Quizás no era el momento más oportuno para ese gesto: el Gobierno de Aragón ha avalado la construcción de la duodécima gran superficie comercial de Zaragoza, la ciudad de España con mayor presencia de este tipo de complejos, mientras el pequeño comercio de la ciudad contiene la respiración ante las inciertas consecuencias del cierre de los establecimientos durante al menos un mes y medio por el estado de alarma.

El Inaga, el Instituto de Garantía Ambiental, acaba de hacer pública una resolución por la que exime al polémico proyecto La Torre Outlet, antes conocido como Torre Village, de la evaluación ambiental estratégica con el argumento de que, al ubicarse sobre los terrenos que hasta hace unos años ocupaba una industria (la antigua fábrica de colchones de Pikolín), su impacto en el medio será menor que la anterior actividad.

"No se prevén afecciones significativas sobre el medio y sus valores naturales por tratarse de una zona urbana de uso industrial que ha sido desmantelada previamente", señala el Inaga, que en el mismo dictamen admite que ha decidido aplicar la exención, que se mantendrá durante cuatro años, a partir de una documentación previa elaborada por la propia empresa que "carece de un estudio de repercusiones (…) a nivel social por sus efectos sobre el pequeño comercio".

No es la única carencia que presentan esos trabajos previos a la evaluación, ya que "tampoco se incorporan en el análisis ambiental situaciones preexistentes de otras áreas comerciales desarrolladas recientemente en el extrarradio del núcleo urbano que se constata están generando nuevas afecciones en su radio de acción y grandes impactos sobre la movilidad y la contaminación".

La lista de ausencias la completan la falta de estudios previos acerca de las consecuencias de su apertura en "la movilidad de la zona" y también, "sobre las emisiones a la atmósfera teniendo en cuenta que dichos usos potencian el uso del vehículo privado que en horas concretas puede generar problemas de embotellamiento".

Urbanismo a la carta tras el veto judicial

Pese al rechazo social y la polémica que siempre han rodeado el proyecto, cuya historia incluye una habilitación ‘a la carta’ impulsada por el nuevo equipo de gobierno municipal de PP y C’s después de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón declarara nulo el proyecto tras detectar irregularidades en su tramitación, La Torre ha contado con el respaldo de las principales instituciones de la comunidad siempre, desde que el empresario Alfonso Soláns comenzó a plantearlo a principios de la pasada década, poco antes de vender su participación mayoritaria en el Real Zaragoza.

De hecho, la resolución del Inaga recoge, en una enrevesada expresión, cómo el complejo se apoya en un plan urbanístico "actualmente vigente pero anulado por sentencia judicial no firme".

Se trata, sobre el papel y como puede observarse en unas obras que nunca fueron paralizadas pese a la sentencia (recurrida ante el Supremo), de un gran centro comercial que ocupará junto a la carretera de Logroño una superficie de 184.175 metros cuadrados, de los que se dedicarán a actividades comerciales y de ocio algo más de 66.000. Será el segundo de la ciudad por tamaño después de Puerto Venecia, el mayor complejo de Europa con algo más de 200.000.

Y será, también, el duodécimo hipermercado en una ciudad que ya dedica a ese tipo de actividades casi 680.000 metros cuadrados. Arroja, según los datos de la AECC (Asociación Española de Centros y Parques Comerciales), una media de 519 metros por cada mil habitantes a la que La Torre añadirá 94 más y que la sitúa como líder estatal en este aspecto, muy lejos de los 487 y los 479 de Murcia y de Madrid y de la media española de 347, según publicó Heraldo de Aragón.

La decisión de avalar la puesta en marcha del duodécimo gran centro comercial en la capital aragonesa, varios de los cuales llevan años en crisis, llega justo cuando las medidas de contención del coronavirus están llevando a una parte del comercio local, como en el resto del país, a una situación agónica en la que los cierres de entre dos semanas y un mes y medio (o más) se suman a un declive en el que confluyen la obsolescencia, la falta de relevo generacional y, entre otros factores, los cambios en los hábitos de consumo y la pujanza del comercio electrónico.

¿Un hipermercado junto a unos suelos minados?

La resolución del Inaga incluye una inquietante aportación al señalar que en los estudios previos "no se identifican ni se analizan",  y obviamente tampoco se reconocen, los riesgos geológicos "por colapso ni la existencia de dolinas, que sin embargo se estudian ampliamente en los documentos urbanísticos y en los estudios geotécnicos y sísmicos realizados para definir estas zonas de debilidad en el terreno y a partir de los cuales se establecen medidas específicas para minimizar sus efectos a largo plazo".

Las dolinas son unas depresiones de paredes inclinadas típicas de los terrenos calizos del valle del Ebro que, además de obligar a cambiar varias veces el trazado del AVE Madrid-Barcelona, han tenido que ver, por su incapacidad para soportar determinados pesos, con algunos derrumbes de edificios en Zaragoza.

El documento advierte de la existencia de "dos zonas activas de subsidencia reciente, en el centro nororiental y en la zona sureste" del proyecto, con "riesgo de colapso". Se localizan "parcialmente sobre la zona de aparcamiento exterior del [otro] establecimiento comercial [ya] existente" en la zona, aunque la "línea de seguridad" de La Torre se sitúa "a 15 m de distancia de las dolinas identificadas".

El dictamen califica como "medio"  el impacto en el ámbito de los "riesgos naturales" por la presencia de esas dolinas "en el ámbito del sector [urbanístico de La Torre] y [en su] entorno inmediato", por lo que el Inaga obliga a la promotora a "llevar, de forma continuada, el control y seguimiento de la evolución de los sistemas de dolinas existentes en la zona para el control de los riesgos de hundimiento derivados de su actividad".

En "la zona que se prevé configurar" la zona verde, añade "se evitará la incorporación de especies invasoras" de plantas para utilizar "especies autóctonas propias de la zona, especialmente en la zona norte en contacto con el suelo agrícola, y elegir especies que permitan minimizar las dotaciones de riego al objeto de no activar los riesgos de subsidencia" de las dolinas.