El drama de Rosi: después de un desahucio, otro desahucio

¿Qué ocurre después de un desahucio? Las posibilidades son muchas y casi todas, funestas. El caso de Rosi Santiago, madrileña de 55 años, y su pareja, de 57, se puede resumir en que después de su desahucio hay otro más a la vuelta de la esquina. Su estado de nervios y ansiedad es tal que la mujer no quiere visitas ni salir en la tele, dice. "Estoy muy mal. Ya lo he vivido una vez y ahora se repite. No tengo a dónde ir ni tengo medios económicos. Entre el desahucio y la pandemia lo hemos perdido todo", asegura escuetamente por teléfono.

En el primer desalojo, en febrero de 2019, la empresa inmobiliaria Proindivisos S. L. la echó de la casa de Lavapiés en la que llevaba 20 años, casi media vida, residiendo de alquiler. Pagaban alrededor de 400 euros al mes, pero la nueva empresa se negó a renovar los contratos en 2018 e impuso subidas de hasta el 300% del precio. Quería convertir su piso y otros del mismo bloque en apartamentos para turistas en una de las zonas con más empuje de los precios de la vivienda. Y después de muchos intentos y con un enorme despliegue de la Policía antidisturbios, esos pisos se alquilan ya en plataformas digitales por más de 120 euros la noche. Un proceso, el de la turistificación, que lleva descomponiendo el tejido social de barrios enteros de la ciudad desde hace años.

El segundo desahucio está previsto para el 4 de julio, cuando tendrá que abandonar la casa del barrio del Pilar, en la que fue realojada por el Ayuntamiento de Madrid en colaboración con la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos (AMTA) y con la ONG Provivienda, que busca alternativas de alojamiento a personas en riesgo de exclusión social. Pero para el caso de Rosi, Provivienda, que inició el procedimiento de desahucio por impago, no parece tener una solución por el momento, apuntan fuentes de la ONG.

Aquel 22 de febrero de 2019 también acabaron en la calle su hermana y vecina Pepi, viuda de 68 años que vivía con sus dos hijas en el mismo edificio, también desde hacía más de dos décadas y también con los mismos precios de alquiler. Esa mañana se ejecutaron simultáneamente los desahucios de otras dos familias más del mismo bloque, en el número 11 de la calle Argumosa, que se había convertido en el epicentro de la campaña Bloque en Lucha del Sindicato de Inquilinas de Madrid contra la especulación inmobiliaria que dispara los precios de los alquileres en lo que antes eran barrios humildes de ciudad.

Lo aparatoso de aquel desahucio, paradigma del drama social generado voracidad inmobiliaria sin regulación que la frene, llevó al Gobierno a lamentar la situación y a prometer medidas para impedir esta deriva, aunque la Ley de Vivienda sigue en fase de tramitación.

Las hermanas no tenían a dónde ir, y el Ayuntamiento, entonces en poder de Ahora Madrid, alojó a Pepi y sus hijas ya Rosi y su pareja en una céntrica pensión. Cuando el PP llegó a la Alcaldía, ambas tuvieron que seguir peleando ese realojo de emergencia. "Pasamos medio año en una habitación que no estaba en condiciones", recuerda ahora Rosi. Pero aguantaron porque no tenían más alternativa.

"Solución duradera"

Hasta que llegó la "solución de alojamiento estable" para ambas que el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte (Ciudadanos) les facilitó. Era uno de los pisos del programa de colaboración entre la AMTA y Provivienda por el que pisos de las personas tuteladas por la Comunidad de Madrid se destinaban a ofrecer alquileres sociales a personas en riesgo de exclusión social.

El acuerdo, según la afectada, Provivienda y los activistas del Sindicato de Inquilinas de Madrid, consistía en un alquiler de 600 euros mensuales. El Ayuntamiento cubría 200 euros y el resto, las realojadas, una situación con la ganaban tiempo mientras buscaban algo de estabilidad. "Pudimos ir tirando, pero yo perdí mi trabajo con la pandemia y mi pareja también, porque cerraron todos los mercadillos durante mucho tiempo", insiste Rosi.

La situación se complicó más cuando, después de años de espera, su hermana recibió una vivienda social de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS). "De repente estaba yo sola con todo el alquiler, pero sin trabajo y sin ingresos. Era cuestión de tiempo que no pudiera pagar", explica la mujer, que tampoco recibe el Ingreso Mínimo Vital ni la Renta Mínima de Inserción por problemas en la burocracia de su tramitación.

