Venezuela aprueba una ley de amnistía a la sombra de Washington que acelera el fin del aislamiento diplomático
La ley aprobada este jueves permitirá la excarcelación de presos políticos cuyos delitos hayan sido cometidos entre 2002 y 2025.
La amnistía no amparará a presos que hayan colaborado en acciones armadas contra el gobierno.
La Ley de Amnistía de Venezuela ya es una realidad. En tiempo récord, tras el anuncio sorpresivo que la presidenta encargada Delcy Rodríguez realizó el pasado 30 de enero en cadena nacional, la Asamblea Nacional ha aprobado por unanimidad un texto que posibilitará la liberación de cientos de presos políticos y que marca un punto de inflexión en la convulsa política venezolana posterior a la captura de Nicolás Maduro. La norma, denominada oficialmente Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, fue sancionada este jueves 19 de febrero tras dos horas de sesión plenaria y anunciada públicamente esa misma noche por Rodríguez en el Palacio de Miraflores, flanqueada por su hermano Jorge Rodríguez y por el ministro del Interior, Diosdado Cabello. Las tres figuras centrales del chavismo que gobiernan Venezuela desde el 3 de enero.
El texto, compuesto por 16 artículos, concede amnistía general y plena a personas procesadas o condenadas por delitos o faltas cometidos en el marco de distintos episodios de confrontación política entre 2002 y 2025. La ley cubre específicamente los hechos vinculados al golpe de Estado y el paro petrolero de 2002-2003; las protestas conocidas como "las Guarimbas" de 2014 y 2017; los eventos de enero a abril de 2019 ligados a la proclamación de Juan Guaidó; los procesos internos de selección de candidatos presidenciales en 2023; los enfrentamientos derivados de las elecciones presidenciales de julio de 2024; y los incidentes asociados a los comicios regionales de 2025. Además, ordena a los órganos policiales y militares la eliminación de registros y antecedentes de los beneficiarios y crea una comisión especial de seguimiento, integrada por 23 diputados —chavistas y opositores—, presidida por el excanciller Jorge Arreaza, una de las figuras oficialistas más mediatas en esta nueva etapa, y con la opositora Nora Bracho como vicepresidenta.
El trámite ha sido vertiginoso. Desde el de Rodríguez hasta su aprobación, han transcurrido apenas veinte días; un tiempo insólito para una legislación de este calado en un país donde el diálogo político ha estado bloqueado durante décadas. La amnistía es la cúspide de un paquete de reformas que incluye la apertura petrolera, la reapertura de la embajada estadounidense y una agenda de cooperación con Washington.
Su impacto inmediato, sin embargo, está por calibrarse. Según la organización no gubernamental Foro Penal, más de 600 personas permanecen encarceladas por motivos políticos en Venezuela. Hasta la fecha, se han registrado más de 400 excarcelaciones desde que el gobierno interino anunció a finales de enero la liberación de un "número importante" de detenidos. La promulgación de la ley abre la puerta a nuevas liberaciones en las próximas semanas, aunque su alcance real dependerá del funcionamiento de la comisión especial de seguimiento.
Una ley histórica, pero con sombras
La aprobación unánime no oculta las tensiones que acompañaron el trámite legislativo. El debate fue suspendido el pasado 12 de febrero ante la falta de acuerdo sobre el artículo 7, que regulaba quién podía acogerse a la amnistía. La discordia giraba en torno a los “exiliados políticos”; una figura que permitiría el retorno, libre de causas legales, de figuras como María Corina Machado, Leopoldo López o Edmundo González Urrutia. Una decena de mujeres, familiares de presos, iniciaron una huelga de hambre el 14 de febrero frente a los calabozos de la Zona 7 de la Policía Nacional en Caracas, en una protesta que se extendió casi seis días hasta la aprobación de la norma.
El texto definitivo incluye una modificación que permite a quienes se encuentren fuera del territorio venezolano ponerse a disposición de la justicia a través de un representante legal, un matiz relevante que abre la puerta a que puedan beneficiarse de la medida de gracia.
Sin embargo, el artículo 9 establece exclusiones que varios sectores de la oposición han denunciado como un “bloqueo político”: quedan fuera quienes hayan sido procesados o condenados por "promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial" de Venezuela con apoyo de actores extranjeros. Una redacción sujeta a interpretación que, en la práctica, podría ser utilizada para excluir a dirigentes opositores que apoyaron sanciones internacionales o respaldaron la agresión militar estadounidense.
"Ojalá que esa actitud y esa disposición que hemos demostrado sea auspicio de un nuevo tiempo político que debe transitar el país", proclamó desde su atril el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, quien insistió en que la norma busca "restañar las heridas derivadas de los hechos de violencia política". Poco después, en la ceremonia de promulgación, Delcy Rodríguez declaró que "hay que saber pedir perdón y hay que saber recibir perdón", calificando la ley como "un acto de grandeza y de desprendimiento".
