Una de cada cuatro familias no llega a fin de mes mientras otro 70% ahorra

“No solo hay desigualdad en la distribución de la riqueza, sino en la satisfacción de las necesidades básicas. No nos orientamos por un sentido de la racionalidad mínima”, dejo advertido el nobel José Saramago a finales del siglo pasado, antes de las crisis de Asia, las puntocom y la deuda, y también de la gran recesión de 2008, de la pandemia y de la actual plaga de guerras y tensiones geoestratégicas, e igualmente después de la quema del pacto social a manos de la escuela de Chicago y sus engendros neoliberales en los prolegómenos de la globalización y la financiarización de la economía mundial.

Ese carrusel de episodios ha ido cambiando -unos como palanca y otros como cortina de humo- los sistemas y las relaciones económicas en una mutación que se ha manifestado a escala tanto macro como micro, y cuya principal consecuencia, o quizás leit-motiv, ha sido un aumento de la desigualdad, es decir, del acaparamiento y de la desposesión de manera simultánea, en todo el planeta; España incluida, obviamente.

“El aumento de la desigualdad económica socava la movilidad social y crea divisiones en la sociedad”, señala otro nobel, Paul Krugman, quien advierte de que “la desigualdad no es solo un problema para los perjudicados, también es un problema para todos, ya que socava la cohesión social y el crecimiento económico”.

Varios estudios publicados en los últimos días ponen de manifiesto el avance de esas desigualdades económicas, y con ellas también las sociales, en España, donde a una de cada cuatro familias (4,7 millones) no llega a fin de mes, según los datos de la Encuesta de Competencias Financieras del Banco de España.

Al mismo tiempo, y según la misma fuente, casi la décima parte de los hogares con hipotecas (un 3% del total, algo más de medio millón) se la ha quitado en cinco años (de 2016 a 2021) en un proceso que se está acelerando con la subida de tipos y que se concentra en las que ingresan 4.000 euros mensuales o más.

Un volumen mayor, el 4%, que serían algo más de 750.000, dedican al cabo del año su excedente de renta, el dinero que les sobra al acabar el mes, a adquirir inmuebles como medio de ahorro/inversión, una prevalencia que se duplica entre las familias cuya renta supera los 47.000 euros anuales.

Amortizar deuda y ahorrar o no llegar a fin de mes

“En suma, el fortalecimiento de la situación financiera de las familias ha superado las expectativas y es una buena noticia para la economía española de cara a los próximos trimestres en un contexto exigente”, concluye un reciente análisis de CaixaBank Research.

El 16% de la población que vive en casas alquiladas destina más del 60% de sus ingresos al pago del alquiler

El estudio llega a esa conclusión tras reseñar un aumento de la tasa de ahorro hasta el 11,7% (un euro de cada 8,5) motivado por las mejoras salariales y el cobro de rendimientos financieros y que se produce de manera simultánea a una retracción del consumo y el endeudamiento y a un aumento de los depósitos (7.000 millones) y de la adquisición de productos financieros (10.700).

“La realidad es esa: está creciendo la desigualdad. Hay menos deuda y más amortización, claro, pero solo entre los que pueden acceder a una hipoteca, que es algo a lo que no tiene acceso mucha gente”, explica Daniel Rodríguez, sociólogo de Cáritas y de la Fundación Foessa y responsable del estudio Ingresos y gastos: una ecuación que condiciona nuestra calidad de vida.

El informe aporta datos inquietantes sobre la realidad socioeconómica del país: tres millones de hogares se quedan por debajo del umbral de la pobreza severa una vez han pagado la vivienda y los suministros básicos (agua y energía), y el 16% de la población que vive en casas alquiladas “experimenta un nivel extremo de estrés financiero, es decir, destina más del 60% de sus ingresos al pago del alquiler”.

Los gastos básicos engullen las rentas bajas

“Los índices de pobreza se mueven en España en torno al 19% y el 21% desde la crisis de 2008. Se mueven muy poco porque a ese grupo le afecta muy poco que España vaya bien o mal”, explica.

