Las medidas del "escudo social" frente a la pandemia han servido para apuntalar la consistencia del sistema financiero español, una de las piezas clave del sistema económico pese a la languidez de su negocio en los últimos años, al sacar de su perímetro de riesgos más de 113.000 millones de euros en créditos de dudoso cobro gracias a los avales del ICO y a las moratorias hipotecarias, dos iniciativas destinadas a dotar de liquidez a las empresas en los primeros meses de la crisis sanitaria y a evitar una emergencia habitacional como la que se produjo tras el estallido de la burbuja inmobiliaria que han incluido un efecto secundario balsámico.

Esas medidas, junto con otras que han disparado sus reservas en forma de provisiones por la prohibición de repartir dividendos este año emitida por el BCE (Banco Central Europeo), que sí permitirá que repartan un 15% de las ganancias el año que viene, han resultado claves para garantizar la solvencia del sistema bancario español, que ha registrado dos hitos.

El primero de ellos ha sido un desconocido crecimiento del negocio la pasada primavera, cuando prestó 80.000 millones en apenas mes y medio, y el segundo, una caída de la morosidad a niveles que no se daban desde mediados de 2009, cercano al 4,5% del total de los préstamos por saldar.

En la segunda de esas consecuencias ha tenido mucho que ver el traspaso al Estado de los riesgos asociados a los créditos de 160.000 autónomos y pymes por un montante de más de 15.000 millones sobre un total de 20.000.

Un coste significativamente menor que no hacer nada

"Las administraciones han aprendido en parte de los errores de la anterior crisis", explica el economista Eduardo Garzón, que recuerda cómo la decisión de dejar caer a Lehman Brothers, entre otros bancos, "provocó un desastre".
Coincide en el diagnóstico con Santiago Carbó, director de estudios financieros de Funcas (Fundación de las Cajas de Ahorro), para quien ese sistema mixto de protección a familias y empresas que resulta beneficioso para el sistema financiero, diametralmente opuesto al aplicado en la anterior crisis con el costoso rescate de Mariano Rajoy y Luis de Guindos, "surge de dos grandes motivaciones y asunciones. La primera, que no se pueden repetir los errores de la anterior crisis, en la que el gasto público llegó tarde, sin apoyo europeo, sin coordinación y no siempre se aplicó bien. La segunda, que se espera que esta crisis dure lo que las vacunas permitan, por lo que hay un recorrido temporal más acotado que permite acometer un gasto importante temporalmente".

Ese gasto, en el que se incluyen los avales del ICO, la financiación de los ERTE y el cese de actividad de los autónomos y la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital como medidas principales, supone "un gasto importante, aunque se asume que significativamente menor que el coste de no haber hecho nada. Lo importante para que esta estrategia se cierre con relativo éxito es que el gasto pendiente, incluidos los fondos Next Generation de la UE, se aplique bien como parte de una estrategia nacional de modernización, digitalización y sostenibilidad", añade Carbó.

La banca asume el riesgo de menos de la cuarta parte del crédito

No obstante, el coste de los avales del ICO, con los que el Estado pasa a afianzar entre un 60% y un 80% de los créditos concedidos a empresas y autónomos, está por determinar, a la espera de conocer el ritmo de devolución por parte de los avalados.

Los últimos datos del Ministerio de Asuntos Económicos cifran en 85.079 millones de euros los 918.673 avales concedidos, que han movilizado 111.975 en créditos, lo que reduce el riesgo bancario no garantizado por el Estado a 26.896, menos de la cuarta parte.

El grueso de esas cifras se corresponde con los 78.289 millones de euros en créditos vehiculados a través de 901.218 préstamos para pymes y autónomos, de los que el Estado avala 62.576 millones, casi el 80%.

En el caso de las moratorias hipotecarias el coste es cero. Consisten en la suspensión temporal del pago de los créditos para adquirir viviendas, y en menor medida locales afectos a actividades económicas, a la que se han acogido 426.445 autónomos y asalariados que tenían pendiente de devolver 28.730 millones.

"Así logran paralizar el riesgo y evitan que les estalle"

"Los bancos han sido inteligentes y han optado por congelar esos créditos en plazos de hasta un año mediante acuerdos con sus clientes", con periodos más amplios de los que contempla la moratoria legislativa del Gobierno, indica Garzón, que anota que "así consiguen paralizar el riesgo y evitar que les estalle"; por un lado, al verse obligados a provisionar el grueso del valor de los créditos dudosos, y, por otro, al eludir otra ‘indigestión’ de ladrillo como la de la anterior crisis.

Tanto los avales como la moratoria, añade, "les permiten evitar un problema de solvencia", mientras las inyecciones de liquidez del BCE les facilitan el otro flanco de estabilidad. "Todo eso les está salvando de tener problemas ahora y por mucho tiempo", señala.

Carbó, por su parte, enmarca las moratorias en el "efecto aprendizaje" de la anterior crisis. "Son medidas temporales con sentido común ante un shock tan duro y seco como es el del coronavirus" y cuyo objetivo principal consiste en que "los hogares puedan puentear su deuda sin caer en impagos permanentes si se puede propiciar una recuperación más o menos temprana". No obstante, considera que "estas medidas tienen que tener un marco temporal limitado para que los incentivos no se perviertan".

"Los avales del ICO han funcionado notablemente bien", anota el director de estudios financieros de Funcas, con un "riesgo compartido entre los prestamistas (los bancos) y el Estado a través del ICO", cuya garantía pública "hace que el efecto potencial en la morosidad bancaria sea menor".

Cuando lo público salva a lo privado

Carbó, que sostiene que, "en todo caso, los flujos de financiación deben seguir activos y, sobre todo, centrarse en las empresas viables con problemas transitorios de tesorería", llama la atención sobre otro aspecto como "la necesidad de apoyos al capital, a la solvencia", que en España "comienza a ser acuciante en comparación con otros países europeos que han acometido un mayor esfuerzo en este sentido".

La gestión de esa línea recae en el Ministerio de Hacienda, que ha habilitado un fondo de 10.000 millones de euros gestionado a través de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) para apoyar a empresas estratégicas mediante la concesión de préstamos participativos, la adquisición de deuda subordinada y la suscripción de acciones, y cuya primera, y hasta ahora única, operación ha sido la concesión de una ayuda de 475 millones de euros a Air Europa, 240 a través de un préstamo participativo (convertible en acciones en caso de impago) y otros 235 mediante un crédito ordinario.

En cualquier caso, la pandemia ha vuelto a cuestionar tanto la credibilidad de los discursos neoliberales y antiestatalistas, que comenzaron a tambalearse con la "gran recesión" a partir de 2008, como la viabilidad práctica de sus recetas teóricas.

"Estamos viviendo una situación excepcional en la que sin lo público todo se habría desmoronado", indica Garzón, firme defensor de herramientas como la banca pública: "Los bancos tienen una total dependencia del BCE, y hacen negocios privados con apoyo público. Lo normal es que fueran públicos. Cuando lo privado no ha podido operar, ha ido lo público a salvarlo".