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Hacienda deja de ingresar 45.000 millones al año al no lograr controlar a los grandes defraudadores

La falta de personal y de medios materiales dificulta la persecución de los fraudes realizados mediante tinglados societarios, especialmente los de empresas y patrimonios con ramificaciones en el extranjero, mientras la ausencia de una normativa internacional frente a la elusión facilita la fuga de fondos a otros territorios.

Agencia tributaria
Agentes de Vigilancia Aduanera del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria.

Hasta 45.000 millones de euros deja de ingresar cada año la Agencia Tributaria al no conseguir atajar la actividad de los grandes defraudadores fiscales, un agujero cuyos mayores volúmenes se concentran en los grandes tinglados societarios mientras el enroque de los países beneficiados impide adoptar medidas a nivel internacional para evitar la elusión fiscal y para poner coto a las fugas tributarias de las multinacionales digitales.

La cifra sale del cruce de otras dos: los 15.000 millones de euros en los que se sitúa el volumen de fraude fiscal que detecta el fisco cada año, cuyo récord quedó establecido en 15.714 en 2019 a falta de conocer los resultados de 2020, se restan de los 60.000 en los que cifran el escaqueo tributario organizaciones como Gestha, el sindicato de los técnicos de Hacienda, o las investigaciones de transparencia tributaria de la oenegé Oxfam -Intermón.

El informe La ilusión fiscal, elaborado en 2015 por la oenegé, destaca "el alto nivel de fraude fiscal" que se da en España, "estimado en unos 59.500 millones de euros, de los que el 72% proviene de grandes empresas y grandes fortunas".

Oxfam-Intermón señala al impuesto de Sociedades como el principal foco de defraudación, mientras Gestha destaca que esas conductas generan al mismo tiempo un boquete de 31.000 millones de euros en cotizaciones impagadas a la Seguridad Social.

“Hay un problema legal de ámbito mundial”

¿Y cómo es posible que existan bolsas de fraude de ese volumen? Carlos Cruzado, presidente de Gestha, que también señala al Impuesto de Sociedades como "el gran agujero, sobre todo para las compañías transnacionales, que utilizan todos los mecanismos a su alcance para reducir al mínimo su tributación", apunta como causa principal a la falta de efectivos por los recortes de plantilla de la pasada década tanto entre los inspectores como entre los técnicos de gestión, a lo que ahora se suma el envejecimiento de una plantilla cuya media de edad supera los 50 años, junto con un reparto de competencias entre esos dos grupos que en ocasiones genera ‘cuellos de botella’ en las investigaciones.

"El fraude burdo, el de ocultar las ganancias sin más en operaciones casi no existe", explican fuentes de la Agencia Tributaria, que añaden que, paralelamente, "muchas veces el gran fraude se considera elusión", que son los tinglados societarios y financieros que permiten a las empresas transnacionales eludir el pago de impuestos sin delinquir a base de localizar los beneficios en paraísos fiscales o Estados de baja tributación.

Luis del Amo, secretario técnico del Consejo General de Economistas, que cuestiona la validez de las estimaciones sobre el fraude fiscal y la economía sumergida por la dificultad de calcular su impacto real en las arcas públicas, coincide en apreciar la existencia de "un problema legal a nivel mundial" con la elusión de las transnacionales y con la tributación de las plataformas digitales ante el que, "al haber intereses contrapuestos entre los países nadie le pone el cascabel al gato".

Los posicionamientos en el debate global sobre la elusión de EEUU, donde se encuentran las sedes de varios de esos gigantes, o los de Irlanda y Holanda, beneficiarios fiscales de sus actividades, en el ámbito europeo, avalan esa tesis.

"El problema del fraude se concentra en el Impuesto de Sociedades, que no está concebido para esta sociedad global y digital", apunta Cruzado, que añade que "siempre hablamos de voluntad política. Para luchar contra el gran fraude hace falta un mecanismo global, pero ahí vemos que las cosas van muy lentas", más allá de los pasos hacia delante de países como Francia y España, que han creado sus propias figuras tributarias pese a las amenazas comerciales de EEUU, o de las iniciativas nonatas de la UE y la OCDE. "La elusión está a veces separada del fraude por una fina línea que hace muy difícil diferenciarlas", añade.

"La lupa se desplaza hacia los grandes patrimonios y empresas"

El Plan Anual de Control Tributario y Aduanero, publicado este martes en el BOE y que no afecta a cuestiones como los bonus de los inspectores, que en realidad son un plus de productividad con condiciones objetivadas, incluye algunas directrices para atacar esas vías de fraude, caso del control sobre los "nuevos modelos de negocio altamente digitalizados" que operan en el país o el uso de herramientas de big data para investigar  "la titularidad y la capacidad de gestión de grandes patrimonios, especialmente cuando una parte de los mismos pueda estar ubicada en el exterior, o está amparada por el uso de figuras societarias interpuestas que favorecen la opacidad de rentas y patrimonios".

El plan también incluye actuaciones de supervisión en ámbitos como el creciente comercio electrónico o la utilización de las criptomonedas como medio de pago en el ámbito de la economía digital.

"En España no se hacen inspecciones aleatorias, sino en función del riesgo de fraude, y esos riesgos prioritarios se seleccionan en el Plan de Control, que indica por dónde va a ir la selección de contribuyentes para ser inspeccionados", indican fuentes de la Agencia Tributaria.

Cruzado, por su parte, destaca que "las directrices comenzaron a cambiar el año pasado para desplazar la lupa hacia los grandes patrimonios y empresas, aunque hay problemas para cumplirlas".

La necesidad de eliminar los paraísos fiscales

Entre otros, el que ha quedado planteado con el exilio tributario de los youtubers que, como antes hicieron deportistas y artistas en ese y en otros países, han trasladado su domicilio fiscal a Andorra.

"Han puesto sobre la mesa la necesidad de eliminar los paraísos fiscales y, en el caso de España, también de definir de manera objetiva qué se considera un 'tipo impositivo considerablemente reducido' frente a los de aquí", explica Cruzado, para tratar como tal, o no, al territorio en cuestión al margen de que mantenga o no el secreto bancario.

Del Amo, por su parte, añade un matiz al debate. "Una cosa es detectar el fraude y otra localizar el dinero -explica-. Las alarmas saltan, pero sigue habiendo refugios seguros para el dinero; no para hacer operaciones pero sí para guardarlo".

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