Venezuela da facilidades a EEUU para explotar su petróleo pero las empresas del sector se resisten todavía a invertir
El Gobierno interino de Delcy Rodríguez da un paso clave con la reforma de la Ley de Hidrocarburos, una apertura diseñada para calmar los deseos petroleros de Trump y atraer inversión extranjera.
Sin embargo, esa apertura legal choca con el hecho de que las sanciones estadounidenses que él mismo consolidó durante sus dos gobiernos siguen vigentes y disuaden a las grandes petroleras occidentales de invertir o regresar al país.
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A tres semanas del ataque estadounidense contra Venezuela y del secuestro de Nicolás Maduro, el Gobierno interino de Delcy Rodríguez da un paso clave con la reforma de la Ley de Hidrocarburos, una apertura legal diseñada para calmar los deseos petroleros de Trump y atraer inversión extranjera hacia el castigado sector petrolero venezolano, debilitado tras años de sanciones, corrupción y desinversión. La reforma, impulsada tras el ataque de EEUU, se produce tras la afirmación que el propio Trump realizó asegurando que "las autoridades interinas en Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos", dejando explícita su ambición de controlar el crudo venezolano como recurso estratégico.
Sin embargo, esa apertura legal choca con el hecho de que las sanciones estadounidenses que él mismo consolidó durante sus dos gobiernos siguen vigentes y disuaden a las grandes petroleras occidentales de invertir o regresar al país, limitando el impacto inmediato de la reforma en la producción y dejando a la entrada de capital internacional en un limbo jurídico y financiero que hasta ahora solo ha permitido participación muy restringida bajo licencias especiales.
Rodríguez cumple poco más de dos semanas en el poder moviéndose con inteligencia para conjugar el delicado equilibrio entre mantener cohesionada a la cúpula del chavismo y adoptar acciones pragmáticas que satisfagan a Estados Unidos tras la captura de Maduro.
Reforma de la ley petrolera
El 22 de enero de 2026, la Asamblea Nacional —elegida en mayo de 2025 y con una amplia mayoría del chavismo— aprobó en primera discusión una reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, una iniciativa que no estaba en la agenda antes del 3 de enero y que fue anunciada formalmente por Rodríguez hace apenas diez días.
La norma original, aprobada en 2001 durante el primer gobierno de Hugo Chávez, consolidó el control estatal sobre el sector y limitó severamente la participación privada. Ahora, bajo el argumento de "actualizar" el marco legal, el Ejecutivo busca adaptar la legislación a esquemas contractuales más flexibles, reducir trabas internas y permitir que empresas extranjeras puedan volver a operar en el petróleo venezolano tal y como presionan desde la Casa Blanca.
En el proceso, debatido y aprobado en tiempo récord, fue clave Jorge Rodríguez –hermano de Delcy y presidente de la Asamblea Nacional–, quien no solo dirigió el trámite legislativo, sino que ha ganado peso mediático en las últimas semanas apelando a la unidad y la disciplina interna; afirmando que "Venezuela tiene una industria petrolera de pie" y advirtiendo de que no tolerará que "los corruptos intenten robarse los reales" de la producción.
El nuevo texto legal permite que empresas privadas, tanto locales como domiciliadas en Venezuela, exploren, produzcan y comercialicen petróleo bajo contratos con el Estado; brindando autonomía operativa incluso a socios minoritarios en empresas mixtas, y eliminando la obligatoriedad de que todas las actividades primarias pasen exclusivamente por PDVSA, la petrolera estatal venezolana. Además, facilita la apertura de cuentas bancarias en cualquier moneda y jurisdicción y flexibiliza el régimen fiscal rebajando impuestos y regalías. La reforma también añade mecanismos de mediación y arbitraje independientes para dirimir disputas contractuales. Medidas todas ellas concebidas para mejorar la seguridad jurídica y atraer capital extranjero tras los llamados de Trump.
Antes del ataque estadounidense del 3 de enero de 2026, Venezuela producía cerca de un millón de barriles por día, cifra que, aunque representa una recuperación significativa respecto a los mínimos de años anteriores, sigue muy por debajo de los niveles máximos históricos que llegaron a situarse en más de tres millones y medio por día. El petróleo sigue siendo el principal sostén de la economía venezolana aportando aproximadamente un 25% del Producto Interno Bruto (PIB) y alrededor del 80% de las exportaciones del país.
Las sanciones impuestas por EEUU frustran la ambición de Trump
El movimiento, sin embargo, está lejos de despejar todas las incógnitas. Aunque la reforma elimina obstáculos internos y envía una señal de apertura para empresas privadas y extranjeras, las sanciones estadounidenses continúan condicionando de manera decisiva la llegada real de grandes compañías internacionales.
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En la actualidad, la mayoría de las grandes petroleras occidentales permanecen fuera del mercado venezolano o con una presencia muy restringida. De los gigantes estadounidenses, solo Chevron cuenta con una licencia especial emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) que le permite producir y exportar petróleo venezolano bajo condiciones muy estrictas, limitado siempre a proyectos que ya poseía y sin facultad para iniciar nuevos desarrollos o aumentar producción.
Precisamente, las sanciones estadounidenses impuestas desde la década pasada para presionar al Gobierno venezolano —que incluyen la prohibición de operar con PDVSA y congelación de activos y sanciones secundarias para cualquier empresa extranjera que haga negocios con el país— siguen siendo un obstáculo decisivo para la apertura del sector petrolero. Aunque la reforma de la Ley de Hidrocarburos busca flexibilizar los contratos y atraer inversión extranjera, las restricciones legales impuestas por los sucesivos gobiernos estadounidenses impiden que nuevas compañías entren al mercado venezolano.
El propio The New York Times llevaba a sus páginas un análisis que afirmaba que las medidas adoptadas todos estos años contra el chavismo y su economía dificultan las expectativas petroleras de la Casa Blanca. "Con estrictas restricciones comerciales aún en vigor, a las empresas les puede resultar difícil incluso evaluar qué oportunidades existen para ellas en la nación sudamericana", asegura el medio.
Pese a que la administración de Trump ha declarado su interés en reactivar la industria con capital foráneo, las sanciones que él mismo consolidó continúan bloqueando la llegada de inversión internacional significativa y reducen de manera inmediata el impacto de la reforma sobre la producción y la capacidad del país de atraer nuevos socios extranjeros.
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