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La sombra de Washington, cada vez más alargada
La velocidad de la política venezolana se ha vuelto difícil de seguir. El mismo día en que la Asamblea Nacional aprobaba la amnistía, aún se digerían las imágenes de la víspera: el general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos —el mismo mando que ejecutó la operación del 3 de enero—, recorría Caracas acompañado del subsecretario de Defensa interino para Asuntos del Hemisferio Occidental, Joseph M. Humire, y de la encargada de negocios estadounidense, Laura Dogu. La visita, que no había sido anunciada previamente, se realizó el miércoles 18 de febrero e incluyó un encuentro directo con Delcy Rodríguez, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello.
Según los comunicados oficiales de ambas partes, las conversaciones se centraron en el diseño de una agenda de cooperación bilateral en materia de lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y la gestión migratoria. El Comando Sur calificó las reuniones como "productivas" y reiteró el compromiso estadounidense con una "Venezuela libre, segura y próspera".
El tono medido y educado del chavismo, contrasta con el lenguaje inflamado que hace pocas semanas empleaba el propio Cabello contra el despliegue naval ordenado por Donald Trump: "¿Creen que nos van a doblegar por el miedo? No saben de qué estamos hechos. Prepárense para una lucha armada", aseguraba en diciembre.
Las fotografías difundidas por la propia delegación estadounidense mostraron a Donovan reuniéndose con miembros de la denominada Fuerza Conjunta desplegada en las instalaciones de la embajada de Estados Unidos en Caracas, reabierta apenas unas semanas antes tras siete años de cierre. En las imágenes publicadas por la cuenta oficial de la embajada en X se observa a efectivos militares estadounidenses en suelo venezolano custodiando las instalaciones diplomáticas con armas largas. O dicho de otra forma, efectivos militares estadounidenses con armamento sofisticado en pleno suelo venezolano.
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La visita de Donovan se suma a una cadena de desplazamientos de altos funcionarios estadounidenses que no tiene precedentes en la relación bilateral de las últimas dos décadas. Una semana antes, el secretario de Energía, Chris Wright, había pasado varios días en Venezuela visitando campos petroleros y firmando un acuerdo energético de largo plazo con Rodríguez cuyos detalles aún no se han hecho públicos. Previamente, el director de la CIA, John Ratcliffe, realizó una visita discreta. Cada escalón que sube la delegación estadounidense marca, de facto, la profundidad de la tutela que Washington ejerce sobre el proceso venezolano.
España pide levantar las sanciones europeas a Delcy Rodríguez
El deshielo no se limita al eje Washington-Caracas. A pocas horas de la promulgación de la amnistía, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, anunció desde Barcelona que España pedirá formalmente a la Unión Europea el levantamiento de las sanciones que pesan sobre Delcy Rodríguez. "Las sanciones nunca son un fin, son un medio para que se produzca este diálogo amplio, pacífico y democrático en Venezuela. Si se están dando pasos hacia ello, la UE tiene que darlos también", declaró Albares, que tiene previsto llevar la petición al Consejo de Asuntos Exteriores del próximo lunes.
Una petición que entronca con una práctica no escrita —aunque consolidada— de excluir de sus listas de sanciones individuales a presidentes y ministros de Asuntos Exteriores de los países afectados, con el propósito explícito de preservar canales de diálogo abiertos. En virtud de esa política, Nicolás Maduro nunca fue sancionado por Bruselas, pero si lo fue Delcy Rodríguez en 2018. Aquella inclusión generó el episodio conocido como el "Delcygate" en enero de 2020, cuando Rodríguez aterrizó en el aeropuerto de Barajas pese a tener prohibida la entrada al espacio Schengen, lo que obligó al entonces ministro José Luis Ábalos a reunirse con ella en la zona de tránsito.
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Si bien los gestos con Estados Unidos han sido los más visibles, la Unión Europea también está protagonizando un acercamiento significativo al gobierno de Rodríguez. Apenas una semana después del ataque del 3 de enero, el canciller venezolano Yván Gil —exEncargado de Negocionos ante la UE— se reunió con los embajadores de la Unión Europea, Reino Unido y Suiza en Caracas. Gil describió el encuentro como "franco, cordial y ameno" y aseguró que ambas partes coincidieron en "avanzar en una etapa de relacionamiento productivo". Desde entonces, la actividad diplomática europea en Caracas se ha intensificado con buenas palabras por parte del club comunitario y gestos concretos como la decisión de Italia de elevar su nivel de representación al acreditar un nuevo embajador, Giovanni Umberto De Vito, tras años en los que solo mantenía un encargado de negocios.
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