El Banco de España calcula que la revalorización de las pensiones y la subida de los salarios públicos prevista para 2023 elevará el gasto público en unos 21.300 millones de euros, de los que 15.000 millones serán para las pensiones y otros 6.300 millones para la remuneración de los asalariados públicos.

Según las previsiones del organismo, cada punto porcentual de revalorización de las pensiones con el Índice de Precios de Consumo (IPC) supone un gasto de unos 1.800 millones, por lo que una subida de la inflación del 8,5% planteada por el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 supondría unos 15.300 millones, según ha detallado el gobernador, Pablo Hernández de Cos, durante su intervención este lunes en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados.

En total, el Gobierno destinará 190.687 millones de euros a las pensiones en 2023, lo que supone una subida del 11,4% respecto a la partida de 2022, debido a la actualización de las pensiones de acuerdo con el IPC, que el Gobierno estima en un alza del entorno del 8,5%.

Igualmente, el Banco de España calcula que por cada punto porcentual de revalorización de la remuneración de los asalariados públicos, el gasto de personal se eleva en unos 1.400 millones. De cara al próximo año, las retribuciones públicas se elevarán un 2,5% y se podrán incrementar hasta en un punto adicional en función de variables vinculadas al IPC y al PIB nominal.

Así, la subida de hasta el 3,5% prevista para 2023 (2,5% fijo más un 1% variable) costaría 6.300 millones aproximadamente.

Pensiones y sueldos públicos son las dos principales partidas presupuestarias afectadas por el aumento de la inflación, que el Banco de España calcula que llegará al 8,7% de media este año, para moderarse al 5,6% en 2023 y al 1,9% en 2024.

Durante su comparecencia, el gobernador del Banco de España ha vuelto a reiterar su recomendación de que, ante el escenario adverso actual, se eviten cláusulas de indiciación automática del gasto público con el fin de acompañar el pacto de rentas del sector privado.

Así, ha abogado por incluir el sector público en el pacto de rentas, lo que implicaría, por ejemplo, revalorizar con la inflación las pensiones mínimas pero no el resto. Hernández de Cos ha subrayado que la inflación supone "una pérdida de bienestar sí o sí" y, por ello, "lo único que podemos hacer es repartir el coste".

Este reparto se materializaría en el pacto de rentas, que podría adoptarse solo en el sector privado, pero ha defendido que "sería un mensaje mucho más potente de desindexación de la economía en un contexto de inflación muy elevada que también cubriera el sector público", incluidas las pensiones. La desindexación (no actualización automática con la inflación) "se puede hacer compatible" con proteger a los más vulnerables, es decir, "que las pensiones mínimas se indicen (al IPC) pero quizá no el resto", ha defendido. El Gobierno ha insistido en que subirá las pensiones con la inflación porque así lo acordó el Pacto de Toledo. 

Según ha advertido el gobernador, las tendencias demográficas que se esperan en los próximos años en España generarán una presión sobre el gasto público muy significativa asociada al sistema de pensiones, lo que hace indispensable "un análisis específico de los principales aspectos y reformas de dicho sistema". Por ello, ha señalado que el hecho de hacer frente a los incrementos del gasto en pensiones que se derivarán del envejecimiento poblacional requerirá de nuevas actuaciones en el futuro por el lado de los ingresos, de los gastos o de ambos.

Prevé una mayor recaudación que la estimada por el Gobierno

El gobernador del Banco de España ha avalado durante su intervención en el Congreso las cuentas sobre las que se sustentan los Presupuestos Generales del Estado de 2023, gracias, especialmente, al impulso de los ingresos.

Hernández de Cos ha asegurado que este alza de la recaudación, más allá de la mayor inflación, "supera las elasticidades históricas" registradas en la economía española, y por ello ha pedido "prudencia" para evitar que se trasladen en un mayor gasto estructural.

El Banco de España calcula prevé que el incremento de recaudación tributaria para 2023 será mayor que la que recoge el proyecto de Presupuestos para el próximo año (7,6%), lo que que permitiría compensar tanto un menor crecimiento en 2023 (calcula un aumento del PIB del 1,4% frente al 2,1% del Ejecutivo) como desviaciones al alza del gasto público, sobre el que ve "riesgos al alza" en el gasto por intereses, prestaciones por desempleo y pensiones.

Según Hernández de Cos, es "factible" cumplir con la previsión de cerrar 2023 con un déficit público del 3,9% del PIB, en parte porque ve "probable" que termine 2022 por debajo del 5% del PIB estimado.

Menos beneficios por la subida de tipos

El gobernador del Banco de España ha informado también de que la previsión de su institución es dejar de registrar beneficios en 2023 por la subida de tipos de interés y, por tanto, no poder realizar la transferencia periódica al Tesoro Público con esas ganancias. El volumen de esa transferencia a las arcas públicas por los beneficios registrados ha alcanzado "alrededor de 0,2 puntos de PIB en los últimos años" (unos 2.500 millones de euros).

Sobre el impacto que tiene para la banca la subida de tipos, Hernández de Cos ha advertido de que, pese a que en el corto plazo es positivo, y que así se pone de manifiesto en las mayores rentabilidades, "en el medio plazo, dependiendo de la magnitud de la dimensión de la desaceleración, podría ser negativo".

Así, ha emitido un mensaje "muy claro de prudencia" dirigido a las entidades financieras, a la hora de distribuir beneficios, de las perspectivas de acumulación de capital y de la reserva de previsiones a tiempo para tener en cuenta este escenario de riesgo.

En el documento facilitado por el Banco de España al Congreso, esta institución asume "incrementos adicionales de los tipos de interés" en función de la estrategia del Banco Central Europeo (BCE) para asegurar un retorno de la inflación al objetivo del 2%. "En concreto, los tipos de interés deberán alcanzar un nivel que nos permita asegurar una convergencia progresiva a nuestro objetivo de inflación de medio plazo y la velocidad a la que lleguemos a ese nivel estará condicionada por el mismo objetivo", apunta el texto.