Las otras ayudas a la banca: 837.000 millones con garantía del Estado y 70.000 en impuestos que no se pagan

La banca española atraviesa una fase de turbulencias en la que las tensiones laborales por la enésima oleada de fusiones y recortes de empleo de la última década se añaden a las que generan el gripado del modelo de negocio, que ya solo funciona a base de cobrar comisiones a sus clientes, y el achique del mercado por el aumento de la competencia con la irrupción de las empresas tecnológicas, las bigtech y las fintech, en el ámbito financiero.

Sin embargo, los riesgos del sector bancario no son tantos en la práctica debido a su cada vez mayor dependencia del sector público, una realidad de magnitud multimillonaria, lejana a la idealización neoliberaloide con la que a menudo se observa su actividad y en la que el Estado, el mismo que en la anterior crisis ya cargó con un rescate oficialmente valorado en 73.261 millones de euros y que en la actual ha protegido más de 110.000 en créditos de dudoso cobro, parte de ellos en deudas de pymes y autónomos anteriores a la pandemia, asume una parte elevada de los riesgos.

El grueso del billón largo de depósitos que gestiona la banca española cuenta con garantía estatal desde que en octubre de 2008 el mínimo avalado se elevara de 20.000 a 100.000 euros por cliente y entidad, cantidades cuyo cobro asegura el Estado al titular en caso de quiebra.

¿Y cuánto dinero supone esa medida? Según las estimaciones del economista Carlos Sánchez Mato, 837.000 millones de euros, lo que supone más del 70% de los depósitos de particulares y empresas que custodia la banca española, que al cierre de 2020 y según los datos del Banco de España, se elevaban a 1,07 billones.

"El problema es que el Fondo de Garantía de Depósitos, que cobra a los bancos por garantizar esa cobertura una prima del 0,16%, claramente inferior a la que sería necesaria, tiene según su última memoria un capital de 3.000 millones para responder", explica.

De ahí que situaciones de aparente insolvencia como las de Bankia o Banco Popular no acabaran en concursos de acreedores sino en fusiones por absorción, con una nacionalización temporal en el primer caso y con un endose vertiginoso y a precio simbólico en el segundo, ante la magnitud que los daños que sus eventuales liquidaciones habrían causado en el Tesoro y en la cuenta de la deuda pública.

La importancia de los DTA en las cuentas de los bancos

En ambos episodios, como en general en todo el proceso de reestructuración del sector financiero español iniciado con la anterior crisis, resultó clave un concepto contable de escasa edad y notable impacto financiero: los DTA o activos fiscales diferidos (DTA, Deferred Tax Aseets, en inglés).

El término no era en realidad nuevo, aunque sí lo sería su configuración local a partir de 2013, cuando el Gobierno de Rajoy estableció que la banca, y ningún otro sector, podía añadir a los DTA de toda la vida, que son las bases negativas del Impuesto de Sociedades que se guardan para compensar las de los años de beneficios, otras anotaciones como las provisiones por créditos fallidos y por devaluación de activos, los gastos en prejubilaciones y las aportaciones a los planes de pensiones de sus plantillas.

Desde entonces, las entidades financieras disponen de 18 años para monetizar las cantidades que van anotando por esos conceptos con solo presentarlas como gastos, algo que rebaja el Impuesto de Sociedades y que suelen hacer en el pago fraccionado de octubre.

Esa operativa, que le reportó al sector unos ingresos de 1.333 millones de euros en 2019 y de 1.720 en 2020, según datos de la Agencia Tributaria, pasó a elevar las expectativas de negocio en la fusión de entidades, en las que la entidad absorbente se llevaba junto con el negocio de la absorbida también sus DTA.

Más de dos tercios de los DTA se concentran en tres entidades: Santander, BBVA y Caixabank

Los estados financieros que publican las patronales de la banca y de las antiguas cajas de ahorro, Aebanca y CECA, cifran en 70.934 los DTA que acumulan las entidades financieras del país, con más de dos tercios de esa cifra (51.968) concentrada en las tres principales: Santander, que acumula 19.245 (5.200 llegaron con el Popular); BBVA, que suma 15.326, y la nueva Caixabank, con más de 17.000 al sumar los 9.824 de Bankia a los 7.573 que ya tenía anotados.

Por debajo de ese escalón, Sabadell tiene con 6.644 un volumen intermedio y diferenciado de los bancos de menor tamaño, siempre con permiso de la inminente suma de Unicaja (2.833) y Liberbank (2.132), que superarán los 5.000.

