La Audiencia Nacional tiene señalada para el próximo viernes 14 de febrero la vista oral de la causa contra los hermanos Jesús y Jaime Salazar Bello por las presuntas irregularidades detectadas en 2009, cuando eran presidente y vicepresidente, respectivamente, de la antigua SOS Cuétara.

Sin embargo, es muy probable que el juicio finalmente no se celebre, en virtud del acuerdo alcanzado con la Fiscalía, que evitaría el ingreso en prisión de los dos encausados, a cambio de reconocerse culpables y de abonar unas multas mínimas.

A los Salazar se les acusa de haber aprovechado los amplios poderes de que disponían en SOS Cuétara para concederse a sí mismos un préstamo de 214 millones, a través de un complejo entramado societario, so pretexto de comprar acciones que servirían para facilitar la entrada en el capital de un inversor libio y otro de Bahrein.

Los supuestos inversores nunca dieron señales de vida, los Salazar no devolvieron el dinero y la empresa inició un largo viacrucis que llega hasta nuestros días, sólo que ahora se la conoce con el nombre de Deoleo y, en vez de al arroz y a las galletas, se dedica en exclusiva al aceite de oliva.

El origen de Deoleo se remonta a 1990, cuando una sociedad por entonces inactiva, Arana Maderas SA, cambió de dueños y los nuevos decidieron utilizarla para desarrollar un grupo industrial con participaciones en empresas del sector alimentario. Su primera incursión fue en el negocio arrocero, con la compra en 1992 de un paquete mayoritario de Hijos de J. Sos Borrás SA, a la que seguirían Arrocera del Trópico (México), en 1997; SIPA (Portugal), en 1999, y el gigante estadounidense American Rice, en 2004.

Cuatro años antes, en 2000, ya bajo la denominación SOS Arana Alimentación, sus gestores habían optado por diversificarse y pusieron los ojos en el mercado de las galletas, donde lograron hacerse, a base de talonario, con la española Cuétara y con su filial portuguesa Bogal-Bolachas. El siguiente paso de la rebautizada SOS Cuétara sería abrirse camino en la industria del aceite de oliva: en 2001 adquirió Koipe, propietaria de marcas como Carbonell y Koipesol, y posteriormente las italianas Minerva (2005), Friol (2006) y Bertoli (2008).

Pero tanto apetito acabó en indigestión y la purga fue inevitable.

SOS Cuétara había tenido que pedir prestados 900 millones de euros para hacer frente a todas esas operaciones; su deuda total alcanzó los 1.500 millones y, en cuanto la crisis asomó las orejas, los acreedores empezaron a ponerse nerviosos. Los Salazar habían conseguido convertirse en unos gigantes mundiales, primero del arroz y después del aceite de oliva; pero eran gigantes con pies de barro, que empezaron a tambalearse cuando la reducción del poder adquisitivo cambió los hábitos de consumo de los hogares.

La expansión del grupo se había basado en la compra de marcas consolidadas, que perdieron terreno frente a otras más baratas y, como consecuencia de ello, no acababan de llegar los ingresos necesarios para cumplir puntualmente las obligaciones con la banca. A finales de 2008, SOS Cuétara empezó a plegar velas: primero vendió su división de galletas a Nutrexpa por 215 millones de euros y después, como parte de un drástico plan de desinversiones, fue deshaciéndose de otras actividades ajenas al aceite de oliva y el arroz.

En pleno desmembramiento del grupo se produjo la destitución de los Salazar, que no habían sido capaces de convencer a nadie sobre la limpieza de sus propósitos cuando se autoconcedieron el préstamo de 214 millones de euros, de espaldas al consejo de administracion. Le tocó coger las riendas de SOS a Caja Madrid, que poco antes se había convertido en el tercer accionista, al tomar una participación del 10,5%, sólo superada por las que estaban en poder de Jesús y Jaime Salazar (18,4 y 11,4%, respectivamente).

Al año siguiente, en noviembre de 2010, SOS llegó a un acuerdo con Ebro Foods, la primera empresa española de alimentación, que adquirió su división arrocera por 195 millones de euros y un 10% de su capital por otros 50 millones. Un hombre de confianza de Ebro, Jaime Carbó, desde el puesto de consejero delegado, sería el responsable de dar continuidad a la cura de adelgazamiento ya iniciada, cuyo componente más dramático fue un recorte de plantilla de 1.200 trabajadores sobre un total de 2.000.

Una vez ejecutados los principales ajustes, SOS pasó a llamarse Deoleo y se embarcó en una reorganización de su accionariado (en realidad, un rescate), que tuvo como fruto la toma de control por el fondo de inversión británico CVC en 2014 y la consiguiente pérdida de la españolidad del grupo. Carbó dimitió al año siguiente y, desde entonces, en cinco años, se han sucedido cuatro consejeros delegados: Manuel Arroyo, el italiano Puerluigi Tosato, Miguel Ibarrola e Ignacio Silva, que actualmente ocupa el puesto.

Mientras tanto, Deoleo sufría un fuerte impacto en sus cuentas por el retroceso del aceite de oliva en mercados claves para el grupo, como Italia y Estados Unidos, y un deterioro del fondo de comercio debido a la depreciación de algunas de sus marcas.

A causa de ello, entró varias veces en situación de quiebra técnica a lo largo de 2019 y sus gestores anunciaron el segundo rescate: una operación acordeón (con reducción y posterior ampliación de su capital) muy criticada por los 10.000 accionistas minoritarios, que han perdido todo su dinero. La operación, aprobada en la junta del pasado mes de enero, incluye la capitalización de más de 250 millones de euros de la deuda, que otorgará a los acreedores un 49% de Deoleo, así como una inyección de hasta 40 millones de dinero fresco aportado por CVC, que seguirá siendo el socio de referencia.

Todos estos avatares han hecho que el grupo tenga una trayectoria desastrosa en Bolsa: su valor actual apenas ronda los 60 millones de euros, frente a los 265 millones de 2016, pese a la escalada de la acción en las últimas sesiones por las posibles compensaciones a los minoritarios.

El imperio que un día soñaron los Salazar está hoy muy lejos de sus expectativas, mientras ellos tienen que responder ante los tribunales por los hechos que precedieron a su caída, aunque el acuerdo con la Fiscalía, suscrito también por Deoleo, puede librarles de males mayores, si el tribunal lo ratifica.