La Iglesia Católica le cuesta al Estado 249 millones al año

@e_bayona

ZARAGOZA .- El mantenimiento de la Iglesia Católica le cuesta al Estado casi el doble que el de los partidos políticos y hasta seis veces más que el de los agentes sociales. Y más que la suma de ambos conceptos. Es uno de los peajes de los Acuerdos Jurídicos de 1979 entre España y la Santa Sede, que vuelven a ser cuestionados desde algunas instituciones.

Los datos de la Intervención General del Estado revelan cómo entre 2007 y 2013 las subvenciones y transferencias de la Administración central a la principal entidad religiosa que opera en el país ascendieron a 1.566 millones de euros (2,6 billones de las antiguas pesetas), mientras que la cuantía de los fondos destinados a los partidos políticos fue de 815 y la asignada a organizaciones sindicales y empresariales se quedó en 277.

Los fondos recibidos por la Iglesia Católica superan en la práctica las proporciones de dos a uno y de seis a uno con partidos y agentes sociales si se tienen en cuenta los 179 millones recibidos en ese periodo por un organismo autónomo, pero de dependencia diocesana, como es Cáritas, que eleva la cuantía total a 1.745 en siete años.

Esas cifras sitúan la aportación media del Estado a la Iglesia Católica en 249 millones por ejercicio —tuvo su pico en 2011, con una aportación estatal de 343, y el mínimo en 2007, con 152— mientras la de los partidos es de 116 y la de los agentes sociales, de 39,5.

Los 248 millones que recibió la Iglesia Católica en 2013, último ejercicio cuyas cuentas auditadas por los interventores estatales están disponibles, superan claramente, sin incluir los 25 de Cáritas, a las ayudas estatales a sectores en crisis como el naval, el pesquero y el agroalimentario, que sumaron 124. Y rebasan también el importe de las transferencias para financiar las labores de espionaje del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que recibe 204, los 157 del Consejo Superior de Deportes o los 237 de la Entidad Nacional de Seguros Agrarios (Enesa).

La proporción fue similar en el ejercicio anterior, el de 2012, en el que la Iglesia (160) y Cáritas (65) sumaron 225 millones.

Esa aportación económica es una consecuencia de la aplicación de los Acuerdos Jurídicos con la Santa Sede —coloquialmente conocidos como “el concordato” pese a no ser más que su revisión— que el Gobierno de UCD suscribió con Roma el 3 de enero de 1979, menos de una semana después de que el BOE publicara la Constitución que declaraba la aconfesionalidad del Estado.

Los acuerdos fueron cuatro: uno sobre asuntos jurídicos, que reconoce la autonomía de funcionamiento a la Iglesia y la personalidad civil a sus organismos; otro sobre enseñanza, que recoge la obligación de incluir la religión entre las “disciplinas fundamentales” de los planes de estudios y habilita a los obispos para designar a los maestros; uno más, sobre la presencia clerical en las Fuerzas Armadas, y, por último, el referente a los asuntos económicos, que calificaba “de especial importancia” la “revisión del sistema de aportación económica del Estado español a la Iglesia Católica”.

Este preveía que la aportación voluntaria de los contribuyentes vía casilla del IRPF sustituyera, tres años después de su entrada en vigor, como única vía de financiación a “la adecuada dotación a la Iglesia Católica” que, “con carácter global y único” y “actualizada anualmente”, el Gobierno de Adolfo Suárez acordó realizar vía Presupuestos Generales del Estado.

Sin embargo, el Estado sigue efectuando una cuantiosa aportación anual más de tres décadas después de que en diciembre de 1982 concluyera ese plazo, para cuyos tres ejercicios posteriores —de 1983 a 1986— contemplaba la posibilidad de aplicar un “proceso de sustitución” en el que los fondos estatales se redujeran en función de la recaudación vía IRPF.

El complejo sistema de subvenciones, ayudas, transferencias y exenciones de impuestos hace que entidades como Europa Laica cifren en 11.000 millones anuales el dinero que la Iglesia Católica recibe de los tres escalones de la Administración, el grueso de ellos en aportaciones autonómicas y municipales para centros de enseñanza y sanitarios, además de para conservar su patrimonio.

Esta particular relación jurídica y económica entre un Estado formalmente aconfesional y la principal confesión religiosa que opera en su territorio ha sido en muchas ocasiones objeto de críticas y de reclamaciones de revisión, a las que algunas instituciones aragonesas se han sumado recientemente y por vez primera.

Las Cortes autonómicas han aprobado, a propuesta de Podemos, con el apoyo de PSOE, Cha e IU, la abstención de Par y C’s y el único rechazo del PP, una resolución por la que reclaman al Gobierno central la derogación de los acuerdos jurídicos de 1979, “negociados en periodo preconstitucional” y “contrarios al carácter aconfesional del Estado español y a la Constitución Española”.

También solicitan que la asignatura de Religión, cuya regulación ha provocado fuertes tensiones en la comunidad en los últimos meses, “no tenga cabida dentro del sistema educativo español, en aras de avanzar hacia una educación moderna, científica, innovadora y de calidad”.

Por su parte, el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, en este caso mediante una iniciativa de Cha que obtuvo el apoyo de Zaragoza en Común (ZeC), PSOE y C’s y la única oposición del PP, ha acordado reclamar la revisión de la parte económica de esos acuerdos “al efecto de generar unas relaciones económicas entre el estado y la Santa Sede más equilibradas y acordes a la realidad actual”.

Esta segunda resolución tiene como objetivo eliminar la exención de IBI para los edificios propiedad de entidades de cualquier confesión religiosa, que le suponen al consistorio una merma de ingresos anual cercana a los tres millones de euros.

Esas bonificaciones —a las que se suman 2,2 millones de fundaciones, dos más de colegios religiosos y casi uno por los inmuebles de interés cultural hasta superar los nueve millones— tienen entre sus principales beneficiarios al arzobispado de Zaragoza, que se ahorra unos 600.000 euros anuales como propietario de 150 edificios exentos cuyo valor catastral ronda los 90 millones.

La resolución aboga también por modificar la Ley de Haciendas Locales para eliminar esos beneficios fiscales a las confesiones religiosas y por determinar, a nivel local, qué edificios cuyos propietarios están actualmente exentos de pagar el IBI podrían tener que hacerlo “por tratarse de bienes afectos a actividades económicas no exentas del Impuesto de Sociedades”.