Desde hace casi dos meses la presidenta de la Comunidad de Madrid , Isabel Díaz Ayuso, vive en una suite de lujo situado frente al templo de Debod, el Skyline BeMate, y valorada en 200 euros al día, lo que supondría un coste mensual de 6.000 euros. 

Según ha revelado la revista Vanity Fair este lunes, la propiedad pertenece a la empresa de Kike Sarasola, Room Mate, que tiene varios establecimientos en la capital. Ayuso instaló allí su despacho oficial cuando se confirmó que estaba contagiada por la covid-19, pero hasta ahora nadie conocía este apartamento, ya que desde el Ejecutivo autonómico no habían ofrecido información alguna. 

Díaz Ayusó trasladó a la suite todos los elementos técnicos e informáticos necesarios, además de una bandera de España, otra de la Comunidad de Madrid y una fotografía suya saludando al rey Felipe VI, para sus conexiones televisivas y videoconferencias. 

Situado en la octava planta del edificio, el apartamento de lujo de Ayuso tiene dos terrazas con unas vistas excepcionales al Palacio Real, la Casa de Campo y al Parque del Oeste, destaca la revista. La publicación también apunta a que la suite tiene unos  88 metros cuadrados, dispone de un dormitorio con baño propio y vestidor y de un amplio salón comedor con la cocina integrada. 

¿Quién paga el actual domicilio de Díaz Ayuso?

En un primer momento, la Comunidad de Madrid aseguró que la suite de lujo "no ha generado ningún coste para las arcas públicas" sin detallar si Ayuso pagaba por el apartamento o se trata de un regalo. Sin embargo, la autonomía ha dado otra versión esta tarde, en la que asegura que es Ayuso quien asume el coste de su actual domicilio. Además, Room Mate Group afirma que Ayuso pagará un importe reducido de 80 euros por noche "al tratarse de un uso del apartamento en larga estancia". La empresa asegura que la presidenta de la Comunidad de Madrid "necesitaba un lugar óptimo para la gestión de la crisis durante la situación excepcional".

Según recoge el código ético de los altos cargos de la Comunidad de Madrid, estos "no podrán aceptar, en consideración a su cargo, ningún tipo de regalo o beneficio de cualquier naturaleza, salvo las muestras de cortesía habitual". Ir contra esta norma del manual de conducta, es motivo de dimisión de los dirigentes, según la normativa aprobada hace cuatro años por el PP. 

En caso de que se trate de una invitación, los responsables de fiscalizar si los altos cargos cumplen con el código ético son los subordinados de Ayuso. La valoración del cumplimiento de las normas compete, según lo establecido en el manual, al "Secretario General Técnico de la Consejería de Presidencia, Justicia" y a la "Portavocía del Gobierno que remitirá un informe de evaluación a la Comisión de Viceconsejeros y Secretarios Generales Técnicos, la cual lo elevará, si se estima conveniente, al Consejo de Gobierno".