Del alcalde de Móstoles al ex DAO: por qué los protocolos antiacoso acaban haciendo agua

"En este caso, lo que hace el aparato de la fratría, el aparato patriarcal, es asustar a la víctima filtrando su identidad y llevándola a un temor tan grande que requiere escolta. Debemos preguntarnos... ¿de quién se está protegiendo? ¿De quién tiene miedo?". Este viernes, la periodista y colaboradora de Público Cristina Fallarás hacía esta reflexión durante una intervención en Canal Red. La activista feminista valoraba así el hecho de que el Ministerio del Interior haya puesto protección a la mujer que denunció por agresión sexual al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González. 

La exdelegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, ya advertía a mediados de esta semana desde su cuenta de X que incluso por parte de algunos medios de comunicación se estaban dando datos que permitían "identificar a la víctima, cuando ella y su abogado han pedido secreto: su destino anterior, actual y municipio de domicilio". Rosell recordaba que "revelar datos que permitan identificarla, directa o indirectamente, es incumplir las leyes". 

Así lo establece el artículo 14 de la ley contra la violencia de género: "Los medios de comunicación fomentarán la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombre y mujer, evitando toda discriminación entre ellos. La difusión de informaciones relativas a la violencia sobre la mujer garantizará, con la correspondiente objetividad informativa, la defensa de los derechos humanos, la libertad y dignidad de las mujeres víctimas de violencia y de sus hijos". Además, el artículo 10 de la ley del solo sí es sí también se refiere a la "formación del personal de los medios de comunicación con el fin de capacitarlo para informar sobre las violencias sexuales con objetividad, sin estereotipos de género, con pleno respeto a la dignidad de las víctimas y su derecho a la libertad, el honor, la intimidad, la propia imagen y la protección de datos".

Jorge Piedrafita, abogado de la denunciante, ha afirmado en el programa Al Rojo Vivo que su clienta está siendo objeto de una intensa campaña de hostigamiento, una "auténtica cacería". Según ha explicado, está recibiendo llamadas y mensajes, además de la difusión de rumores, falsedades y ataques a su credibilidad.  "Está todo dirigido a dañarla y desacreditarla lo máximo posible antes de la declaración judicial", lamentaba. 

Y no es la primera vez. Se ha visto una situación similar a lo largo de este último año, tras interponer la denuncia contra Íñigo Errejón, Elisa Mouliaá. Ocurrió también con la víctima de La Manada, a quien incluso un detective persiguió para fiscalizar su vida tras sobrevivir a la agresión que sufrió en 2016. Es una constante en la vida de las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia machista: el foco y todas las miradas se posan sobre ellas. Sucedió igual con la denunciante del exalcalde de Cervo Alfonso Villares (PP), cuyo nombre empezó a circular como la pólvora en todas las noticias. 

¿Quién protege a las víctimas? La mayoría de ellas no denuncia y, conscientes de ello, se supone que una de las herramientas que se han creado para atender este tipo de casos son los famosos protocolos antiacoso, que son obligatorios para todas las empresas desde 2022. Pero, ¿funcionan?

Para responder a esta cuestión, habría que empezar preguntando a mujeres como la denunciante del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), que antes de presentar una querella por acoso sexual y laboral -además de los delitos contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos- intentó denunciar internamente. Tal y como ha explicado su letrado, "la omisión -primero- y el fracaso -después- de los mecanismos internos de protección y la ausencia de respuesta institucional por parte del Partido Popular", la obligaron a buscar amparo directo en la vía penal, "que intentó evitar inicialmente". Ello explica que la querella se dirija también contra el PP como persona jurídica. Del mismo modo, sería interesante escuchar a las mujeres que denunciaron por la vía interna al excargo de Moncloa y Ferraz, Paco Salazar. El propio PSOE reconoció en un comunicado interno que no estuvo "a la altura" y que no había "arropado" lo suficiente a las denunciantes.

La complicidad del entorno ha dejado de ser impune desde la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí. "Antes, si una empresa tenía un conocimiento, sabía de un caso de acoso sexual o se había activado un protocolo y no había tomado medidas, había una responsabilidad civil. Ahora hay responsabilidad penal", explica en conversación con Público Bárbara Tardón, feminista y experta en violencia sexual. No en vano, el Ministerio del Interior ha abierto una investigación interna para aclarar si la mano derecha del ex DAO pudo tratar de disuadir a la víctima. Es decir, de encubrir al acusado. Investigación que quizá en los próximos días se verá ampliada, después de conocerse que otras mujeres se han puesto en contacto con el abogado de la denunciante apuntando a altos miembros de la cúpula policial. 

