El fiscal pide entre 3 años y medio y 5 años para los exjefes de Abengoa

MADRID.- La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido entre tres años y seis meses y cinco años de prisión para los expresidentes de Abengoa Felipe Benjumea y Antonio Fornieles y el ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega por un presunto delito de administración desleal, según recoge su escrito de acusación.

El fiscal José Perals ha solicitado la apertura de juicio oral contra Benjumea, Fornieles, Sánchez Ortega, y las exconsejeras Mercedes Gracia y Alicia Velarde por el cobro de indemnizaciones millonarias cuando dejaron la empresa.

El fiscal pide cinco años de prisión y una multa de 90.000 euros (300 euros diarios durante diez meses) para Benjumea; cuatro años y tres meses de prisión y multa de 72.000 euros (300 euros diarios durante ocho meses) para Sánchez Ortega; y tres años y seis meses de prisión y multa de 36.000 euros (200 euros al día durante seis meses) para Fornieles. En cuanto a las dos exconsejeras, el fiscal solicita para ambas tres años y seis meses de prisión y multa de 36.000 euros (200 euros diarios durante seis meses).

El fiscal pide que, por su responsabilidad civil, Sánchez Ortega indemnice a Abengoa con 4,48 millones de euros. A Benjumea, Fornieles, Velarde y Gracia, el fiscal les reclama una indemnización conjunta y solidaria de 11,48 millones.

El ex consejero delegado Sánchez Ortega recibió por su salida de la empresa 4.484.000 euros, y el expresdidente Benjumea, 11.484.000 euros

Según concluyó la investigación judicial, en el año 2015, cuando se formalizó la salida a bolsa de Abengoa se aprobaron unos pagos por cese anticipado de 4.484.000 euros, en el caso de Sánchez Ortega y de 11.484.000 para Benjumea. Esta indemnización no estaba contemplada "en contratos anteriores y tampoco era preceptivo que se incluyeran en los nuevos contratos mercantiles".

El escrito de la Fiscalía reproduce las cláusulas de los contratos firmados por ambos el 23 de febrero de 2015, cuyas cláusulas incluían una bonificación por permanencia de 7 millones de euros y otras indemnizaciones por otros conceptos como "obligación de no competencia postcontractual", "por cese anticipado" hasta los 11.848.000 euros. Idéntico contrato firmó Sánchez Ortega aunque con una cantidad algo inferior en lo referido a la bonificación por permanencia.

"Las sucesivas y precipitadas reuniones del Consejo de Administración y de la Comisión Nombramientos y Retribuciones, así como la carta de renuncia de Felipe Bejumea únicamente alcanzan sentido desde el entendimiento de que a través de ellas se encubrió lo que realmente fue una salida voluntaria de Felipe Benjumea", señala el fiscal en su escrito.

El fiscal Perals cuestiona igualmente las indemnizaciones por confidencialidad contractual ya que ninguno de los directivos precisaba asegurarse una estabililidad económica tras la extinción del contrato "evitando la necesidad urgente de encontrar un nuevo puesto de trabajo, ya que en ambos casos se acordó que los dos mantendrían la parte fija de su remuneración bruta anual".

Añade que ambos cobraron las cantidades señaladas cuando la compañía "ya atravesaba una grave crisis y se estaba a punto de negociar o se había negociado con los bancos financiadores y aseguradores de la ampliación de capital de la sociedad". Todas estas circunstancias eran conocidas por los miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones que han sido también sentados en el banquillo.

El fiscal propone que declare en el juicio, entre ellos, el exministro y exconsejero de Abengoa Josep Borrell

Para la vista oral, el fiscal propone como pruebas el interrogatorio de los acusados y la declaración de una serie de testigos, entre ellos el exministro y ex consejero de Abengoa Josep Borrell; el expresidente de la compañía José Domínguez Abascal, y el ex consejero delegado de la compañía Santiago Seage.

El pasado 13 de enero, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela propuso llevar a juicio oral a Benjumea, Fornieles, Sánchez Ortega, Gracia y Velarde.

Desde ese momento, la Fiscalía y las acusaciones particulares disponían de un plazo de diez días para solicitar la apertura de juicio oral, el archivo de la causa o la práctica de nuevas diligencias.