La Fiscalía dictamina que Banco Popular engañó a sus inversores

La Fiscalía sostiene que Banco Popular engañó a los pequeños inversores en la ampliación de capital de 2016, en la que la entidad financiera captó 2.005 millones de euros diez meses antes de admitir un desajuste de 700 y apenas un año antes de ser intervenido por la UE y el Gobierno español y vendido al Santander por un euro.

El ministerio público señala en un escrito dirigido al Juzgado de Primera Instancia número 35 de Barcelona, que tramita una de las demandas civiles con las que varios pequeños inversores intentan recuperar sus ahorros, que al afectado “se le proporcionaron datos sobre el estado financiero de la entidad, que no se correspondían con el estado real; siendo ello, lo que motivo la inversión”.

El demandante era uno de los casi 295.749 ahorradores que tras esa operación pasaron a tener paquetes de acciones de Popular tasados en menos de 20.000 euros y que hoy no valen ni un céntimo.

La Fiscalía, que rechaza la pretensión de los servicios jurídicos de Popular de eludir a los juzgados españoles para trasladar los pleitos al Tribunal General de la UE, de la que la propia entidad se desdijo poco después en otros pleitos, señala que “por lo posteriormente comprobado parece ser” que esa compra de acciones “se realizó con un posible vicio del consentimiento”, tal y como sostiene el demandante, uno de los miles de pequeños accionistas que vieron cómo sus ahorros se volatilizaban con la “resolución” del banco.

“Habrá que suponer que era para sacarla a flote”

El ministerio público, que comparte las posiciones del abogado del demandante, Felipe Izquierdo, considera “evidente” que la adquisición de las acciones se produjo en el marco de una ampliación de capital de la entidad financiera “que habrá que suponer que en principio era para intentar sacarla a flote”.

En ese momento, añade, “al menos al público en general, no se le hizo saber (que también habrá que entender que se ignoraba en tal momento), que la entidad iba a ser disuelta”.

Para la Fiscalía, “los hechos que determinaron la disolución de la entidad bancaria son posteriores” a la ampliación de capital, aunque eso no se contradiría con esa entrega de “datos sobre el estado financiero” del Popular “que no se correspondían con el estado real” de esas cuentas.

Horizontes judiciales

La resolución de Banco Popular tras la ampliación de capital de 2016 ha dado lugar a pleitos en la vía penal, con una treintena de querellas en la Audiencia Nacional contra los consejos de administración que presidieron Ángel Ron y Emilio Saracho; varios recursos en los juzgados de lo Contencioso de ese mismo tribunal contra las decisiones del Gobierno español y la UE, algunas reclamaciones ante el Tribunal General de la UE, entre las que se encuentran las de grandes accionistas, y algo más de una decena de demandas civiles en juzgados de Barcelona y de Madrid.

Los procesos abiertos por estas últimas, en las que los demandantes sostienen que el banco les engañó facilitándoles información falsa para captar unas inversiones que no habrían hecho de conocer la situación financiera y contable real del banco, están siendo el terreno de las principales escaramuzas.

En ellas planteó el Popular, ahora controlado por Santander, que sus antiguos gestores no tienen ninguna responsabilidad en el fiasco, ya que la decisión de amortizar las acciones había sido del Gobierno y de la UE y, en consecuencia, se desentendía de sus consecuencias. Los magistrados comenzarán a pronunciarse en los próximos días sobre esta propuesta, a la que el ministerio público ha mostrado su oposición.