Por el momento, el ministro Fernando Grande-Marlaska, ha establecido un "canal de comunicación" directo con la víctima del ex DAO, tal y como ha detallado su letrado. Una actuación que difiere de Judith Piquet (PP), alcaldesa de Alcalá de Henares, donde dos mujeres han denunciado al actual comisario de la Policía Municipal por violencia doméstica y de género y por maltrato familiar. El ayuntamiento, sin embargo, ha asegurado que no tomará ninguna medida "hasta que no haya una sentencia judicial firme".

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Falta de contenidos realmente feministas

La directora de la Fundación ASAPACIA, Virginia Gil, recuerda en declaraciones para Público que el hecho de que "la formación en materia de violencia contra las mujeres está contemplada formalmente en diversos planes y programas (...) no equivale a una transformación cultural ni a una concienciación profunda". 

Desde una lectura feminista, señala Gil, "se deben destacar tres límites estructurales": el primero, que "muchos cursos se limitan a introducir conceptos básicos o a cumplir con obligaciones legales, sin abordar las especificidades del sexismo, los mitos sobre violencia sexual ni las dinámicas de poder que atraviesan estas violencias". El segundo, que "las formaciones no siempre confrontan directamente las creencias y prejuicios sobre las mujeres y las agresiones sexuales, lo cual evidencia que la concienciación no está suficientemente instalada". Y, el tercero, que "pocas iniciativas cuentan con sistemas evaluativos rigurosos que midan el impacto real de las mismas, que evalúen cambios reales en la atención a supervivientes y cambios a nivel interno de los cuerpos policiales".

En el caso de entornos como el de la Policía Nacional, cuya propia estructura organizativa está fuertemente marcada "por jerarquías rígidas, una cultura de obediencia y una lógica militarizada o autoritaria", esas tres dimensiones se evidencian todavía más. "Por ejemplo, existe un miedo real a las represalias, lo que lleva al silenciamiento. Esto es común en contextos jerárquicos, puesto que las consecuencias profesionales sobre las víctimas pueden ser devastadoras (aislamiento, sanciones, estancamiento en la carrera) si cuestionan o denuncian a superiores o compañeros", incide Gil. 

"Asimismo, como ocurre en otros espacios de la sociedad, el reconocimiento de la violencia sexual no siempre se interpreta como una cuestión estructural, sino como un 'problema individual' o un 'error aislado'. Esta mirada dificulta la apertura hacia cambios sistémicos y genera ambientes donde se minimizan o encubren prácticas dañinas y violentas", añade. A eso se suma la tendencia "a proteger a las instituciones y su reputación por encima de la protección de las personas. Esta lógica refuerza la autocensura y la desconfianza hacia los mecanismos de denuncia".

La "credibilidad" de la Policía, "muy tocada"

Una visión que comparten dentro del cuerpo. La organización Policías Antifascistas, recientemente creada, valora que no conviene limitarse "al tan habitual mensaje instaurado de un simple cesto 'manzanas podridas'". "Operamos desde un complejo sistema social, el capitalista, que además se sustenta desde tiempos inmemoriales en la división patriarcal de la sociedad (...) No acudir a la raíz de los problemas nos llevará a repetir los mismos errores una y otra vez, entre espléndidos discursos y los perfectos principios rectores de los ordenamientos jurídicos del tan ejemplar y democrático orden occidental", critica la asociación.

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Consideran, en declaraciones para Público, que el escándalo destapado esta semana en torno al ex DAO ha dejado "muy tocada la credibilidad de las supuestas bondades de la propia institución, dando cuenta claramente de ese fallo estructural al que nos referimos". "Como organización de carácter radicalmente democrático, somos conscientes de que este tipo de situaciones, cuando se producen, responden en el fondo a la existencia de una distribución estructural del poder eminentemente patriarcal, cuyos caracteres permean en todas las instituciones del Estado y, como no podría ser de otra manera, también en las propias fuerzas y cuerpos de seguridad", señalan. 

