Un año de guerra soterrada por el poder en Indra estalla con la salida de seis consejeros en cuatro días

Indra, la empresa española especializada en tecnología y defensa, está viviendo unos días convulsos tras el cambio en la junta de accionistas y la posterior salida de cinco consejeros independientes el pasado jueves (cuatro fueron destituidos y a otro no se le renovó el mandato). A esas salidas, que ya provocaron el viernes pasado un desplome de sus acciones (cayeron casi un 15%) y mucha tensión en la cúpula de la empresa, se suma este lunes la dimisión de otra consejera.

Silvia Iranzo Gutiérrez ha comunicado por carta su decisión de dimitir irrevocablemente como consejera independiente de Indra con efectos desde el pasado 25 de junio, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En dicha carta Iranzo manifiesta que su dimisión viene motivada por su desacuerdo con los acuerdos adoptados por la junta general de accionistas de cese y no reelección de esos cinco consejeros independientes la semana pasada. Iranzo, que fue secretaria de Estado de Comercio en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, considera que las salidas no justificadas de sus compañeros rebajan el estándar de gobierno corporativo de la compañía en perjuicio de la mayoría de accionistas no representados en el consejo de administración de la empresa.

Esta dimisión es, de momento, el último episodio de un enfrentamiento que empezó a fraguarse en mayo de 2021. Entonces se desató una guerra (una guerra por el poder, como suele ocurrir en el mundo de la gran empresa) entre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), accionista mayoritaria de Indra, y los consejeros independientes tras la salida de uno de ellos del consejo de administración ante la intención de la entidad pública de iniciar una "nueva etapa" en Indra. 

Esa "nueva etapa" se consumó el pasado jueves cuando la SEPI, el grupo vasco SAPA Placencia (de la familia Aperribay; tercer accionista de la empresa) y el fondo Amber Capital (el máximo accionista del Grupo Prisa) tomaron el control del consejo de administración de Indra con nuevos nombramientos de consejeros. La SEPI ya había aumentado su representación en la empresa desde el 18,75% de las acciones hasta el 25%.

En la junta de accionistas, Amber Capital planteó con éxito el cese de cuatro consejeros críticos con el mayor control de la SEPI en el Consejo de Administración: Alberto Terol, Carmen Aquerreta, Enrique de Leiva y Ana de Pro. Los cuatro consejeros fueron cesados con el 53,06% de los votos a favor y el 46,93% en contra. Amber defendió los ceses para dar "una mayor cohesión y estabilidad" al órgano de gobierno.

Alberto Terol, vicepresidente y consejero coordinador hasta el jueves pasado y que había presentado su dimisión antes de la Junta al conocer las intenciones de Amber, tomó la palabra para rechazar el incremento de poder de la SEPI en Indra y el "atropello" que suponía, a su juicio, la destitución in extremis de consejeros para lograr ese mayor peso del Estado en la tecnológica.

Con la dimisión de Iranzo el consejo de administración diezmado, con tan solo dos consejeros independientes en su seno. Unos cambios que no han sido bien recibidos por los mercados: las acciones de Indra se desplomaron el viernes un 14,76% hasta los 8,63 euros, convirtiéndose así en el 'farolillo rojo' del Ibex. Tampoco la oposición está contenta: el PP ve en estos movimientos un burdo intento del Gobierno de controlar la empresa.

Las acusaciones del PP se cimentan en la postura de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que tampoco ha recibido con aplausos estos movimientos en Indra. Es más, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, calificó el pasado viernes de "llamativa" y "preocupante" la decisión de la SEPI y de sus aliados de cesar a cinco de los ocho consejeros independientes de Indra y favorecer así el control de la compañía por parte del holding público.

Versión de la empresa

La versión de la cúpula de la empresa, obviamente, está en las antípodas. El presidente, Marc Murtra, nombrado en mayo de 2021 cuando germinó la crisis entre los consejeros independientes y la SEPI, afirmó la semana pasada que el aumento de la representación de la SEPI en el capital de Indra sólo responde a lo que ya se está produciendo en Europa, sobre todo en el sector de la tecnología y la defensa: "Es una obviedad que todos los países quieren tener la mayor participación de sus empresas en los ámbitos de mayor valor añadido, como los sistemas", enfatizó el presidente la semana pasada.

Murtra, quien hasta ahora no tenía poder efectivo pero que tras los cambios y los nombramientos adoptados por la junta de accionistas el pasado jueves ha pasado a tenerlo, presume este mismo lunes en una entrevista en El País de la mejoría de la situación financiera de la empresa en el último año al tiempo que sostiene que la compañía se regirá "por criterios técnicos y profesionales sin interferencias ni sugerencias".

Asimismo, Murtra recuerda un detalle que puede tener algo que ver con los recientes movimientos en la empresa: España va a pasar de invertir un 1% del PIB en defensa a, previsiblemente, el 2%, en base a los compromisos alcanzados con la OTAN. Eso significaría entre 10.000 y 12.000 millones de euros más al año de gasto en defensa, e Indra quiere su parte del pastel.