"No queda claro que las fusiones sean imprescindibles"

Pese a esos puntales de origen público y a las inyecciones de dinero y ayudas indirectas que ha ido recibiendo, entre las que oficialmente no se incluyen algunas como el tipo de interés cero que el BCE (Banco Central Europeo) aplica al dinero que presta, la banca española sigue, pese a las fusiones y reestructuraciones, sin encontrar la tecla de la rentabilidad cuando ya se han cumplido 12 años de la intervención de Caja Castilla-La Mancha, la decisión del Banco de España que en marzo de 2012 abrió el proceso de reconversión del sector.

"Las soluciones del sistema no tienen que venir por las fusiones, sino por la racionalización. No queda claro que las fusiones sean imprescindibles para el ajuste del sistema", explica Julio Rodríguez López, expresidente del Banco Hipotecario y miembro de Economistas Frente a la crisis, que llama la atención sobre algunos aspectos de la última gran fusión, la de CaixaBank y Bankia.

Julio Rodríguez: "Las soluciones del sistema no tienen que venir por las fusiones, sino por la racionalización"

En algunos casos, anota, "la mejora de la rentabilidad iba a ser mucho menor que la que las entidades tenían por separado, y las operaciones de fusión requerían ajustes enormes para salir bien", mientras recuerda que en el caso de CaixaBank y Bankia "el Gobierno autorizó la fusión sin poner condiciones".

La propuesta inicial en este último proceso de suprimir 8.291 puestos de trabajo, 500 de los cuales serían externalizados a una filial segregada, equivale a más de la mitad de la plantilla de Bankia, de 15.000 integrantes, mientras para la fusión de Unicaja y Liberbank se habla de 2.000 despidos cuando las dos entidades suman por separado menos de 10.000. Las más de 7.000 salidas de los tres últimos EREs de Santander superan la mitad de los 12.300 empleos que absorbió con Popular.

Coincide con Sánchez Mato, para quien "los despidos en el sector bancario responden a la necesidad de mantener elevadas tasas de rentabilidad" cuando "el negocio no ofrece margen. Lo que buscan es una reducción de costes a base de reducir trabajadores y sucursales, aunque eso no va a bastar para alcanzar las expectativas de remuneración del 10% al capital", tanto a fondos como accionistas.

Los datos del Banco de España sobre la reestructuración del sistema financiero español dejan poco espacio para la duda sobre esas tendencias: desde 2014 han desaparecido 25 bancos y cajas y 13 establecimientos de crédito españoles y han dejado de operar doce entidades extranjeras, lo que ha supuesto la pérdida de 27.000 empleos (más de 100.000 desde 2008) y el cierre de casi 9.500 oficinas.

Bizum: 7 empleados y 15 millones de clientes

¿Y cómo ha llegado a esta situación la banca? No hay una respuesta, y mucho menos una sencilla, para esa pregunta. Aunque sí parece haber consenso en algunos aspectos.

"El capitalismo evoluciona de crisis en crisis. La acumulación de capital ha sido enorme en los últimos años, y obtener tasas de rentabilidad como las anteriores resulta imposible", señala Sánchez Mato, para quien "la covid marca el inicio de una nueva transformación del sistema que va más allá de la banca".

En este sentido, que empresas como Bizum gestionen quince millones de usuarios con solo siete empleados dan pistas acerca de por dónde pueden ir las cosas.

"Las crisis económicas profundas acaban siendo crisis financieras", afirma Rodríguez

La irrupción de las fintech, las empresas de finanzas tecnológicas, no es el único factor de desasosiego para el sector financiero. "Tienen bastantes incertidumbres: no está claro qué fuerza va a tener este año la recuperación, que parece que se atrasa; el margen de intermediación es muy bajo, ha habido moratorias de créditos, la política expansiva de bajos tipos de interés del BCE que parecía ir acabando se ha renovado con la pandemia y todo apunta a que cuando acaben los ERTE habrá un aumento de la morosidad que les obligará a efectuar nuevas provisiones", explica Rodríguez.

"Se están dando factores coyunturales y estructurales", apunta, al tiempo que advierte que "las crisis económicas profundas acaban siendo crisis financieras". Rodríguez, por último, apela a la "función social de la banca" y llama la atención sobre otro aspecto que se suma a las trabas para el acceso físico y/o virtual a los servicios bancarios que ya se da en las áreas rurales y en los estratos demográficos de mayor edad: "nadie habla de los problemas de exclusión financiera y de peor trato que pueden tener los clientes de las entidades como consecuencia de la concentración".