"Estoy desesperada, no sé donde meterme y no tengo ningún ingreso", asegura la afectada

Durante todo este tiempo han intentado conseguir empleo, aunque no es fácil. "A mi edad ya no te cogen en los trabajos y mi pareja no ha vuelto a conseguir puestos en los mercadillos ni tenemos dinero para alquilarlos. Todo empezó a ir realmente mal desde que nos tuvimos que ir de Argumosa", apunta. "Allí todos nos conocíamos, nos echábamos una mano, pero en este barrio yo no conozco a nadie, me han sacado mi entorno", matiza.

No recuerda hace cuánto tiempo, pero el Ayuntamiento hace meses que también dejó de cubrir la parte del alquiler de la que se hacía cargo. "Si ya era difícil cubrir 400 euros, imagínate 600", lamenta. Fuentes del Área de Bienestar Social del Consistorio no han precisado por qué han cortado su prestación, aunque insisten en que "se ayudó y orientó a Rosi en 2019 para el acceso al alquiler de una vivienda con condiciones económicas acordes a su situación". Con la inflación disparada, la crisis de la covid y el crónico encarecimiento de los alquileres en Madrid, la situación ahora es bien distinta.

La semana pasada, con apoyo de los activistas de la PAH y del Sindicato de Inquilinas, intentaron reunirse con Aniorte para actualizar el caso y buscar soluciones, aunque no fueron recibidos por el delegado municipal. "Ante las dificultades que ha estado atravesando, los servicios sociales le han estado ofreciendo apoyo en todas las cuestiones necesarias, llevando a cabo más de cien entrevistas con ella", apuntan desde el Área de Bienestar Social. Pero según Rosi, no hay nada que se pueda hacer. "Estoy desesperada, no sé donde meterme. Mis familiares ya acogen a otros que fueron desahuciados de este bloque, y en el piso de mi hermana, que vive con su hija, no cabemos todos, es de 40 metros cuadrados", resume.

También han intentado negociar con Provivienda, encargada de gestionar el alquiler. Fuentes de la ONG reconocen que, según los convenios firmados, están obligados a iniciar el procedimiento de desahucio en caso de impago, ya que la vivienda es de un particular y forma parte de un proyecto reglado con condiciones específicas. "Al final es un contrato entre propietario y arrendador. Nosotros ofrecemos garantías y defensa jurídica al propietario", asegura la organización. Por contradictorio que parezca, una ONG dedicada a ofrecer vivienda digna a personas en exclusión social tiene que desahuciar a una personas en riesgo exclusión social.

"Lo que se ha roto es un círculo de supervivencia con unos ingresos muy humildes", asegura a Público Marisa Pérez Colina, activista de Bloques en Lucha. "Rosi y su familia no eran pobres hasta que se les expulsó de su casa. Nunca habían recibido subsidios y siempre habían salido adelante y pagado su alquiler con pocos ingresos, hasta que no pueden hacer frente a los precios de mercado", insiste.

Para la activista, expulsar a los vecinos por gente de paso que encarece los precios de la vivienda es una de las razones fundamentales por las que muchas familias se convierten en demandantes de ayudas públicas. "No son pobres, son gente empobrecida, pero tienen que cargar con el estigma social de pedir unas soluciones que parecen caridad", asevera.

Lo cierto es que las familias que hace tres años y medio vivían en Argumosa, 11 no están teniendo fácil encontrar el nuevo lugar al que han sido desplazados por el mercado, y según los activistas, este es solo uno de los pocos ejemplos que se conocen gracias a la pelea social y mediática que han mantenido. Sin embargo, aún quedan inquilinos que pronto pueden caer en esta espiral. Hace dos semanas, activistas y vecinos lograron aplazar durante un mes el desahucio de Teresa Sarmiento, de 72, con una pensión de 400 euros. Era vecina de Rosi y de Pepi y de los demás desahuciados de este bloque de Lavapiés. El 1 de julio sabe que, como los demás, tendrá que despedirse del barrio en el que ha vivido dos décadas. "Ahora esos pisos se alquilan en Airbnb a 140 o 150 euros por noche. Por eso quieren que nos vayamos", decía a Público. Es la última resistencia de este bloque que se rebeló contra el llamado "efecto Airbnb".