MADRID.-  El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha citado a declarar como investigados para el próximo 20 de junio al representante legal de la auditora Deloitte y a su socio y auditor de Bankia y su matriz Banco Financiero y de Ahorros (BFA), Francisco Celma, en la causa en la que se investiga la fusión y salida a Bolsa de la entidad en julio de 2011.

En una providencia el juez responde de ese modo a la petición efectuada por la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) y el colectivo 15MpaRato, que solicitaban el interrogatorio como investigados de Celma y la auditora al considerarles "responsables directos" del "masivo fraude" perpetrado en el debut bursátil. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 ya le tomó declaración en febrero de 2013 como testigo, una condición que le obligaba a decir verdad y le privaba de estar acompañado de su abogado de confianza.

La CIC solicitó esta diligencia después de que los peritos judiciales hayan ratificado que la operación de salida a Bolsa fue un "fraude" y al entender que la compañía auditora y su socio son "directamente" responsables de que cientos de miles de inversores concurrieran a la Oferta Pública de Suscripción de Acciones (OPS) sobre la base de unas cuentas que no reflejaban la imagen fiel de la sociedad, a pesar de que tenían información más que suficiente para saber que los estados financieros aprobados y publicitados contenían "importantes errores contables".

La acusación popular considera que Deloitte es responsable de haber avalado las cuentas reformuladas en mayo de 2012, que también tenían "errores contables" y que los peritos Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras calificaron en su dictamen complementario de "inexplicables, sorprendentes y contrarias a la normativa nacional e internacional".

La CIC añade que ni Celma ni Deloitte han dado una explicación "mínimamente convincente" sobre su negativa a emitir el informe de auditoría de las cuentas formuladas por BFA-Bankia en marzo 2012 en el plazo legal establecido en abril de 2012.

Deloitte insiste en que hizo correctamente su trabajo en Bankia y lo demostrará en el procedimiento

Por su parte, la auditora Deloitte ha insistido en que realizó su trabajo en Bankia correctamente y que ello quedará demostrado en el procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional. Fuentes de la firma han señalado que el socio y auditor de Bankia, Francisco Celma, ya prestó declaración ante el juez, aunque como testigo, el 20 de febrero de 2013, cuando aseguró que en marzo del año anterior ya advirtió a la dirección de Bankia de que existían "dudas razonables sobre la viabilidad futura del grupo" y que, a su juicio, el plan de capitalización que aprobó el Banco de España en abril tampoco garantizaba su solvencia, informaron fuentes jurídicas presentes en la declaración.

El testigo, que permaneció declarando durante más de cinco horas, defendió que la auditora fue avisando puntualmente de la situación en que se encontraba el grupo financiero, lo que contradice tanto la versión aportada por Rato como por el resto de exconsejeros de la entidad, que apuntaron que sólo se realizaron objeciones a la situación del Banco Financiero de Ahorros (BFA).

En el marco de la causa, abierta tras las querellas presentadas en junio de 2012 por el colectivo '15mpaRato' y UPyD (que se ha retirado del caso), los peritos judiciales Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras, adscritos al Banco de España, ratificaron el pasado 12 de enero los informes en los que apuntaban que el grupo, conformado en diciembre de 2010 por siete cajas de ahorro, presentaba pérdidas desde dos años antes, y la entidad salió a Bolsa sin ofrecer su "imagen fiel" a los inversores institucionales y a los accionistas minoritarios.

En julio de 2012, Andreu imputó al exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo Rato, a una treintena de antiguos miembros del Consejo de Administración, así como a Bankia y BFA en calidad de personas jurídicas por indicios de delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.