Consumo anuncia un cambio normativo para impedir las llamadas 'spam'
El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo introduce una enmienda a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela que obligará a las compañías telefónicas a bloquear las llamadas comerciales no consentidas.

Madrid--Actualizado a
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha presentado dos enmiendas a la Ley SAC (Ley de Servicios de Atención a la Clientela) para bloquear las conocidas como llamadas spam (llamadas comerciales no consentidas).
A través de una de estas enmiendas, se va a obligar a las empresas a identificar con un código numérico específico (un prefijo telefónico) todos los números desde los que hagan llamadas telefónicas comerciales. También se le obligará a identificar con otro código distinto las llamadas de atención al cliente. Y, en base a estos códigos, se va a obligar a su vez los operadores de telecomunicaciones a bloquear todas las llamadas de empresas que no utilicen estos códigos.
Por otra parte, Consumo ha propuesto otra enmienda a la Ley SAC para declarar nulos los contratos que se cierren en llamadas telefónicas no consentidas. De esta manera, se buscará desincentivar a las empresas a hacer llamadas no deseadas dado que los contratos conseguidos en este tipo de comunicaciones quedarán
Esta iniciativa responde al creciente volumen de quejas por parte de la ciudadanía, que denuncia sentirse presionada o confundida por estas llamadas. Al mismo tiempo, se busca proteger el derecho del consumidor a decidir con libertad e información suficiente.
Además, a través de esta misma enmienda, se obligará a todas las empresas a renovar cada dos años el consentimiento con el usuario para recibir llamadas comerciales, asegurando así que las empresas no se amparen en autorizaciones indefinidas o ambiguas para seguir contactando a los consumidores.
Estas dos enmiendas a la Ley SAC que ha dado a conocer el ministro Bustinduy se suman a otras enmiendas realizadas a esta misma ley que se hicieron públicas la semana pasada, también registradas por Sumar y PSOE a propuesta de Consumo: la regulación de las suscripciones para evitar renovaciones automáticas no deseadas y la limitación de las reseñas falsas que se publican de manera online.
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