La factura de los intereses de la deuda pública de la Administración Central del Estado va a aumentar el año que viene en 1.041 millones de euros, hasta los 31.175, como consecuencia de las subidas de los tipos de interés del cero al 1,25% decretadas por el Banco Central Europeo (BCE) que preside la francesa Christine Lagarde, con el español Luis de Guindos como vicepresidente, en julio y septiembre.

Con el dinero pasa un poco como con la energía: nunca se volatiliza, solo cambia de mano. Así, en la práctica, ese aumento de la partida se traduce en que el Gobierno no podrá disponer de esa cantidad para destinarla a financiar políticas sociales o de otro tipo mientras inversores, entidades financieras y el propio BCE se la reparten en forma de rendimientos como consecuencia del encarecimiento del precio del dinero.

La documentación del anteproyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 que es jueves entregó en el Congreso la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explica cómo ese incremento "se produce de forma gradual debido a que un pequeño porcentaje de la deuda debe refinanciarse cada año y se ve expuesta a los mayores tipos de interés por una subida generalizada de las rentabilidades en los mercados de deuda derivada de la mayor inflación y el endurecimiento de la política monetaria".

Esa factura, que el año que viene cumplirá su décimo ejercicio por encima de los 30.000 millones de euros y que es uno de los "compromisos que deben atenderse con los créditos del Presupuesto del Estado", se lleva el 97,3% de los gastos financieros del Estado, que ascienden a 31.330 millones de euros.

Pese a ese encarecimiento, añade el proyecto presupuestario, que se marca como objetivo reducir el ratio endeudamiento/PIB al 110% en 2025 (la emisión bajará de 75.000 a 70.000 millones en 2023) y bajar del 3% ese mismo año en el déficit, "el coste medio de la deuda del Estado en circulación sigue manteniéndose en niveles históricamente bajos", con un cierre al 1,61% en agosto de 2022 tras haber acabado 2021 al 1.64% y mientras el coste medio de las emisiones efectuadas hasta hace dos meses se quedaba en el 0,89%.

No obstante, las perspectivas apuntan a que el coste de la deuda, y en consecuencia los beneficios para sus tenedores, entre los que destaca el BCE como titular de bonos y letras por valor de casi 400.000 millones, seguirá aumentando este año y el próximo, "aunque de forma muy gradual" ya que "sólo un pequeño porcentaje de la deuda debe refinanciarse cada año y se ve expuesta a los mayores tipos de interés".

"Ya estamos en una etapa de austeridad encubierta"

"El pago de esos más de mil millones no debería producirse, pero habrá que pagarlos como consecuencia de decisiones de Lagarde y Guindos que solo benefician a la banca", explica el economista Carlos Sánchez Mato, que se refiere a ese encarecimiento de la deuda como "un lastre para financiar políticas públicas".

De hecho, el secreto a voces que, más que confirmarse, se cuantificó este jueves, añade a las cuentas públicas a la lista de principales damnificados por las subidas de tipos de interés, en la que ya figuran desde hace unos meses las familias y las empresas, las primeras por el encarecimiento de las hipotecas y las segundas por sus mayores dificultades de acceso al crédito, algo que ya adelantó la contratación de más de 32.000 millones en créditos entre marzo y julio, principalmente entre las pymes, para tratar de esquivar esos impactos en su salud financiera.

"La decisión del BCE de subir los tipos de interés tendrá un impacto muy grave sobre todos los actores económicos que están endeudados, familias, empresas y administraciones, para quienes cada vez será más caro endeudarse y para quienes subirán los servicios de la deuda", explica Nicola Scherer, del Observatorio de la Deuda y la Globalización, que advierte de cómo
"eso se verá reflejado en las cuentas del Estado, y puede llevar a una nueva etapa de políticas de austeridad con recortes en los servicios públicos, si se da prioridad a los compromisos con los acreedores, y la Constitución los pone por delante desde la reforma del artículo 135".

Para Scherer, "ya estamos en una etapa de austeridad encubierta en la que algunos gastos públicos tienen preferencia sobre los sociales", en referencia al aumento de las dotaciones para Defensa, que ha provocado fuertes tensiones en el Gobierno de coalición.

