Ayuso se niega a dar la factura del hotel de lujo de Sarasola pese a que lo prometió en el debate electoral

Isabel Díaz Ayuso se comprometió con Pablo Iglesias a mostrar la factura de lo que le costó su estancia en las suites de lujo hotel del empresario Kike Sarasola durante la primera ola de la pandemia. Lo hizo en el debate electoral de Telemadrid después de que el candidato de Unidas Podemos le dijera que a él no le paga el famoso empresario "un hotel de lujo". Ayuso contestó muy segura: "Le enseño la factura cuando quiera". Sin embargo, una semana después de que la presidenta se comprometiera a ello, no hay rastro de la factura. Pablo Iglesias y su equipo tampoco han visto el documento, según confirman a este medio.

Público realizó una petición de información al Portal de Transparencia dirigida a la Consejería de la Presidencia al día siguiente del debate electoral, el 22 de abril. En menos de una semana, el equipo de Ayuso ya ha rechazado dar la factura. "En relación al importe del alojamiento al que se refiere, no supone coste alguno para la Administración Pública. Dicha información forma parte del ámbito privado de Dña. Isabel Díaz Ayuso", contesta en la resolución de respuesta a la petición que está firmada por Miguel Ángel Rodríguez Bajón, el jefe de Gabinete de la presidenta.

Casi un año después no hay rastro de la factura que Ayuso dice que pagó a Sarasola

La estancia de Ayuso en la suite (o suites) de lujo en el hotel de Sarasola fue una de las grandes polémicas de la presidenta de la Comunidad de Madrid durante la primera ola. La revista Vanity Fair reveló que Ayuso vivía en el Skyline BeMate el 12 de mayo. El traslado se produjo cuando se confirmó que estaba contagiada por la covid-19 y desde allí realizó multitud de conexiones televisivas y videoconferencias durante más de dos de meses sin que esto se conociera. Movió allí todos los elementos técnicos e informáticos necesarios, además de una bandera de España, otra de la Comunidad de Madrid y una fotografía suya saludando al rey Felipe VI.

En un primer momento, la Comunidad de Madrid aseguró que esta estancia no había "generado ningún coste para las arcas públicas" sin detallar si Ayuso pagó por el apartamento o se trató de un regalo. Por la tarde, la autonomía salió afirmando que Ayuso asumía el coste. Posteriormente, Room Mate Group dijo que la presidenta pagaba un importe reducido de 80 euros por noche por dos suites "al tratarse de un uso del apartamento en larga estancia" cuando cada apartamento está valorado en 200 euros. Sin embargo, El País desveló que, mientras que la presidenta disfrutó de un 60% de descuento por larga estancia, el resto de clientes solo tenía un 10% de rebaja.

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Según recoge el código ético de los altos cargos de la Comunidad de Madrid, estos "no podrán aceptar, en consideración a su cargo, ningún tipo de regalo o beneficio de cualquier naturaleza, salvo las muestras de cortesía habitual". Por esto, Unidas Podemos llegó a presentar una denuncia contra Ayuso y pidió que fuera suspendida como diputada por supuestamente aceptar "regalos". 

El PP desde un principio dijo que esto pertenece a la esfera privada de la dirigente aunque la propia Ayuso fue la que defendió que se había trasladado para tener un "espacio digno" para trabajar "como presidenta". Pero la polémica no se quedó ahí porque a las confusas versiones se sumaron los contratos de la Comunidad de Madrid con Room Mate.

Sarasola, como otros empresarios, puso públicamente a disposición del Gobierno de Ayuso los establecimientos que gestiona para su uso como "hoteles medicalizados". Para esto se firmó un contrato que fue manipulado hasta en cuatro ocasiones: en el Portal de Contratación se publicaron cuatro versiones distintas, con el mismo número de expediente. La polémica llegó a provocar la destitución del Secretario General Técnico de la Consejería de Políticas Sociales, Miguel Ángel Jiménez.

Así, casi un año después de una gran polémica que no se ha resuelto y que conllevó hasta destituciones, aún no hay rastro de la factura que Ayuso dice que pagó a Sarasola. Tampoco hay ninguna aclaración del coste total ni ningún documento que acredite que la presidenta se hizo cargo de la factura ni de que no recibió un trato de favor.

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