Central nuclear de GaroñaEl desmantelamiento de la central de Garoña terminará en torno al año 2033

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha estimado el tiempo del desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) en una horquilla de 13 a 16 años. Esta estimación situaría el final del proceso una vez pasado el año 2030, en torno al 2033.

Esta mañana, el Gobierno ha celebrado una comparecencia para informar de la decisión de negar la solicitud de Nuclenor, el titular de Garoña, de operar la planta hasta 2031 y por tanto, su cierre definitivo. El ministro ha declarado que se debe principalmente a las "circunstancias actuales" que no garantizan la suficiente certidumbre por la oposición de todos los grupos políticos y de las empresas.

En primer lugar, la central debe ser declarada en situación de cese definitivo de explotación, aunque su licencia de operación ya expiró el 6 de julio de 2013. Y a partir de ahí, el departamento que dirige Nadal deberá emitir la autorización de desmantelamiento. Para ello, el Consejo de Seguridad Nuclear realizará un informe previo y, posteriormente, se emitirá la declaración de clausura. 

La autorización de desmantelamiento deberá ser solicitada por la Empresa estatal de Residuos (ENRESA), empresa encargada de realizar estas actividades. Además, tendrá que pedir la transferencia de titularidad de la central. Antes de la concesión de esta autorización y del traspaso de titularidad, se abrirá un periodo previo de desmantelamiento.

En esta fase, el titular actual, Nuclenor, deberá descargar el combustible que está almacenado en la piscina de Garoña. Si bien, para descargar este combustible, Nuclenor tendrá que construir un almacén temporal individualizado (ATI) en el que se pueda albergar todo el combustible gastado por la central a lo largo de sus casi 43 años de operación.

ENRESA será la encargada del desmantelamiento de la central nuclear

Además, antes de que Enresa asuma la titularidad de Garoña y se haga cargo del desmontaje y desmantelamiento de la central, Nuclenor deberá haber acondicionado los residuos generados durante la explotación (los residuos radiactivos de baja y media actividad que se gestionan por ENRESA en El Cabril).

El Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) no fija un plazo determinado para acometer el desmantelamiento previo. ENRESA calcula que podría comenzar unos seis años después de la parada definitiva del reactor y que podría durar aproximadamente diez años, lo que suma 16 años desde que este martes se comunicara su fin. 

Una vez terminen las actividades desmanteladas, se acometerá el plan de restauración del emplazamiento. Después de ese proceso el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital deberá emitir la declaración de clausura. Será entonces cuando ENRESA devuelva el emplazamiento a su titular, en este caso Nuclenor. 

El Comité de Empresa velará por los trabajadores

El presidente del Comité de Empresa de la Central Nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), Alberto César González, se ha mostrado sorprendido ante la decisión del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital de anunciar el cierre definitivo de la planta y ha adelantado que su labor se centrará ahora en velar por el interés de todos los trabajadores.

Se desconocen los planes de la empresa a cerca de sus trabajadores

Tras mantener una reunión con el responsable de recursos humanos de Nuclenor, el Comité de Empresa ha afirmado que se centrará en conseguir una salida ordenada y velar por el interés de todos los trabajadores. Son 230 los que operan actualmente en la planta, más otros 250 de contratas. 

González ha señalado que por el momento se desconoce qué planes tiene la empresa para desmantelar la central ni el número de empleados que necesitará para llevar a cabo esta labor. Pero, igualmente, ha garantizado que se utilizarán todas las opciones disponibles para respaldar a los trabajadores antes esta situación.

Según informa Europa Press, los trabajadores pensaban que el Gobierno apostaría por el mantenimiento de la central tras el informe favorable emitido el 8 de febrero por el Consejo de Seguridad Nuclear y, sin embargo, finalmente no ha sido así.