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El Govern catalán no encuentra ningún banco que avale el fondo para el Tribunal de Cuentas

El PDeCat apostó por recurrir a bancos extranjeros -ante la negativa de los españoles- para poder lograr las cantidades exigidas para las fianzas de los exaltos cargos de la Generalitat.

Fachada del Tribunal de Cuentas. Foto de archivo.
Fachada del Tribunal de Cuentas. Foto de archivo. Europa Press

El conseller de Economía, Jaume Giró, ha admitido este martes que no han encontrado ninguna entidad financiera que haya aceptado avalar el fondo impulsado por la Generalitat para cubrir las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a 34 exaltos cargos por la acción exterior desempeñada entre 2011 y 2017, y ha anunciado que finalmente no recurrirá a que lo haga el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), tal y como estaba previsto.

"Persistiremos en las diferentes vías abiertas", ha subrayado en rueda de prensa posterior al Consell Executiu, después de que el Tribunal de Cuentas rechazara ampliar el plazo fijado para este miércoles para abonar dichas fianzas, que alcanzan los 5,4 millones de euros.

Bel asegura que esta operación no supone "ningún riesgo para las entidades"

En un primer momento, el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Ferran Bel, había apostado por recurrir a bancos extranjeros para poder lograr las cantidades millonarias que pide como fianzas el Tribunal de Cuentas a los exaltos cargos de la Generalitat investigados por el 'Diplocat', si las entidades españolas se niegan a avalarlas. En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Bel ha atribuido la negativa de bancos españoles a proporcionar ese dinero a la campaña en su contra que podrían lanzar algunas formaciones políticas si lo hicieran, pese a que esta operación no supone "ningún riesgo para las entidades".

A principios de julio, la Generalitat aprobó la creación de un Fondo Complementario de Riesgos gestionado por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), dotado con 10 millones de euros, que debía dar garantías a las entidades financieras para cubrir dichas fianzas y, en caso de que éstas se negaran a avalar, planteó hacerlo directamente a través del ICF; algo que ahora ha descartado para no poner "en peligro" a ningún trabajador público.

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