Opinan que "el ejercicio de ese poder contra las mujeres, junto a la existencia de una cultura de la tolerancia en las propias organizaciones, son un campo abonado para la proliferación de conductas que pueden considerarse acoso dentro del ámbito laboral. No es casual que casi en la totalidad de los casos en los que este tipo de situaciones se dan a conocer, e incluso saltan al candelero mediático, se produzcan sobre mujeres".

Primero, la prevención. Después, el protocolo

Bárbara Tardón, investigadora y exasesora en el Ministerio de Igualdad bajo la dirección de Irene Montero, advierte de que el debate público sobre los protocolos contra el acoso suele centrarse en su activación cuando el daño ya está hecho, pero rara vez en su diseño y su función preventiva. A su juicio, ese enfoque responde a un modelo "muy tradicional" que ha quedado desfasado respecto a los cambios legislativos y sociales de los últimos años. 

Para Tardón, la clave está en cómo se elaboran esos instrumentos. "Los protocolos no pueden ser corta-y-pega que respondan a un único modelo", afirma. Cada organización, insiste, requiere un diagnóstico previo de su entorno, sus dinámicas internas y su estructura de poder. "Los protocolos se tienen que adaptar a los espacios y a las lógicas de relación institucionales que existen en cada lugar", señala, porque no es comparable -ejemplifica- un organismo de la Administración General del Estado con una ONG o una pequeña entidad.

Esa adaptación resulta especialmente relevante en estructuras jerárquicas, donde las condiciones para denunciar o activar mecanismos internos pueden estar más condicionadas. Incluso la propia activación -que sobre el papel puede parecer sencilla- depende de la existencia de vías de entrada reales, accesibles y seguras para la víctima. "Cuando lo lees en un protocolo la vía de activación es súper sencilla", dice, pero en la práctica todo depende de cómo se haya diseñado y de si la organización lo ha trabajado de forma efectiva.

Lejos de cuestionar su utilidad, Tardón se declara "una gran defensora de los protocolos", aunque insiste en que deben concebirse ante todo como herramientas preventivas. "El protocolo tiene que concebirse como un instrumento que sensibilice y que prevea antes de que se produzca la agresión o el acoso", explica.

En su opinión, cuando esa dimensión preventiva falla, los protocolos terminan funcionando como medidas de urgencia. "No dejan de ser instrumentos casi paliativos, como cuando vamos al médico", afirma. Solo cuando una organización se toma en serio esa prevención -añade- puede construirse una cultura interna de tolerancia cero, basada en acciones continuadas durante todo el año para identificar y frenar situaciones de violencia antes de que escalen.

Esa labor incluye información y sensibilización, tanto para el conjunto del personal como para las propias víctimas. Tardón advierte de que muchas mujeres no identifican el acoso en sus fases iniciales, en parte porque suele manifestarse de forma progresiva y ambigua. "El acoso es muy sibilino a veces" y tiende a escalar, señala, hasta que la persona afectada se encuentra atrapada en una dinámica difícil de romper o de denunciar.

Por ello, considera imprescindible que los protocolos contemplen mecanismos de detección temprana y canales seguros para comunicar situaciones preocupantes incluso antes de que exista una denuncia formal. Entre esos mecanismos, destaca la necesidad de disponer de buzones anónimos y canales confidenciales diferenciados, tal como ya prevé la normativa europea, para recibir consultas, alertas o información sobre posibles casos. Y también otro canal que permita a una víctima revelar lo que sucede y solicitar que se detenga la situación con garantías.

Tardón insiste en la importancia de comités especializados formados por personal capacitado y de confianza, con formación específica en perspectiva de género y violencia sexual. "No vale cualquier persona en ese comité", advierte.

Otro elemento que considera a menudo insuficientemente desarrollado es el acompañamiento integral a la víctima. Revelar una situación de acoso o violencia implica un fuerte impacto emocional, psicológico y social, por lo que los protocolos deben prever medidas cautelares y apoyo especializado, ya sea dentro de la organización o mediante la coordinación con recursos externos.

Incluso los mejores instrumentos pueden fracasar si no existen garantías reales de confidencialidad y seguridad. "Podemos tener la mejor ley del mundo, pero si no se aplica…", señala, estableciendo un paralelismo con el ámbito jurídico. Tardón, por eso, insiste en el papel fundamental de la intervención de la Inspección de Trabajo que, a su juicio, suele ser "insuficiente" por "falta de medios".