El Ministerio de Transportes ha iniciado el periodo de audiencia a los interesados en el procedimiento para la liquidación de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) de la autopista Radial 4 (R-4), en Madrid Sur.

Esta es la cuarta de las autopistas en liquidación a la que se somete a este trámite de audiencia (que durará 15 días) después de que el Consejo de Ministros aprobase el 26 de abril de 2019 el acuerdo para calcular la RPA, que en el caso de la R-4 se sitúa en 174 millones de euros.

Esa cantidad es el resultado de sumar la RPA por obras (454,27 millones) y por expropiaciones (72,82 millones), y descontar los 115,77 millones de inversión necesarios para entregar las instalaciones en condiciones normales y las indemnizaciones pagadas a los expropiados por la Administración (237,3 millones).

Además, provisionalmente se han de retener los importes para hacer frente a la liquidación de situaciones aún pendientes, sobre todo por expropiaciones pendientes de pago, que suman 375,91 millones de euros.

Dado que el importe de la retención provisional supera al de la RPA reconocida, el importe a abonar por la RPA en estos momentos es de cero euros, según los cálculos de Transportes, que añade que el importe de la primera resolución de determinación de la RPA de la R-4 es negativo en 201,9 millones.

Este resultado significa que los tenedores del derecho de cobro no perciben ninguna cantidad, pues la estimación del importe pendiente de pago por expropiaciones supera con creces la RPA reconocida.

ACS, Sacyr, Iberpistas (Abertis), Bankia, Globalvía y los fondos acreedores de las nueve autopistas quebradas han recurrido ante el Tribunal Supremo la metodología aprobada por el Gobierno en abril pasado para calcular la RPA a la que el Estado deberá hacer frente por el rescate de estas vías. 

En total, la factura que supondrá a las arcas públicas el rescate de las nueve autopistas de peaje que quebraron durante la crisis no podrá superar los 3.305 millones de euros, según la fórmula que el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros ese mes y que quedó publicada el Boletín Oficial del Estado (BOE).