FarmaindustriaLaboratorios y médicos harán públicas las ayudas y contraprestaciones económicas

Los laboratorios farmacéuticos de Farmaindustria estarán obligados, a partir del 30 de junio, a recoger en sus webs los listados de los médicos que reciban prestaciones económicas de la empresa. De esta manera, los ciudadanos podrán estar informados de la formación, investigación o prestación de servicios que estos realicen a diferentes organizaciones y profesionales sanitarios. 

Por su parte, las sociedades científicas médicas, al igual que las compañías que cumplen con el Código de Buenas Prácticas de la Industria Farmacéutica desde 2016, detallarán en sus páginas webs la información relacionada con cualquier contraprestación económica que reciban por los actos patrocinados. Además, identificarán a los profesionales del sector que hayan contado con ayudas económicas de la industria para participar en los mismos. 

Por otro lado, Farmaindustria ha suscrito un acuerdo con la Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas (Facme) para garantizar que todas las ayudas de la industria farmacéutica se inviertan en formación médica. Las sociedades científicas asociadas a Facme y las compañías trabajarán para garantizar la publicación de estos apoyos económicos.

En el caso de que una de las jornadas tenga el apoyo de diferentes compañías, los laboratorios y las sociedades asegurarán la inexistencia de una relación entre el médico que reciba la ayuda en formación y el patrocinador, quien tampoco podrá intervenir en la selección de los participantes. Si la sociedad científica no acepta dichas condiciones, los laboratorios no podrán mantener esta relación de formación con la entidad.

Con la aprobación de este acuerdo, que debe someterse a la aprobación de la próxima Asamblea General de Farmaindustria, España finalizará el proceso de autorregulación que la convertiría en el primer país que publica las ayudas económicas que destinan las farmacéuticas a la formación sanitaria. 

La iniciativa de transparencia farmacéutica comenzó en Europa en 2013 y cuenta con el apoyo de la Comisión Nacional de los Mercados, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Competencia o la Fundación Transparencia Internacional España.