Las consecuencias del parón de la actividad económica y comercial en el mercado laboral, junto con las soluciones implementadas para paliarlas como los ERTE y el cese de actividad de los autónomos, han situado la necesidad de recursos para afrontar el desempleo en un nivel de récord que ronda los 45.000 millones de euros.

La factura de la cobertura del desempleo superó el año pasado los 34.300 millones, lo que no anda lejos de duplicar el esfuerzo presupuestario de los cuatro años anteriores y supera con creces el de cada uno de los ejercicios del cuatrienio que los precedió, según los datos facilitados por el Gobierno en su respuesta a una batería de preguntas parlamentarias del senador malagueño del PSOE Miguel Ángel Heredia. 

Eso en cuanto al año natural; en el móvil, los registros del Ministerio de Trabajo sitúan en 38.873 millones la suma de las prestaciones por desempleo pagadas en el primer año pandémico, el transcurrido entre abril del año pasado y marzo de este, a las que hay que sumar otros 6.000 millones del cese de actividad de los autónomos, cuyo coste mensual ronda los 250 tras haber sumado 4.924 hasta diciembre, según los datos del Ministerio de Inclusión.

La primera de esas cifras incluye las prestaciones contributivas por desempleo, que suman 30.010 millones de euros y en las que se incluyen las vinculadas a los ERTE; los subsidios asistenciales, que han supuesto otros 7.139; la Renta de Inserción, cuya aportación asciende a 723, y el Programa de Activación del Empleo, con 55. 

Esas aportaciones económicas han permitido disparar la tasa de cobertura del desempleo hasta el 85% de los afectados (ERTE incluidos), según las estimaciones que ofrece el Gobierno en otra respuesta a una pregunta de Heredia.

Esa tasa, que supera en más de 20 puntos a la de los dos años anteriores, refleja un crecimiento de más del 50% en el número de beneficiarios, que en 2020 alcanzó una media mensual de 2,97 millones de trabajadores frente a los 1,8 de los dos ejercicios previos y que durante cuatro meses, de abril a julio, se mantuvo holgadamente por encima de los tres, con una horquilla de 3,2 a 4,9.

Esa elevada tasa de cobertura no impidió, no obstante, que una bolsa de más de 550.000 desempleados se quedaran sin acceso a ningún tipo de ayuda en unos meses en los que las posibilidades de encontrar un trabajo eran prácticamente nulas. La EPA (Encuesta de Población Activa) sitúa la media del año pasado por encima de los 3,5 millones de parados.

¿Inversión o gasto?

"En España se ha protegido durante esta crisis a un 30% de la población activa, una cifra que supera la media europea, que es del 25%", señala Heredia, que destaca cómo "se han destinado miles de millones a proteger a trabajadores a través de ERTE, se ha aprobado un paro para autónomos y se ha ampliado la cobertura por desempleo sustancialmente".

"Ese esfuerzo de protección de los trabajadores llega –añade– tras los brutales recortes llevados a cabo por el anterior Gobierno de Rajoy en protección por desempleo".

Para Gonzalo Pino, secretario de Política Sindical de UGT, "los ERTE son la mejor inversión que se ha podido hacer en este país para mantener el empleo y a las empresas. No es un gasto, y ha producido un beneficio enorme. Sin los ERTE, la situación en el país sería mucho más complicada de lo que ya está siendo en términos de empleo".

Algunas estimaciones apuntan a que los ERTE han permitido salvar más de medio millón de empleos al haber paliado el desplome del consumo al garantizar un 70% de las rentas de los afectados. El volumen de estos, que superó los 3,5 millones en mayo del año pasado, bajará por primera vez de los 600.000 a finales de este mes, según las previsiones del ministro de Inclusión, José Luis Escrivá.

Una parte del coste de esos expedientes de regulación temporal de empleo extraordinarios por la pandemia, por otro lado, lo cubre la UE, que ya ha aportado casi 14.000 millones de euros, aunque la factura superó los 5.000 tanto en mayo como en junio.

"Las empresas deberían empezar a hacer patria"

"Todos los ciudadanos han estado metiendo dinero en las empresas en ERTE para mantenerlas en pie", indica Pino, que reclama el mantenimiento de este instrumento para evitar una sangría en el empleo de los sectores afectados, y también como un instrumento a aplicar en el futuro y en próximas crisis, que "siempre acaban con los trabajadores despedidos de las empresas, y eso deriva en el pago de prestaciones y subsidios públicos", anota.

Para el sindicalista, los ERTE, acordados en la Mesa de Diálogo Social entre UGT, CCOO, CEOE y Cepyme, suponen "un mecanismo de futuro que viene a sentar la base para que la primera reacción de las empresas a sus problemas deje de ser el despido".

Sin embargo, apunta, "debería llegar un momento en el que las empresas tengan que empezar a hacer patria". Se refiere a los ejes de los ERTE de fuerza mayor, en los que el trabajador ve suspendido o recortado su contrato con una merma salarial del 70% mientras el empresario se beneficia de una exoneración total del pago de esos sueldos y de las cotizaciones sociales.

"Hay que empezar a preguntarse qué pone el empresario en este proceso", plantea.