El Gobierno intenta esquivar la inminente nacionalización de las hidroeléctricas

¿Qué planes tiene el Gobierno para el parque español de centrales hidroeléctricas y nucleares, cuyos permisos de explotación comienzan a vencer en cascada a partir de este mismo año? Es otro de los misterios del marianismo, si bien los hechos apuntan a que trata de esquivar la nacionalización por la vía de la reversión.

Se trata de un segmento clave del sistema eléctrico, que suma más de una cuarta parte de la potencia instalada en el país -20.353 megawatios.hora los 100.088 instalados- y que en 2016 cubrió la séptima parte de la demanda.

Las hidroeléctricas son, junto con las nucleares -7.573 megawatios instalados que el año pasado cubrieron el 22% de la demanda-, las centrales más rentables para las compañías: ofrecen los menores costes de generación, ya que la práctica totalidad de sus instalaciones han sido amortizadas, y, por lo tanto, el mayor margen de beneficios del mix eléctrico como consecuencia del sistema de subasta marginal a partir del que se establecen los precios de consumo en España.

La caducidad de las concesiones de las 800 centrales hidroeléctricas que explotan las compañías privadas en ríos de todo el país debería conllevar, con la ley en la mano, su reversión al Estado, pero el Gobierno de Rajoy no suelta prenda sobre sus planes ante esa eventual nacionalización de hecho y de derecho.

Reversiones caducadas y permisos para siglo y medio

Sin embargo, sus actos denotan que es reacio a asumir la gestión del parque hidroeléctrico. El Ministerio de Medio Ambiente dejó caducar el año pasado, al no resolverlo en 18 meses, el expediente de reversión de la central de Lafortunada (Huesca), posteriormente reabierto por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). Este organismo tramita en la actualidad la caducidad de otras dos centrales –Barrosa y Urdiceto, también en el Pirineo oscense-, aunque la decisión final compete a Madrid.

La posición práctica del Gabinete de Rajoy coincide con la su antecesor, José Luis Rodríguez Zapatero, que en 2009 amplió hasta 2059 la explotación de la central de Peares, cuyos permisos de 1948 renovaban otros de 1910. Esos 149 años de vigencia que alcanzará la planta gallega, propiedad de Gas Natural-Fenosa, duplican los 75 a los que el Reglamento del Dominio Público Hidráulico limita ahora, con el aval del Supremo, el plazo de gestión privada de una concesión de agua para producir electricidad. La explotación de la mayoría de las plantas que siguen operativas fue concedida a partir de la década de los 20 con plazos de validez de 50 a 75 años.

De hecho, el Estado únicamente ha cerrado la reversión de una central en toda España. Se trata de la planta de Pueyo de Jaca, en el Pirineo, donde la CHE genera electricidad con un coste inferior a un céntimo por kilowatio, diez veces por debajo de los máximos históricos que el polémico sistema de subasta marginal han arrojado en las últimas semanas.

Seis este año y 34 en los seis próximos

Este año caducan los permisos de seis de esas 800 centrales: Molino de Corveiras, Mazonovo y San Tirso en la demarcación hidrográfica del Cantábrico; Tobera, en la del Ebro; Castro-Cadelas y Castavdón, en la del Miño, y Cebolla, en la del Tajo, según una respuesta del Gobierno  al exsenador de IU Jesús Enrique Iglesias, que reseña cómo las de Barrosa y Urdiceto, en el Pirineo; El Torcido y Contreras, en el Júcar, y Enviande, en el Miño, lo hicieron en los tres anteriores.

Otras 34 lo harán antes de que termine 2023, lo que completa un paquete de 45 plantas entre cuyos propietarios destacan Iberdrola con ocho, Fenosa con cinco y Acciona con cuatro.

Sin embargo, el Gobierno de Rajoy, que tampoco ha mostrado interés en obligar a las compañías a cumplir la parte de los permisos que les obliga a entregar un 25% de su producción para usos sociales , se muestra reacio a exponer sus planes.

Lleva ocho meses de retraso en entregar al ejecutivo aragonés, que lo pidió por carta el 27 de mayo, el listado de las fechas de caducidad  de las 150 centrales hidroeléctricas de su territorio, cuya recuperación para el sector público conforme vayan venciendo aprobaron las Cortes autonómicas por unanimidad la pasada primavera. Para entonces llevaban tres meses sobre su mesa las preguntas que sobre el asunto de Lafortunada le había planteado en febrero el diputado oscense de Unidos Podemos, Jorge Luis.

“Recuperar la gestión pública”

Los morados han llevado de nuevo el tema al Congreso, donde han presentado una propuesta de resolución y una batería de preguntas.

La primera reclama una auditoría de los costes del sistema eléctrico y de los diferentes tipos de generación para establecer un nuevo sistema de precios, además de “recuperar la gestión pública de las centrales hidroeléctricas” a medida que vayan caducando sus concesiones como medio “para evitar un uso especulativo del agua” y para “garantizar que esta tecnología cumpla su función en la transición hacia un sistema eléctrico renovable”.

Con la segunda pretenden conocer, entre otros asuntos, la posición del ejecutivo ante “el beneficio obtenido por aquellas empresa explotadoras de saltos hidroeléctricos que han seguido generando beneficios de concesiones expiradas (algunas desde 2007)”, así como su postura ante la disyuntiva entre asumir su gestión o prorrogar explotación por empresas privadas.

El parque nuclear, obsoleto en doce años

También preguntan si, en opinión del Gobierno, “los ingresos de las centrales hidroeléctricas y nucleares en el mercado son razonables, teniendo en cuenta sus costes de generación”.

La siete nucleares que siguen operativas en España agotarán sus 40 años de vida útil en los próximos doce años. Todo apunta a que la senda la marcará  el futuro de Garoña, la primera en alcanzar esa edad y cuyos propietarios –Endesa e Iberdrola asociados en Nuclenor- esperan la decisión sobre una eventual prórroga pese a tener su reactor apagado  desde hace más de tres años.

Este asunto también se encuentra en punto muerto, aunque el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) retoma este miércoles las deliberaciones para decidir sobre la propuesta de Nuclenor para ampliar su funcionamiento catorce años, hasta 2031. Estaba previsto que emitiera en noviembre su dictamen sobre la reapertura, a la que el pasado otoño se oponía todo el arco parlamentario salvo el PP