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El impuesto global que estudia el G-7 obligaría a pagar 2.000 millones más a las multinacionales españolas

Los ministros de finanzas de las siete principales economías del planeta se reúnen este fin de semana en Londres para abordar el primer intento de armonización planetaria del Impuesto de Sociedades para atajar la elusión de las transnacionales y las tecnológicas, una iniciativa que expertos y analistas observan entre la esperanza y el escepticismo.

Esta será la primera cumbre del G-7 a la que Reino Unido acudirá completamente desligado de la UE. En la imagen, la canciller alemana, Angela Merkel, y el primer ministro británico, Boris Johnson, en una reunión en Berlín, en agosto de 2019.
Esta será la primera cumbre del G-7 a la que Reino Unido acudirá completamente desligado de la UE. En la imagen, la canciller alemana, Angela Merkel, y el primer ministro británico, Boris Johnson, en una reunión en Berlín, en agosto de 2019. EFE

Los señores del dinero y de la política concentran sus miradas en Londres, donde los ministros de Finanzas del G-7, el grupo informal que reúne a siete de las principales economías del planeta (EEUU, Canadá, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, sin China ni India), se reúnen de viernes a domingo en una cumbre previa a la de jefes de Estado de la próxima semana para hilvanar, o deshilachar, el aparente principio de acuerdo sobre la armonización global del Impuesto de Sociedades (el que grava los beneficios de las empresas).

Es una medida impulsada por el nuevo presidente estadounidense, Joe Biden, como instrumento para atajar la elusión y la desigualdad fiscales y en una iniciativa que, por su desarrollo inicial, expertos y analistas observan desde la esperanza y el escepticismo: ¿darán o se limitarán a amagar?

El debate, que discurre en paralelo a otra sobre una mayor vigilancia a las operaciones comerciales y financieras realizadas en paraísos fiscales o que transitan por ellas, algo a lo que no es precisamente ajena la gran empresa española, pretende establecer un tipo mínimo de ámbito planetario para el Impuesto de Sociedades.

La finalidad de una medida de este tipo consiste en eliminar las ventajas por baja tributación que algunos países ofrecen a las empresas que operan en varios territorios, caso de las tecnológicas pero también de las financieras, energéticas y constructoras, y que se acaban traduciendo en una pérdida de recaudación para la mayoría de los Estados en los que esas firmas hacen negocios y en un aumento para los que ofertan impuestos low cost.

En ese campo resultan paradigmáticas las normas fiscales de países como Holanda, donde solo España se deja mil millones de euros cada año, irlanda, que provoca una merma de 560 o Luxemburgo, que genera otra de 752, según las estimaciones de Oxfam.

Una aproximación a la elusión tributaria de las transnacionales

¿Cuánto dinero se lleva de las haciendas locales la elusión fiscal de las transnacionales? Obtener el dato exacto resulta imposible, ya que requiere determinar antes el volumen de negocio real (y total) y de movimientos económicos de esos gigantes, aunque entidades como Tax Observatiory, el grupo de análisis tributario que dirige Gabriel Zucman, dan algunas pistas.

Su reciente informe de Simulaciones para la UE del cobro del déficit tributario de las multinacionales cifra en 8.291 millones de euros y un 22% el aumento que experimentaría la factura fiscal de 16 de los principales emporios empresariales europeos con un Impuesto de Sociedades mínimo del 25%, una cifra que siendo mucho parece menos al lado de los 11.988 (y un 44%) de los 38 grandes bancos, dinero que iría a parar a las arcas de los Estados miembros de la UE: recogerían 84.700 millones donde ahora recauda 64.422 millones.

El estudio incluye a siete de los principales grupos empresariales españoles, una constructora, dos energéticas, una tecnológica y tres bancos cuya factura tributaria se dispararía en 2.222 millones de euros anuales con ese impuesto homogéneo sobre las ganancias con un tipo nominal del 25%.

Según esos cálculos, basados en sus declaraciones de 2019, pasarían a pagar en su conjunto 9.808 millones de euros donde ahora liquidan 7.586, con un incremento del 29,3%.

Los aumentos más acusados, o las mayores mermas de beneficios, serían los de Santander, que añadiría a 687 millones a los 3.219 actuales, Iberdrola (sumaría 488 a 803) y Telefónica (409 a 572), aunque el mayor crecimiento porcentual sería el de ACS, que triplicaría con creces sus costes impositivos al tener que sumar un desembolso de 217 al inicial de 60.

Ese mismo estudio cifra en 167.000 millones de euros la mejora anual de la recaudación en los países de la UE con un tipo generalizado del 25%, un volumen de dinero que caería a menos de la tercera parte (48.000) si la presión fiscal se viese reducida al 15%.