Récord de recaudación y 45.000 millones en rebajas fiscales

El objetivo declarado de esas subidas de los tipos de interés del BCE es atajar la inflación en la eurozona, aunque esa receta, tradicionalmente utilizada para desactivar alzas de precios provocadas por un aumento de la demanda, no viene dando resultado en otras áreas de estructura similar como EEUU o Reino Unido ya que en esta ocasión, según convienen ya la mayoría de los economistas, esas apreciaciones tienen su origen en la oferta.

La inflación es, precisamente, el principal riesgo que señala el Gobierno como amenaza para que puedan materializarse sus cuentas, que incluyen para el año que viene partidas como un aumento de la dotación para dependencia de 620 millones, otro de 700 para ampliar los abonos de transporte ferroviario.

Esas cuentas, que siguen contemplando beneficios fiscales por valor de 45.269 millones de euros, un dato que, con 11.179 en el IRPF, 5.697 en Sociedades y 25.679 en el IVA como partidas principales, suele ser obviado en el disparatado debate desatado desde hace unas semanas en torno al sistema tributario, prevén que la recaudación vuelva a batir récords en esos tres impuestos el año que viene con registros de, respectivamente, 113.123, 28.519 y 86.093 millones de euros.

"Se trata de unas estimaciones oportunas en un contexto volátil y en el que algunos países europeos podrían entrar en recesión", sostuvo Montero, que destacó la buena marcha de la economía, sobre la que se asientan esas proyecciones, y que al mismo tiempo aseguró que "este ministerio se caracteriza por la prudencia. Siempre he cumplido con las previsiones de ingresos, algo que no ocurría en la etapa de los gobiernos del PP, e incluso algunos me acusan de ser excesivamente prudente".

Los factores de riesgo para las previsiones económicas

Sin embargo, esas mismas cuentas, que prevén que la inversión crezca a un ritmo del 5% y el consumo de los hogares avance un 1,2%, admite que, aunque el punto de partida consiste en anticipar que tanto la actividad como la productividad van a seguir creciendo, lo harán a un ritmo menor que el de los últimos años.

"El proyecto de PGE prevé una ralentización del crecimiento del PIB en 2023 hasta el 2,1% e incorpora una previsión conservadora con respecto a la evolución de los principales indicadores macroeconómicos", señala el documento, que pronostica "una ralentización del crecimiento en los próximos trimestres, pero con tasas superiores a los países de nuestro entorno y partiendo de un escenario macroeconómico de fuerte crecimiento de la economía española hasta el momento".

En ese escenario, el anteproyecto de Presupuestos señala a tres factores a caballo entre lo económico y los geopolítico como los principales riesgos de frustración de esas expectativas.

Mirando a Moscú, Kiev, Berlín y Fráncfort

Uno es el precio del gas, en el que las previsiones apuntan a un nuevo estirón sobre los máximos de este año mientras la estabilización del mercado depende de la evolución de la guerra de Ucrania y de las alternativas al suministro desde Rusia que vaya habilitando Europa.

"Se ha reducido el consumo de gas durante los últimos meses debido al propio encarecimiento de la energía y a las medidas adoptadas por los distintos países", recoge el documento, que advierte de que las recientes "tensiones puntuales en los mercados internacionales (…) podrían repetirse con la llegada del invierno debido a: el aumento del consumo de gas estacional y la necesidad de seguir importando gas natural licuado".

Además de a Kiev y a Moscú, los analistas del Gobierno miran a Berlín y a Fráncfort, cuidad esta última en la que tiene su sede un BCE que, si las alzas de precios se revelan "más intensas o persistentes de lo que estima", podría aumentar "el ritmo o la intensidad de las subidas de tipos de interés, lo que restaría crecimiento económico vía inversión y consumo en 2023".

El tercer temor, fundado como los dos anteriores, se encuentra en la posibilidad de que 'la locomotora alemana' entre en una fase de recesión. De materializarse las previsiones de decrecimiento del 0,9% en la eurozona "propiciado por una intensa recesión en Alemania", por contraposición a un eventual avance de esa misma magnitud en positivo que cierre el abanico de proyecciones que maneja el BCE, "el crecimiento de la economía española estaría en 2023 por debajo del previsto", anota.