El Ministerio de Fomento contempla sacar a concurso público las autopistas de peaje quebradas que eventualmente tenga que rescatar, en vez de quedárselas y gestionarlas a través de una empresa pública como estaba inicialmente previsto, tal y como informó el ministro Íñigo de la Serna.

Fomento ha estudiado esta alternativa para solventar la situación de las vías que están inmersas en un procedimiento judicial. 

El ministro indicó que sigue trabajando y preparando el Ministerio para el supuesto de que finalmente revierta al Estado alguna de las ocho autopistas quebradas.

"Trabajamos en organizarnos internamente sobre qué departamento se encargaría de su gestión, y cómo cobrar y gestionar los ingresos por peaje de las autopistas", explicó.

No obstante, De la Serna desveló que Fomento también contempla volver a licitarlas e incluso analiza si las sacará a concurso individualmente o agrupando varias de ellas.

El plazo para que Fomento se quede con las dos primeras vías que cayeron en liquidación, las radiales R-3 y R-5 de Madrid, está en el aire, tal y como ha confirmado este martes De la Serna durante su intervención en un desayuno informativo del Colegio de Ingenieros de Caminos.

El plan de liquidación de estas vías está desde enero en suspenso y pendiente de que la Audiencia Provincial de Madrid se pronuncie sobre los recursos que tanto la empresa concesionaria (participada por Abertis y ACS) como Fomento elevaron contra dicha liquidación.

Fuentes jurídicas indicaron recientemente que el fallo puede ser "inminente" y pronunciarse en la misma línea que el recientemente emitido sobre otra de las autopistas, la circunvalación de Alicante. La Audiencia Provincial acaba de anular la liquidación de esta vía, de forma que ya Fomento no tendrá que asumirla en julio y su concesionaria podrá volver a negociar con los acreedores.

En el supuesto de que este caso se repita para el resto de autopistas y de que finalmente Fomento no tenga que rescatarlas, el Estado evitaría afrontar una factura que el sector estima en hasta 5.000 millones de euros.

Se trata del importe de la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA), esto es, la obligación de pagar a los concesionarios por la inversión que realizaron en construir las vías.

Ante esta nueva coyuntura, el ministro considera que el impacto de estas infraestructuras fallidas en el déficit "puede ser muy concreto y limitado, sobre todo en este año que es el más complicado" en este sentido.

Al nuevo escenario que plantean para estas vías los distintos procesos judiciales en que están inmersas se añade el hecho de que actualmente están registrando importantes aumentos de tráfico.

De esta forma, se recuperan de una de las causas que les llevó a la quiebra, el desplome del número de usuarios que sufrieron durante la crisis. La otra es el sobrecoste que afrontaron por las expropiaciones de los terrenos sobre los que se construyeron.

Además, de las radiales R-3 y R-5 y de la circunvalación de Alicante, el resto de las vías que están en quiebra y en concurso de acreedores son las otras dos radiales de Madrid, la R-2 y la R-4, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda, la Cartagena-Vera y la que une Madrid con el aeropuerto de Barajas.