El Consejo de Ministros ha aprobado una subida salarial del 1,5% para los funcionarios del Estado, que se abonará en sus nóminas a partir del próximo mes de noviembre e incluirá los atrasos pendientes desde enero, cuando se acordaba la última ampliación de los sueldos, todavía sin cobrar. La decisión responde al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los grupos sindicales hace unas semanas, en el marco de la Mesa General de Negociación de la Función Pública. 

Este aumento se suma al 2% extra de las retribuciones públicas que lleva en vigor desde principios de año, supuestamente para hacer frente a las dificultades económicas ocasionadas por la guerra de Ucrania. De este modo, el salario de los trabajadores públicos subirá un 3,5% para finales de 2022, una tercera parte de la meta pactada para 2024.

Desde Hacienda, aseguran que se trata de una medida "excepcional" y nunca antes administrada. La norma, que beneficiará a los 2,7 millones de funcionarios de todas las administraciones públicas estatales, autonómicas y locales, quedará reflejada en las nóminas a partir de noviembre. Con todo, mientras los empleados que pertenecen directamente al Estado verán la bonificación de forma inmediata, los dependientes de las comunidades autónomas o entidades municipales deberán negociar este incremento a nivel territorial y con anterioridad al 31 de marzo de 2023. 

En las negociaciones entre Gobierno, CCOO y UGT también se acordó que para el próximo ejercicio las pagas públicas crezcan otro 2,5%, siguiendo el objetivo del 8% marcado para 2024, que podría llegar al 9,5% si se cumplen distintas variables. Los sindicatos se muestran satisfechos con este acuerdo.​