Rodríguez aporta un dato ilustrativo sobre la distribución de la renta por quintiles, es decir, a partir de la división de los hogares en escalones del 20%: “El conjunto de los ingresos ha crecido un 12% desde la pandemia, pero si se observa por quintiles en el de arriba el aumento ha sido del 11% y en el de abajo, del 0,5%. Eso supone que las primeras disponen de 600 euros mensuales más y las segundas de cuatro, para una familia media de dos adultos y dos menores”.

Eso en cuanto a los ingresos. El análisis de los gastos revela otra faceta de la desigualdad: la vivienda (42,6%) y los alimentos (20,5%) se llevan prácticamente dos tercios de los ingresos de las familias menos pudientes mientras no llegan a requerir dos de cada cinco euros (27% y 12,4%) de las que más ganan.

Esa relación se invierte cuando se analizan los recursos dedicados a transporte y a ocio y restauración, que suponen uno de cada siete euros (14,1%) para los primeros y uno de cada tres (34,5%) para los segundos.

“Los alquileres subieron un 40% y los precios de compra de las viviendas un 51% entre 2015 y 2022. Eso nunca se va a cubrir con revisiones de los ingresos acordes al IPC. La relación se descabalga cada vez más”, apunta el sociólogo.

La vivienda que devora ingresos y sirve para ahorrar

También resultan diferentes las estrategias a las que, condicionadas por el abanico de opciones al alcance, recurren para tratar de paliar ese descuadre entre ingresos y gastos que afecta al 25% de la población, con una prevalencia mayor “entre los individuos con menores recursos, como aquellos con un nivel de educación inferior a bachillerato (32%), los desempleados (43%), quienes residen en hogares con rentas menores de 15.000 euros (43%) o aquellos que residen en hogares que no son propietarios de su vivienda principal (37%)”, anota el Banco de España.

Así, el recurso al ahorro para tapar agujeros crece de manera proporcional a la renta, es decir, se recurre más a él cuanto mayores son los ingresos, mientras que los préstamos informales entre familiares y amigos, los adelantos de salario y los descubiertos en cuentas y tarjetas aumentan en una proporción inversa, hasta llegar a aglutinar las respuestas de casi la mitad y más de la sexta parte, respectivamente, entre quienes ganan menos de 15.000 euros brutos anuales.

Las ayudas públicas son, en todos los casos y con un uso máximo del 3% entre los hogares de menores ingresos, el recurso menos utilizado.

El cualquier caso, la vivienda aparece como un eje central en los cuadros económicos familiares, por su desmesurado requerimiento de recursos para quienes menos ganan y como destino de los excedentes para quienes se encuentran en la situación opuesta.

“Ese 63% que los hogares con menos recursos dedican a cubrir necesidades básicas no siempre es suficiente, no siempre da para acceder a una vivienda digna sino que a menudo se va en alquilar una habitación para disponer de un techo, o en poner en alquiler una de las de la casa porque no se llega”, anota el sociólogo.

Otra cosa son las condiciones de esas viviendas. Los trabajos de Cáritas y Foessa cifran en un 30% y un 23,5%, respectivamente, el porcentaje de las consideradas inadecuadas e inseguras, con aumentos del 5% y el 5,5% entre 2018 y 2022.

Las primeras, en las que viven 5,6 millones de hogares, son aquellas que no ofrecen condiciones adecuadas de habitabilidad y/o cuya sobreocupación genera hacinamiento, y las segundas, en las que habitan otros 4,2 millones, son aquellas en las que no existe una garantía jurídica, como un contrato, que asegure el uso.

Esos 9,8 millones de familias, algunas de las cuales se encuentran en las dos situaciones, suponen la mitad de las unidades de convivencia del país, que eran 18,9 millones el año pasado y 19,1 en este, según las estimaciones del INE (Instituto Nacional de Estadística).

“Las políticas de vivienda son inexistentes o ineficaces. El artículo 47 de la Constitución, ahora que todo el mundo habla de ella, deja claro que los ciudadanos tienen derecho a una vivienda digna y que los poderes públicos deben garantizarlo pero el estado de bienestar nunca acaba de entrar en este asunto”, explica Rodríguez, quien llama la atención sobre “la peligrosa derivada que atraviesa la vivienda, que ha pasado de ser un derecho a convertirse en un producto financiero, en un negocio”.