Cuando la ambición se oficializa conforme se desinfla

Eso, no obstante, son estimaciones sobre lo que ocurriría con la aplicación de un impuesto global que, obviamente, debería ser aprobado antes. Y eso es algo que, en todo caso, no ocurrirá este fin de semana sino, como muy pronto, a finales del próximo verano en el G-20 y/o la OCDE, que sí son foros con una capacidad normativa de la que carece el G-7.

En cualquier caso, sí parece fuera de duda que, ya sea en un sentido u en otro, lo que pueda ocurrir en las cumbres de Londres los dos próximos fines de semana tendrá una influencia clave en los posteriores desenlaces en el G-20 y la OCDE.

¿Y cómo están las cosas? En los prolegómenos de la cumbre de ministros de Finanzas, EEUU, que había comenzado proponiendo un impuesto global del 21% en abril, empezó a dar por bueno uno de "al menos el 15%" que Alemania, Francia e Italia consideran "una buena base" para cerrar un acuerdo que Reino Unido mira de reojo y sin pronunciarse, informó Reuters.

Días después, y según la misma agencia, los ministros manejaban un borrador que, sin cifras ni fórmulas concretas, hablaba de buscar un acuerdo "ambicioso" para "garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas" y un compromiso de "no retirar el apoyo" a las políticas de estímulo por la pandemia "demasiado pronto" y a "invertir para promover el crecimiento, crear empleos de alta calidad y abordar el cambio climático y las desigualdades".

Inconcreciones, escepticismos y esperanzas

"Da la sensación de que va a ser el parto de la montaña, del que solo salió un ratón", explica Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de Oxfam, que coincide con el economista Carlos Sánchez-Mato en destacar la falta de concreción de la iniciativa: ¿De qué porcentaje hablamos? ¿Sobre beneficios contables o sobre una base con deducciones? ¿Lo cobrará cada país por el negocio en su territorio o irá todo al de la matriz? Ninguna de esas lagunas ha sido resuelta ni aparece en el borrador.

Otra cosa es que una medida de ese tipo sea necesaria, acerca de lo cual hay pocas dudas. "La armonización fiscal sobre unos mínimos parece fundamental, ya que la competencia fiscal en ese ámbito resulta dañina para todos, pero mientras no haya una norma básica siempre habrá alguien que intente aprovecharse", señala Vicente Salas, catedrático de Economía de la Universidad de Zaragoza, que recuerda que "el daño a las finanzas públicas era previo a la pandemia: no hay proporcionalidad entre lo que se recauda en cada Estado y el negocio que cada empresa hace en ellos. Es una herencia histórica a la que hay que responder de una manera coordinada".

Los tres coinciden en la necesidad, y la oportunidad, de avanzar en ese terreno, aunque no tanto en las expectativas. "Estoy convencido de que va a ser un movimiento meramente cosmético", anota Sánchez Mato, que recuerda cómo en la misma UE en la que "elevar el umbral del impuesto sería relativamente sencillo" no se refuerzan los sistemas de colaboración para atajar la elusión.

En este sentido, resultan también sintomáticas las tensiones que provocaron, al menos con Donald Trump en la presidencia de EEUU, los intentos de España y de Francia de poner en marcha las tasas Google y Tobin, la recaudación de cualquiera de las cuales, por otra parte, sería superior a la que se derivaría de un Impuesto de Sociedades global del 15%: 700 millones de euros anuales, según las estimaciones de Tax Observatory, frente a los 1.200 y 850 que, respectivamente, estimaba el Gobierno PSOE-UP.

"Este impuesto ni siquiera resuelve el problema de las tecnológicas", anota Ruiz, que alerta del riesgo de que la herramienta pueda ser finalmente utilizada para aumentar la recuperación de beneficios en los países en los que las empresas tengan la matriz, algo para lo que la Administración Trump ha ido sentando las bases en los últimos años y para cuya modificación no ha movido ficha la de Biden.

"A EEUU le perjudica un impuesto de este tipo, porque supone que sus principales empresas tendrían que pagar más en otros países", destaca Sánchez Mato, mientras Ruiz llama la atención sobre cómo Biden da por bueno un tipo global del 15% cuando habla de subir al 28% en que se aplica en su país.

"Los gobiernos europeos, que temen la reacción de los paraísos fiscales pero no que no haya una solución que permita financiar la salida de la crisis, y Japón están presionando a la baja. Y por lo pronto ya han conseguido que Estados Unidos baje del 21% al 15%", añade Ruiz, para quien "es una trampa tener que decidir entre un acuerdo bajo o un no acuerdo que solo va a beneficiar a las tecnológicas".

Salas, por su parte, muestra confianza en el giro de Biden. "Lo que ha cambiado es que EEUU ha decidido modificar su postura en este tema, y no se trata de un jugador cualquiera sino que su posición es determinante", señala, al tiempo que muestra sus dudas sobre "si la UE dará el paso de manera decidida cuando le toque como tal" y cuál será la reacción de países como Irlanda y Holanda si el impuesto global sale finalmente adelante.

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