de acreedores se incrementaron un 26,7% en el sector de la construcción, más de 10 puntos por encima del 15,5% del general de Catalunya. En la misma línea, las disoluciones empresariales crecieron un 7,5 por ciento en la construcción, 5,4 puntos más que la media catalana.

Conseguir la máxima eficiencia en la gestión de los fondos europeos Next Generation es una de las peticiones de la Cambra de Contractistes para evitar estos episodios. De hecho, según señala, únicamente se han vinculado 324 pujas a ese proceso. Así, aboga por que "los fondos lleguen a las empresas contratistas lo antes posible sin demoras en la gestión de éstos, así como medidas complementarias para evitar poner en riesgo la recuperación económica y del sector".

Entre el paquete de iniciativas a poner en marcha, la Cambra plantea: actualizar las licitaciones de acuerdo a los precios de mercado, agilizar la aplicación efectiva y general del mecanismo de revisión de precios, una mayor celeridad en la gestión de los fondos europeos y fomentar las colaboraciones público-privadas para conseguir la máxima eficiencia y agilizar los procesos de licitación.

Agilizar el ritmo

Desde la Asociación Catalana de Empresas constructoras de Obra Pública (Constcat), su presidente, Manel Romero, admite que "la licitación de los Next Generation no está funcionando como pensábamos y además nos encontramos en un contexto de incremento notable de las materias primas". Pese a los intentos por parte de las administraciones de establecer acciones, como las habilitaciones de precios, Romero precisa que "sigue siendo muy difícil ejecutar obra pública en Catalunya".

Según la asociación, la solución implica "consolidar un sistema dinámico de precios para adaptarlo a la realidad del mercado". Hace un año, el Gobierno puso en marcha un Real Decreto con medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos del sector público de obras ante la subida del valor de las materias primas.

La norma contempla la posibilidad de que, a solicitud del contratista, pueda procederse a la revisión excepcional del precio cuando el aumento de los costes haya tenido un impacto relevante en el contrato superior al 5% del importe certificado. La cuantía de la revisión excepcional no podrá ser superior al 20% del precio de adjudicación del contrato y el contratista deberá repercutir en los subcontratistas la parte correspondiente.

Aunque Romero valora positivamente normativas como ésta, reclama la necesidad de incrementar el ritmo de la obra pública, especialmente la presupuestada y no se acaba ejecutando. "Hay que acelerar los ritmos de ejecución de la obra pública para evitar las pujas desiertas". El presidente de Constcat, entidad que forma parte de Pimec, atribuye el menor ritmo ejecutor de la Generalitat al exceso de trámites administrativos y burocráticos.

Como ejemplo, indica las obras para la ampliación del bloque quirúrgico del hospital Josep Trueta de Girona, que han vuelto a salir a licitación después de que a finales de 2021 la empresa adjudicataria, Vialitat i Serveis SL, renunciara a ello por el encarecimiento de los materiales de construcción y se declarase desierta la adjudicación. Inicialmente, Infraestructuras de la Generalitat la adjudicó por 13,5 millones y ahora la ha vuelto a licitar por 15,2 millones.

Los agentes del sector de la construcción de obra pública coinciden en que una de las herramientas para reavivar la actividad es cumplir con los presupuestos públicos, esencialmente el capítulo de la ejecución. La media de cumplimiento del Gobierno estatal en Catalunya en la última década ha sido del 61,4%, mientras que la de la Generalitat se sitúa en el 80,4%. Sin embargo, la media de licitaciones anuales de los últimos 10 años es tan solo del 0,67% del PIB catalán.