El escudo del Gobierno abre un debate entre los expertos: ¿bajar impuestos o topar los precios?

"España se convertirá en el país con el mayor escudo social y económico de toda la Unión Europea". Las palabras de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, resonaron con fuerza tras el Consejo de ministros extraordinario celebrado este viernes en el que el Gobierno aprobó su plan para contener los efectos económicos de los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán. Son 80 medidas articuladas en dos decretos, uno que contiene las medidas fiscales, ayudas y control de los márgenes empresariales, y un segundo sobre vivienda y congelación de alquileres. El Gobierno va a movilizar 5.000 millones de euros para "proteger a los ciudadanos, ayudar a las pymes, al sector primario y, por supuesto, a la industria", explicó el presidente en su comparecencia ante la prensa.   

Dicho plan contempla, en palabras del propio Sánchez "una reducción drástica de la fiscalidad energética". Bajan en un 60% los impuestos de la electricidad: además de la bajada del IVA al 10%, también se incluye la suspensión del impuesto de producción de energía que pagan las eléctricas y la reducción del impuesto especial de electricidad, que pasa del 5,11% al 0,5%. También habrá una bajada del IVA de los carburantes hasta el mínimo que permite la Unión Europea, el 10%. Los consumidores ahorrarán así hasta 30 céntimos por litro en función del combustible utilizado.

Este plan de 80 medidas que entra en vigor este mismo sábado va a beneficiar directamente a los 20 millones de hogares y tres millones de empresas de nuestro país, dijo Pedro Sánchez.

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Sin embargo, no todos los expertos son tan optimistas como el presidente del Gobierno sobre la eficacia de este nuevo escudo social. "Creo que el paquete se queda claramente corto y combina medidas que van en direcciones opuestas. Bajar el IVA de los carburantes en un contexto como este es regresivo y, sin mecanismos de control efectivos o topes de precios, acabará agrandando los márgenes de las grandes petroleras más que aliviando a la ciudadanía", apunta a Público el economista Julen Bollain, profesor en la Universidad de Mondragón.

Un debate abierto

Las palabras de Bollain remiten a un debate que ha prendido estos días entre los expertos: ¿bajadas de impuestos o topes a los precios? En principio, las medidas fiscales deben servir para contener la subida de los precios de la electricidad y de los carburantes, pero como señalan desde el sindicato Comisiones Obreras (CCOO), habrá que estar vigilantes. "Las bajadas de impuestos a los combustibles o a la energía solo son asumibles en la medida en que se garantiza que sus efectos llegan a los bolsillos de los consumidores y la ciudadanía, aliviando la economía de los hogares", afirma CCOO en un comunicado.

El otro gran sindicato, Unión General de Trabajadores (UGT), también muestra una posición cautelosa respecto a las rebajas fiscales generalizadas en materia energética. A juicio del sindicato, este tipo de medidas fiscales presenta un doble riesgo: por un lado, que la rebaja impositiva no se traslade plenamente al precio final y sea absorbida por las empresas; por otro, que beneficie en mayor medida a quienes tienen una mayor capacidad de consumo.

"La reducción de los impuestos especiales es acorde con las propuestas de la Comisión europea y los debates del Consejo europeo del jueves de esta semana, pero las bajadas del IVA a la electricidad, gas, gasolinas y gasóleos son regresivas porque las utilizan los hogares de mayores ingresos, que además suelen tener un mayor número de vehículos y con consumos más elevados" apuntan a su vez desde el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

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Rubén Sánchez, secretario general de Facua, aboga claramente  por topar directamente los precios antes que encomendarse a rebajas fiscales, aunque sean temporales: "La bajada de impuestos implica menos recaudación y es un maquillaje de precios a nivel fiscal. Al final lo pagamos entre todos". En este sentido, Rubén Sánchez señala a Público que Facua ha realizado esta misma semana una encuesta entre 4.254 consumidores y que solo el 12% de los encuestados valora la bajada de impuestos y del IVA como la mejor medida. "Siete de cada diez encuestados creen que es necesario poner tope a los precios", añade el representante de Facua. 

"Personalmente soy poco amigo de las reducciones de impuestos que disminuyen recursos públicos y las más de las veces repercuten poco en los precios, porque se los quedan oferentes oligopolistas", dice a Público Juan Gimeno, catedrático emérito de Economía Aplicada en la UNED y antiguo rector esta misma universidad. 

Gimeno añade que "topar los precios con posibles compensaciones posteriores pero rápidas" es un escenario que le atrae algo más. Y sostiene que él volvería a apostar por la excepción ibérica topando los precios del gas que se aplicó durante el año 2022. 

En cuanto a los autónomos, Eduardo Abad, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), advierte de que la reducción fiscal tendrá un escaso impacto real entre los trabajadores por cuenta propia. "Son medidas insuficientes para los autónomos, sobre todo para los que necesitan un coche para trabajar. Bajar el IVA está bien, va a bajar sustancialmente el precio del carburante, pero no va a evitar que las empresas que lo venden puedan subir sus márgenes de beneficio y, por lo tanto, subir el precio", apunta Abad. 

Vivienda y márgenes empresariales

Abad apunta una cuestión clave, la de los márgenes empresariales, que junto a las medidas sobre vivienda completan la acción del Gobierno para paliar los efectos económicos de los ataques contra Irán. 

Como indican Bollain, Gimeno o Rubén Sánchez, muchos expertos creen que sin un tope de precios y sin una supervisión adecuada, esos márgenes empresariales crecerán. Lo piensa también UGT, que reclama que las rebajas fiscales vayan acompañadas de mecanismos efectivos de control de precios y supervisión de los márgenes empresariales, e incluso no descarta la intervención directa en los precios si fuera necesario para evitar incrementos injustificados de los mismos como ha ocurrido en los últimos días con los carburantes.

Gestha también defiende "la vigilancia estricta de los márgenes comerciales, los stocks y el control de los movimientos especulativos", y aboga por "reformar el sistema marginalista de precios". 

En cuanto a la vivienda y la congelación temporal de los contratos de alquiler, Bollain personaliza una opinión bastante extendida entre los expertos: "Echo en falta más ambición en la intervención, especialmente en vivienda". En este sentido, UGT también lamenta la falta de medidas adicionales en vivienda, transporte público o el apoyo directo a los hogares vulnerables.

En definitiva, parte del mundo económico acoge el plan con cierta cautela y un punto de escepticismo. "Tendría que haber una apuesta por financiar el esfuerzo público vía beneficios extraordinarios de quienes más están ganando con esta crisis. En momentos como este es cuando un Gobierno tiene que elegir de qué lado está. Necesitamos mayor valentía si se quiere revalidar una mayoría social suficiente para seguir gobernando", resume Bollain.