ZARAGOZA.- El Gobierno ha eximido a Endesa de asumir un peaje de valor millonario y destino social en la cuenca del Ebro que las compañías eléctricas han eludido, con la complicidad del Estado, durante más de medio siglo.

La ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha decidido que el Gobierno no se pronuncie sobre el coste de la ‘energía reservada’ hasta que los tribunales dictaminen si las eléctricas deben entregar a la Administración, a precio de coste y para usos sociales, el 25% de la producción de los pantanos que explotan, tal y como recogen las concesiones de las centrales. Esa no decisión tiene como consecuencia práctica que Endesa, al carecer de una tasación, siga sin aportar esa electricidad que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) le reclamó en 2012. Y abre la puerta a un nuevo pleito de varios años de duración cuando finalice el primero.

La ‘energía reservada’ es una de las condiciones que recogían las concesiones administrativas a favor de las compañías para explotar las centrales hidroeléctricas de los embalses, cuya duración suele oscilar entre los 50 y los 75 años. En la cuenca del Ebro se dan dos situaciones: autorizaciones con el precio de entrega fijado, como ocurre en las instalaciones de Acciona, y permisos, como los de Mequinenza y Ribarroja, que solo establecen que la compañía debe suministrarla a cambio del coste de producción más una prima

Diferencias de hasta ocho veces en el cálculo de los costes

Así, Acciona, que se hizo con el grueso de las instalaciones de Endesa en la cuenca, debe entregar esa electricidad a cambio de 29,72 euros por megawatio.hora, más impuestos y desvíos. Mientras tanto, la CHE y Endesa mantienen una notable discrepancia sobre el coste de la energía en los embalses de Mequinenza y de Ribarroja: 8,27 y 9,06 euros por megawatio.hora, según el organismo de cuenca, y 53,48 y 73,26, según la tasación que la consultora Deloitte elaboró para la compañía eléctrica. A eso se suma que la Administración ha logrado generarla a menos de diez en la primera central del Pirineo cuya concesión ha revertido por vencer el plazo de explotación.

Mequinenza produce unos 800.000 megawatios al año, mientras Ribarroja supera los 750.000. Eso sitúa el volumen de ‘energía reservada’ en el entorno de los 390.000 y permite hacerse una idea de dinero que hay en juego en el pleito, tanto por las diferencias en la tasación –hasta 64,2 euros- como por el recorte del margen de beneficios de la compañía y de las distribuidoras: según Eurostat, los consumidores acaban pagando 237 como consecuencia del complejo y recargado sistema tarifario.

La CHE reclamó a Endesa y Acciona a primeros de 2012 que cumplieran esa cláusula de sus concesiones, comenzaran a entregar la ‘energía reservada’ y pagaran una factura de 28 millones por los atrasos. La mitad de ese dinero, que sí pagaron, ya ha sido destinado a financiar mejoras de infraestructuras y regadíos sociales, mientras las compañías recurrían la orden ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que rechazó suspender la entrega.

Endesa guarda silencio y Acciona empieza a entregar electricidad

Fuentes de Endesa, que declinaron hacer valoraciones sobre el contencioso, confirmaron que la empresa no ha comenzado a entregar la ‘energía reservada’ y que su suministro no podrá empezar hasta que el Gobierno, o los tribunales, establezcan un precio. Acciona, por su parte, sí ha comenzado a aportarla, aunque, por motivos técnicos como la necesidad de adecuar las conexiones, en un pequeño volumen que la CHE utiliza en sus infraestructuras.

“Lo más aconsejable es esperar a que el alto tribunal de Aragón se pronuncie antes de seguir tramitando los expedientes de reclamación”, señalaron fuentes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), que aseguraron que ese organismo es “el primer interesado en resolver este tema” por la “importante inyección para las arcas de las confederaciones hidrográficas afectadas” que supondría la entrega de la ‘energía reservada’.

“Nuestra postura, como no podía ser de otra forma, es respetar escrupulosamente la legalidad y la tramitación prevista en cada caso”, añadieron para justificar la paralización del expediente.

El Magrama desliza que puede cambiar las reglas del juego

No obstante, las mismas fuentes dibujan un escenario que, al final, puede conllevar sorpresas y hacer zozobrar la iniciativa de la CHE, el único organismo de cuenca que ha reclamado el cumplimiento de la parte social de las concesiones de las centrales.

En este sentido, señalaron que “el procedimiento reglado por la legislación de aguas para resolver esta situación requiere iniciar en cada concesión, de manera individual, un expediente de revisión, de la misma de forma que, mediante la aceptación final por parte del concesionario de las nuevas condiciones que se impongan, haga posible su explotación en el marco de la ley”. Es decir, que, tras dormir el expediente del precio, el equipo de la ministra Isabel García Tejerina se inclina por establecer nuevas normas central por central.

Las mismas fuentes llegan a poner en tela de juicio que las empresas que explotan las centrales de los pantanos puedan entregar electricidad al Estado. Para ello apelan a la obligación de separar los negocios de la generación y la distribución que estableció la Ley del Sector Eléctrico en 1997, tras acabar el proceso privatizador iniciado a finales de los años 80. “El panorama del sector hidroeléctrico ha cambiado” desde que entre principios del siglo XX y los años 60 fueron otorgadas las concesiones, indican desde el Magrama, para cuyos responsables esa segregación de los negocios “implicaba que las empresas concesionarias de los saltos perdieron la capacidad de distribuir la energía eléctrica a todos los ‘clientes’, incluso al Estado”.

No es la primera diferencia de calado que mantienen el Magrama y la CHE. Este último organismo abrió hace unos meses un expediente para tramitar la reversión al Estado de la central de Lafortunada, un salto pirenaico de 40 megawatios de potencia que diferentes empresas han explotado durante más de 75 años. El ministerio dejó caducar el trámite inicial en lugar de resolverlo en los 18 meses de los que dispuso para hacerlo.